Según la investigación, la banda habría sobornado a personas en gran parte del país, incluyendo Tolima, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Valle del Cauca y Bogotá.

Tenían inteligencia

De acuerdo con el ente acusador, la estrategia empleada por este grupo delictivo consistía en hacer inteligencia para conocer a las posibles víctimas y, luego de conocer perfectamente a las personas, llamaban desde el interior de la cárcel, haciéndose pasar por policías.

“Desde la penintenciaría los presuntos integrantes de la red llamaban a las víctimas y las engañaban diciéndoles que a cambio de una exigencia económica no iban a judicializar a sus familiares”, explicó el vicefiscal General, Jorge Perdomo.

La estructura estaría conformada por 66 personas, de las que 13 están recluidas en el penal de la capital del Tolima.

Según el vicefiscal Perdomo, los 13 presos recluidos en Picaleña eran quienes lideraban las actividades extorsivas y pedían apoyo logístico de otros particulares, como familiares, para reclamar el dinero consignado por las víctimas.

Uno de los casos más sonados en la investigación fue el de una mujer de 70 años, que le pagó 72 millones de pesos a la banda.