Arranca este trabajo enfrentando un gran dilema: ponerse la camiseta del No para desde allí iniciar una renegociación compleja y seguramente más larga con las Farc que conduzca a un acuerdo que interprete su derrota en las urnas o aliarse con las Farc para hacerle unos ajustes no estructurales al Acuerdo que minimicen el triunfo de Uribe y que permitan arrancar la implementación de lo pactado antes de finalizar el año.

Sin que el Presidente haya resuelto este dilema del todo pero estando más inclinado por lo segundo, hoy viajan a La Habana el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle y el Comisionado de Paz Sergio Jaramillo para iniciar con las Farc la renegociación del Acuerdo de Paz.

Santos también informó que ya se había establecido un mecanismo de trabajo con las Farc para revisar las diferentes propuestas y “decidir los ajustes necesarios en el término de la distancia. Quiero terminar esto pronto, muy pronto”.

Según supo La Silla ayer hubo un encuentro preliminar con Enrique Santiago, el abogado de las Farc, para revisar las propuestas del No. Y desde hoy hasta seguramente el miércoles de la próxima semana estarán de la Calle y Jaramillo en la Habana negociando fórmulas que incorporen las preocupaciones de los que rechazaron en las urnas el acuerdo ya logrado.

La siguiente semana, cuando ya estén de regreso de Cuba, se volverán a sentar con los del No para comunicarles los avances logrados con las Farc.

El Presidente, según lo que pudo constatar La Silla con dos fuentes de diferente nivel, está decidido a sacar el Acuerdo antes de que termine el año. (No lo dijeron pero seguramente querrá hacerlo antes del 10 de diciembre cuando acuda a la ceremonia del Nóbel de Paz.)

La Silla también confirmó tanto con gente del Gobierno como con personas del lado del No la profunda desconfianza que existe entre ambos lados.

“Santos no cree que Uribe quiera negociar nada”, le dijo a La Silla una persona cercana al Presidente. Y la razón para ello, es que las propuestas que hizo el Centro Democrático cuestionan los mismos fundamentos de la negociación como la idea de que están cambiando las balas por las urnas, como explicó La Silla.

Cuando en su alocución pública ante los jueces en Ibagué el Presidente dijo que algunas propuestas eran totalmente inviables porque partían de supuestos como que en Colombia no había un conflicto armado se refería al comentario de un uribista en la primera reunión.

Del lado de los del No, la sensación que está comenzando a crecer es que Santos les quiere “hacer conejo” porque en realidad no han tenido un espacio para realmente negociar algo, como quedó claro en la carta que le enviaron al Presidente.

“Por diversos conductos le hemos solicitado al señor Presidente aclarar de una vez por todas si está dispuesto a acatar y respetar sinceramente los resultados electorales del 2 de octubre”, le dicen en la carta del 19 de octubre los ex presidentes Uribe y Andrés Pastrana, el exprocurador anulado Alejandro Ordóñez, la excandidata presidencial conservadora Marta Lucía Ramírez y los tres precandidatos del Centro Democrático. “Como consecuencia necesaria de la voluntad del pueblo manifestada en el plebiscito, le hemos solicitado, igualmente, expresar si respecto al Acuerdo suscrito con las Farc el Ejecutivo está abierto a los cambios de fondo que demanda el mandato popular o si se limita a recibir documentos a través de sus secretarios para remitirlos a esa organización armada ilegal”.

“Es evidente que Santos nos está tomando del pelo”, dijo a La Silla la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. “Ponerse la camiseta del No no es opcional. Ganamos en las urnas”.

La camisa de Santos

Ponerse la camiseta del No para Santos implicaría llegar a La Habana a defender cambios estructurales en el Acuerdo que él mismo logró y en los que no necesariamente cree o que, por lo menos, no cree que sea capaz de defender con éxito frente a las Farc. (Es una tarea tan difícil que, por ejemplo, David Cameron, el primer ministro inglés, sintió que no era capaz de hacer cuando ganó el Brexit en Inglaterra y por lo cual renunció).

De hecho en sus últimas alocuciones públicas, el Presidente ya dijo que acabar con la Jurisdicción Especial de Paz le parecía inviable y entonces es muy improbable que sus negociadores vayan a tratar de renegociar ese punto a pesar de ser uno de los asuntos en el que todas las propuestas del No coinciden.

El Presidente también ha reiterado en sus discursos la idea de que muchos que votaron por el No lo hicieron engañados. Tiene como sustento para hacerlo la campaña de desinformación que confesó haber liderado el exsenador Juan Carlos Vélez como gerente de la campaña del No; y el que en encuestas internas hechas por Palacio haya salido que por lo menos un millón y medio de personas que votaron No lo hicieron porque creían que los acuerdos incorporaban la ya famosa “ideología de género” que realmente no está en los acuerdos y que el exprocurador anulado dice que está “encriptada” en el texto.

