Esta semana empezó a regir en Colombia la Ley de Garantías, que busca prevenir posibles irregularidades que afecten el adecuado desarrollo del proceso electoral que ya se cumple en el país, para escoger a los nuevos mandatarios locales y departamentales, concejales, diputados y ediles.

En entrevista con Colprensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación, María Eugenia Carreño, hizo una defensa férrea de la norma, explicó las prohibiciones que entran a regir y señaló que se espera una avalancha de quejas y denuncias que deberán inspeccionar, a fin de evaluar si hay lugar a responsabilidades disciplinarias por parte de servidores públicos.

- Empieza a regir la Ley de garantías, ¿cuál será la labor de la Procuraduría?

La Procuraduría tiene el deber de hacerla efectiva y considera que contribuye al equilibrio y a la transparencia en el ejercicio de la gestión pública por parte de alcaldes y gobernadores. No debemos ser tan simplistas. Es sabido que los alcaldes y gobernadores están empeñados, en muchos casos, en dejar sus cargos en herencia a los candidatos de sus preferencias y la Ley de Garantías lo que busca es evitar esta práctica indebida. La prohibición de celebrar convenios administrativos entre la Nación y las entidades territoriales tiene como propósito que los intereses del Estado no se confundan con los de los territorios y que no se aprovechen recursos nacionales para promover causas de naturaleza política.

- No obstante, se argumenta que la norma paraliza la administración…

Ese es el gran reclamo y no es cierto. Los alcaldes y gobernadores debieron tener en cuenta el principio de planeación, que implica haber suscrito con la Nación antes del 24 de junio los correspondientes convenios para satisfacer las necesidades de sus entidades, luego en esta época de ‘sequedad’ de convenios todo se hace en aras de dar equilibrios y garantías a los candidatos. Además, no se prohíbe el proceso de licitación pública, de manera tal que se puede contratar bajo esta modalidad de selección, que es de transparencia y de cara a la sociedad.

- Si más adelante se elimina la Ley de Garantías, ¿se afectarían los procesos electorales futuros?

No soy partidaria de que no exista Ley de Garantías para elecciones presidenciales ni locales. Deben existir mecanismos de equilibrio y de transparencia que neutralicen el ejercicio del poder por parte de los alcaldes y gobernadores en ejercicio para complacer expectativas de los candidatos de sus preferencias y poner al servicio de las causas políticas los recursos del Estado. Soy partidaria de ese mecanismo y, como conozco las prácticas electorales, mi recomendación es que debe existir una Ley de Garantías. El instrumento de los convenios administrativos no ofrece equilibrio ni igualdad y por eso es sano que por lo menos haya una restricción.

-¿Qué prohibiciones se establecen?

La Ley de Garantías establece prohibiciones para contener prácticas como la utilización de recursos del Estado para favorecer causas políticas: no es posible que en la distribución de recursos del Sisbén o de planes de Gobierno se realicen entregas indebidas con dosis de proselitismo. La Ley es sana en cuanto establece que no se pueden inaugurar obras públicas con la presencia de candidatos. Es que basta solo remitirse a los pequeños municipios de Colombia para conocer que esto se practica por parte de los alcaldes buscando encubrir al candidato de su preferencia en un evento. No se pueden presionar al electorado ni a los servidores públicos para que satisfagan un interés político. En fin, en un país donde hay vicios y prácticas indebidas debe haber un mecanismo de contención.

- Aún así sucede que días antes de la entrada en vigencia de la norma se dieron, como ha pasado siempre, ‘firmatones’ de contratos, ¿ustedes revisarán esas actuaciones de última hora?

Expedimos una circular ordenando a los procuradores regionales y provinciales de todo el país practicar visitas a las alcaldías y gobernaciones para verificar los convenios, la celebración de contratos que se hicieran días antes de la vigencia de la Ley, porque en efecto se requiere examinar si esa contratación es justificada, válida, razonable, si atiende el principio de planeación o no, entre otros.

- ¿Hay regiones que preocupen más a la Procuraduría?

