Por esas razones, la empresa Velotax que operaba hasta hace pocos días con rutas de buses desde y hacia esta población no ofrece el servicio normalmente, afectando la movilidad de la comunidad, alimentos y artículos, que tienen que quedarse represados o transbordados en camperos ante las fallas del tramo y las amenazas.

Según los afectados, en la localidad desde hace varios meses personas, al parecer, de grupos delincuenciales ordenan que no circulen más los buses, exigencias que por lo general las imparten en el despacho de Playarrica y desde allí les avisan.

“Las intimidaciones suceden porque no pagamos aportes o lo que llaman las vacunas. Entonces ordenan que cierren las agencias por uno o dos días. Una vez la orden fue por ocho días”, indicaron los ciudadanos.

De otro lado, el secretario de Gobierno de San Antonio, Jorge Iván Vásquez, recalcó que la empresa transportadora sí ha sido objeto de extorsiones por grupos al margen de la ley.

“El año pasado hubo una denuncia por este delito, este año no han denunciado y sería bueno que si hay nuevas amenazas las dieran a conocer. Las amenazas fueron denunciadas a la Defensoría del Pueblo porque nos decían que si circulábamos dañaban los buses o los quemaban tal como sucedió en anteriores oportunidades”, sostuvo el funcionario.

Añadió que ante las intimidaciones durante las pasadas elecciones los buses no prestaron servicio.

La empresa tenía cinco rutas asignadas por día desde y hacia la capital del Tolima. Ahora la gente ante los posibles peligros y los daños en la vía para movilizarse deben tomar un carro campero hasta el sector conocido como Zanja Honda, allí hacen transbordo a otro carro que lo trae a Ibagué.

“La Gobernación del Tolima poco nos ayuda. Hace mucho tiempo les avisamos de los daños en la carretera, de las amenazas y el panorama no cambia, San Antonio está incomunicado”, sostuvo un conductor de la empresa en la Terminal de Transportes de Ibagué.