Dos trascendentales noticias están removiendo el terreno ambiental y minero en el Tolima. La primera corre por cuenta del presidente Juan Manuel Santos y sus licencias ‘exprés’, y la segunda por un fallo del Consejo de Estado, que deja sin piso un decreto presidencial.

Durante la instalación del Encuentro Constitucional por la Tierra en Ibagué, Santos hizo público su interés de agilizar las licencias ambientales. Esto, según el mismo Santos, con el ánimo de que el Gobierno nacional solo tarde cinco meses en adelantar el respectivo análisis ambiental.

“No se va a sacrificar el rigor y los filtros, pero por otro lado no se permitirá que esto se vuelva una fuente de incertidumbre permanente, que lo que genera es atraso y desespero”, subrayó.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Algunos expertos, invitados al Encuentro, aseguraron que Santos lo que quiere es ‘meter’ un acelerador a su locomotora minera. Por otro lado, grupos ambientalistas rechazaron también el pronunciamiento y adelantaron un plantón frente a las instalaciones de la Gobernación del Tolima.

La suspensión que hizo el Consejo de Estado

En un plano opuesto, los medios de comunicación hicieron pública el pasado viernes una decisión emitida por el Consejo de Estado que favorece la autonomía de los territorios en el tema minero.

La Alta Corte suspendió de manera provisional el decreto 934 de 2013, por medio del cual se reglamentaba el artículo 37 de la ley 685 de 2001.

Una demanda de la Contraloría General de la República puso en evidencia, por ejemplo, que dicho decreto efectuaba una regulación a las competencias a cargo de las autoridades mineras y ambientales, y además prohibía a los concejos municipales y asambleas departamentales regular el tema, “en el entendido de que el ordenamiento minero no hace parte del ordenamiento territorial”.

En el análisis, el órgano de control evidenció también que el acto administrativo, primero, no fue consultado por las comunidades étnicas, y segundo, violó lo establecido en la Constitución política, exactamente en términos de autonomía de las regiones “para reglamentar los usos de suelo y adoptar normas necesarias para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico”.

En torno a estas dos noticias, EL NUEVO DÍA recopiló algunas opiniones sobre las dos decisiones antes expuestas, y a continuación presenta un balance.

Luis Guillermo Guerrero Pérez

Magistrado de la Corte Constitucional

“Sí he notado esa inquietud de la gente por lo que se ha denomidado la consulta y/o licencias ‘exprés’y creo que eso denota el temor o la prevención frente a que ese aceleramiento de los procesos, pueda implicar un relajamiento de las medidas y de los estudios. Aquí (en el evento Constitucional por la tierra) se ha hablado de la complejidad de los estudios, que implican tiempo y que requiere de elementos técnicos que muchas veces no se tiene.

“Sin embargo, estimo que la postura del Presidente, y en eso hay que hacer una reflexión, implica conciliar las pretensiones de desarrollo con los temas de consulta. El país tiene que hacer esfuerzos grandes. Hay que buscar equilibrios”.
 

Jorge Enrique Cardoso

Director de Cortolima

“En primer año de estudio, a todos los abogados nos enseñan que un decreto, que es norma inferior a la Constitución Política, no puede modificar aquellas condiciones y facultades que entrega la Constitución a las entidades territoriales.

“No se esperaba menos y los concejos municipales recuperan, constitucionalmente, la competencia cualificada que tienen de ordenar su territorio y reglamentar el uso del suelo.

“El criterio de la Procuraduría es respetable, pero debemos notar que la máxima autoridad contenciosa administrativa ha declarado la suspensión de la norma, precisamente porque con la confrontación, se evidencia que prima lo que dice la Constitución.

“La Ley 134, que habla de los mecanismos de participación, no ha sido modificada y es una ley orgánica, es decir que está por encima de muchas otras”. 

Mauricio González Cuervo

Magistrado de la Corte Constitucional 

“Es una decisión del Gobierno y la Corte no es juez de las actuaciones del Gobierno, sino de la constitucionalidad de las decisiones de los poderes públicos. En eso sí no tengo un criterio para dar una opinión. 

“En eso lo único que quiero decir es que constitucionalmente está protegido el derecho de las comunidades a la participación a través de mecanismo de consulta previa, y constitucionalmente, la función pública tiene un mandato de eficacia y de celeridad para satisfacer y proteger los derechos de las personas. Si esas dos reglas se concilian, logramos un efecto deseable”. 

Isaac Vargas Morales

Personero de Ibagué 

“Esperamos que el tiempo estimado por el Gobierno para entregar las licencias ambientales no afecte la rigurosidad que amerita. 

No por correr o por tomar decisiones a prisa podemos ir nosotros a afectar la humanidad. Por eso han reiterado los magistrados en la importancia del principio de prevención y eso es un convenio internacional que se está invocando para que se respete y poder nosotros tener seguridad en lo que se está haciendo. Estamos convencidos de que el Presidente va a estar dentro de los parámetros de la Constitución”. 

Ernesto Cardoso

Procurador Ambiental y Agrario del Tolima 

“Sobre la decisión que tomó el Consejo de Estado, no la conozco, pero me parece que si suspendió los efectos del Decreto 0934 de 2013, recientemente, la Corte Constitucional se pronunció sobre reiterar la exequibilidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, que es justamente la norma que ese decreto pretendía reglamentar. 

“Luego, si el Consejo de Estado ha suspendido los efectos del Decreto, pues está vigente sin duda el artículo 37 que tiene dos sentencias de constitucionalidad. 

“La afirmación del Presidente para modificar las condiciones y los tiempos de las licencias ambientales nos parece que requiere de un análisis más detenido, pues otorgar una licencia ambiental no es tan fácil como se piensa, además porque en esos temas no se puede improvisar. Debe recordarse que para poder expedir una autoridad ambiental una licencia tiene que haber previo un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo a ese estudio. Esos son de carácter técnico y complejo, y no creemos que una licencia ambiental se pueda otorgar en un tiempo tan corto”. 

¿En qué está pensando el Ministro de Ambiente?

En un reciente comunicado, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, anunció un rediseño a los procedimientos de licenciamiento ambiental con el fin de agilizar el trámite de solicitudes.

“Con este mecanismo buscamos agilizar el trámite de licencias ambientales, no estamos disminuyendo el rigor técnico desde el punto de vista ambiental, estamos optimizando tiempos y la posibilidad de que la gente tenga claridad y celeridad en la respuesta sobre su solicitud”, explicó el ministro Vallejo López.

Y aseguró que “con las licencias ambientales vamos a ser más ágiles; se tendrá una mejor comunicación con los usuarios, daremos un mejor servicio optimizando los procesos, sin descuidar la rigurosidad”.

“Buscamos una mayor interacción implementando la oralidad; se solicitará documentación adicional solo una vez, ya no habrá posibilidades de ampliar este trámite”, indicó.

Y explicó:“En la web de Anla (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) está publicado el proyecto de decreto, para que los sectores comenten y aporten sobre la propuesta de modificación al licenciamiento ambiental”.

“No creo que al disminuir los tiempos las cosas desmejoren. Hay licencias que llevan seis años en espera. Garantizo que vamos a hacer muy rigurosos con los procesos de licenciamiento, los vamos a mejorar”, manifestó.

Dichos procedimientos obedecen a la instrucción del presidente Juan Manuel Santos para agilizar procesos en todas las instituciones del Estado.