Dichas redes estarían integradas por 17 militares activos, 15 en retiro y 2 especialistas externos y un civil al servicio de la Fuerza quienes son señalados de incurrir en tráfico de conceptos médicos falsos que permitían el reconocimiento e incremento de pensiones por invalidez e indemnizaciones fraudulentas. 

Según las investigaciones, estos sujetos cobraban 20 millones de pesos por cada trámite para la obtención de certificados de altos índices de discapacidad, que permitieran mayor reconocimiento de indemnizaciones, y 40 millones de pesos por obtener altas pensiones. 

Las personas que estarían cometiendo los actos ilegales fueron capturadas en Bogotá, San Vicente del Caguán, Puerto Berrio, Neiva, Ibagué, Yopal y Medellín y ahora tendrán que responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica, prevaricato por acción y omisión, y peculado. 

El comando del Ejército que condenó estos hechos reiteró que no tolerará ningún caso de corrupción donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes, por lo que tomarán medidas más drásticas anticorrupción y aplicar reformas profundas al sistema de salud, para garantizar servicios oportunos de buena calidad y sobre todo en la legalidad. 

Las medidas 

Para intentar frenar este tipo de delitos, se dispuso la adopción de varias medidas entre las que están: 

• Mayores controles a los conceptos médicos. 

• Se incrementarán las auditorias en todos los centros de salud militar. 

• Se capacitará a los jefes de dispensario y personal de control interno. 

• Reducción del déficit fiscal, mediante la implementación de medidas de controles en todos los niveles para un mejor servicio.