En todo el país la Procuraduría ha solicitado que se actúe con celeridad, a fin de definir la situación jurídica de personas que están siendo investigadas, en aras de que la sociedad tenga la confianza de elegir a quien no está inhabilitado, sobre quién no pese una causal disciplinaria. Y hemos proferido decisiones paradigmáticas, pues la Sala Disciplinaria acaba de tomar una decisión por indebida participación en política del alcalde de Sutamarchán. Un medio denunció la entrega de baterías sanitarias a cambio de votos, qué triste para el país que se intercambien votos por letrinas, lo más fundamental. Como se constató que así fue, el alcalde fue destituido por el término de 11 años.

- ¿Hay una región que ya presente una alarma?

A partir de este momento se incrementan las denuncias por parte de la ciudadanía. Estaremos muy atentos a escucharlas y examinarlas, porque existen infractores de la Ley de Garantías y en cantidad. En esa medida, estaremos dispuestos a atender las quejas, porque el desequilibrio en las campañas electorales afecta la democracia, vicia los procesos y nuestro deber es actuar con compromiso.

- A pesar de todo esto, ha sucedido que los alcaldes se ponen prendas alusivas a campañas, que van a manifestaciones. ¿Qué no se puede hacer?

Para los funcionarios públicos la mayor abstención es participación en política. El olvido no exime de responsabilidad disciplinaria, es más, actuar con omisión es un elemento que tipifica la falta disciplinaria. Les hago un llamado a los funcionarios públicos: la mayor prudencia, la mayor cultura de transparencia. No podemos permitir que nuestra democracia se vea manchada con prácticas como las de empezar a hacer política a través de medios sugestivos; por ejemplo, ‘Ya viene la Rosa’, ‘Ya viene el del Bigote’, o utilizando las redes sociales abusivamente para desequilibrar la campaña.

- El uso de las redes sociales ha generado controversias, porque se cuestionan los límites entre la opinión y la participación en política. ¿Cómo hacen ustedes esa valoración?

El ejercicio de redes sociales por parte de servidores públicos para exponer sus preferencias políticas o para hacer insinuaciones, por supuesto que, a mi juicio, puede ser constitutivo de una falta disciplinaria, porque Twitter es un medio masivo de información. Deben abstenerse de hacerlo, pues perfectamente podrían caer en el examen del operador disciplinario. Respecto de los particulares, por supuesto que hay un derecho a la expresión libre y las redes sociales son mecanismos de difusión. Pero vuelvo a hacer un llamado pedagógico a las buenas prácticas electorales.

- ¿A qué sanción se pueden ver sujetos los servidores que infrinjan la norma?

Todas las faltas son individuales, pero hay que tener en cuenta que la Ley disciplinaria que nos rige establece sanciones de destitución desde 10 años en adelante y de suspensión de uno a doce meses.

- Aunque son elecciones locales, ¿qué restricciones le caben al Presidente?

El presidente de la República no puede participar en política, tuvo su tiempo como candidato cuando aspiró a la reelección, hoy es funcionario y sobre él recaen las restricciones de no participación.

- La Procuraduría había hecho un llamado de alerta por casos de trashumancia electoral al Consejo Nacional Electoral, ¿qué ha pasado?

La trashumancia es un vicio del proceso electoral, de los más usuales y de los más fáciles de combatir. Recordemos que al lado está el trasteo de votos y la compra de votos. La Procuraduría recomendó al CNE repartir los procesos y las quejas que existen por trashumancia, iniciar las acciones correspondientes por el procedimiento breve que establece la Ley y ya el CNE atendió nuestras recomendaciones y se comprometió a entregar resultados antes de las elecciones del 25 de octubre, que conlleven a la invalidación de cédulas inscritas indebidamente. Igualmente le hicimos al CNE la recomendación de que aun cuando el Ministerio de Hacienda no hubiere dispuesto los recursos por ellos solicitados para adelantar las investigaciones, bien podrían hacerlo cotejando bases de datos y cruzando información. En ese sentido consideramos que la falta de recursos no es suficiente; con todo, comprendemos que lo que se necesita siempre es que sean razonables y necesarios para cumplir la labor.