COLPRENSA

La Corte confirmó los argumentos esgrimidos por el Tribunal Superior de Ibagué que en julio de 2015 lo encontró responsable por los delitos de homicidio simple, favorecimiento y falsedad ideológica en documento público junto con 15 uniformados más.

Los hechos se remontan al 19 de diciembre de 2006 cuando el capitán Camargo reseñó la existencia de un supuesto grupo emergente de las autodefensas, conocido como ‘Pijao’, compuesto por 12 personas que supuestamente se dedicaban a extorsionar a los habitantes de la vereda El Totumo por lo que desplegó una supuesta operación en su contra.

Lo cierto es que al día siguiente, en el kilómetro 5 de la vía que conduce de Ibagué a Rovira, sector El Totumo, fueron interceptados Armel Ramírez Lozano, Alexánder Jaramillo Quitora, Jeison Méndez Zorro, Rubén Fernando Sánchez Morales y Dorancé Enciso Molina, quienes fueron cercados y asesinados, en hechos que luego fueron alterados “para simular un enfrentamiento que justificara su proceder”.

Al estudiar un recurso de casación, la Corte desechó los argumentos de la defensa de los uniformados por considerar que no había lugar a revocar la sentencia condenatoria y reafirmó que se falseó la documentación oficial sobre la operación.

“En el caso concreto, de manera dolosa el enjuiciado plasmó información que no consultaba con la realidad a fin de ejecutar un plan criminal de mayor envergadura, como era el homicidio contra las personas que bajo engaño concurrieron al sitio donde el 20 de diciembre se simuló una operación táctica por miembros de la Fuerza Pública”, dijo la Corte.

Igualmente, la Corte ratificó la pena de 13 años de prisión impuestas al teniente William Eduardo López Pico, los cabos segundos Albeiro Buitrago Murcia y Darwin Humberto Medina Quiroga, los soldados profesionales Silverio Camargo Camargo, Elder Antonio Barreto Sapa, José Enrique Váquiro Moreno, Gregorio Capera Conde, Mario Pirazán Vanegas, José Luis Pérez Otálvaro, Carlos Augusto Acevedo Ramírez, Luis Antonio Silva, José Never González, Hugo López Melo, Renet Max Devia y Henry Rangel.

La Corte reiteró que hubo un plan para abatir a los supuestos delincuentes en un punto determinado de la carretera que conduce de Ibagué a El Totumo, en curso de una operación militar planeada en tiempo récord y sin mayores labores de verificación.