Ha dicho que no puede defraudar a las víctimas que le han pedido que el acuerdo se implemente ya, ni a los estudiantes que se han movilizado, ni a los partidos de su coalición, ni a los que lo eligieron en 2014 para que hiciera la paz.

En esta línea, ayer en la reunión con el Consejo Nacional de Paz, en el que tienen asiento líderes políticos y sociales de centro izquierda, algunos reiteraron la idea de que “la verdadera mesa de negociación” era la de La Habana y prácticamente invitaron al Presidente a implementar el Acuerdo firmado independientemente de los resultados del plebiscito.

Por el lado de las Farc, más allá del tono conciliador de los negociadores, quedó en evidencia que la guerrilla no ha asumido del todo la derrota de la refrendación en las urnas.

El trino del jefe guerrillero Pastor Álape, al rechazar que los renegociadores uribistas viajaran a La Habana a hablar con ellos fue diciente y hasta paradójico dado que los que necesitan ser legitimados son los guerrilleros que fueron rechazados en las urnas: “Hay que escuchar, pero no legitimar a Saboteadores”.

La pregunta es, por ejemplo, qué harán los negociadores del Gobierno frente a esa posición. ¿Defenderán a Uribe? ¿Le darán la razón a Álape?

El dilema

Es un dilema que no es fácil porque, como contó La Silla al desmenuzar las propuestas del No, por lo menos 15 de ellas atacan de frente el espíritu de bilateralidad de la negociación (dándole más privilegios a los agentes del Estado que cometieron crímenes atroces que a los guerrilleros, por ejemplo); buscan decapitar políticamente a las Farc; y exorcizar del acuerdo cualquier viso de democracia directa que es uno de los ejes transversales del Acuerdo.

Seguramente –como suelen hacerlo los colombianos- el uribismo arrancó pidiendo lo más para conseguir lo menos. Pero en ese tire y afloje la negociación se puede extender meses, con los riesgos que esto implica y que nuestro bloguer Julián Wilches ha señalado.

El camino más expedito sería tomar algunos puntos del No y modificar el Acuerdo. Entre los que algunos en el gobierno consideran que podrían ser negociables está el de no meter el Acuerdo como parte del bloque de constitucionalidad en la Constitución.

Una alternativa que están explorando es que solo sea un “acuerdo especial” registrado en Ginebra lo que es estrictamente humanitario: el no reclutamiento de menores, la búsqueda de desaparecidos, etc y que más bien quede un artículo transitorio en la Constitución en el que el Estado se comprometa a cumplir con el Acuerdo de Paz e interpretarlo de acuerdo con los principios pactados en el mismo tratado de paz.

También podrían sustituir el enfoque de género por un enfoque de derechos de las mujeres que nadie cuestiona y que la protección de la comunidad Lgbti quede más bien en el capítulo sobre no estigmatización, así calman los temores de los cristianos.

Además, creen que podrían precisar mucho más lo de la expropiación de tierras y las penas de restricción de libertad.

Con estos y otros ajustes, la opinión que está primando hoy en el gobierno sería la de sacar el acuerdo adelante aún sin el beneplácito de todos los del No, y específicamente de Uribe.

En ese escenario, la discusión gira sobre cómo sería la refrendación.

Al parecer, el Presidente le tendría mucho miedo a convocar un nuevo plebiscito –aunque sería lo que mayor legitimidad le podría dar- porque en esa encuesta interna que hicieron salió que el rechazo a Santos pesó mucho en el No y eso lejos de cambiar en los próximos meses podría aumentar con la reforma tributaria.

El camino, entonces, sería refrendarlo jurídicamente vía Congreso y combinarlo con una refrendación más política. Algo como los cabildos abiertos que ha propuesto el exmagistrado Eduardo Cifuentes o vía concejos municipales como lo hizo Rafael Núñez con la Constitución de 1886 o asambleas como las que se hicieron para la Constituyente del 91 en las que mucha gente participó.

El costo

Seguir este camino por fuera del ‘Pacto Nacional’ con Uribe, sin embargo, tendría un alto costo.

Un alto costo político porque significaría alimentar la teoría del ‘conejazo’ que ya está comenzando a plantear el expresidente Uribe, con el daño que le puede traer a la democracia que la gente pierda la confianza en que el resultado de las urnas se respeta.

Un alto costo para la estabilidad de la paz, pues para la implementación de los acuerdos el concurso de las élites regionales y locales –que en muchas zonas se sienten interpretadas por Uribe- es fundamental.

Y un alto costo político porque sobre la narrativa de hacer valer el mandato del 2 de octubre el uribismo montará su campaña presidencial para llegar a la Presidencia y reversar los acuerdos.

Esto, suponiendo, que en medio de la división del establecimiento no surja un candidato populista a lo Chávez que recoja y capitalice la indignación con el establecimiento político.

En el Gobierno también son conscientes de todos estos riesgos y de ahí el dilema tan grande que enfrenta el Presidente.