Según indicó el Ministerio Público, el exmandatario omitió verificar el envío inmediato a la Contraloría del Tolima de dos contratos celebrados en 2013, que fueron originados en la urgencia manifiesta decretada el 17 de noviembre de 2012 en este municipio, por una fuerte oleada invernal, junto con la documentación que soportaba el uso de esta figura.

En el material probatorio recopilado por el ente de control se evidenció que los actos de comunicación relacionados con la urgencia manifiesta decretada no cumplieron con los principios de eficacia y celeridad de la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución.

Además, la Procuraduría consideró que con este comportamiento omisivo, Montero Ortiz incumplió las disposiciones contenidas en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, que establece que una vez declarada esta figura excepcional y celebrados los contratos surgidos con ocasión de la misma, se deberá remitir inmediatamente a la Contraloría con todos sus soportes, para el control fiscal respectivo.

Por esta omisión, la Procuraduría Regional del Tolima calificó definitivamente la falta como grave cometida a título de culpa grave. Y dado que ya no ejerce las funciones, la sanción será convertida en salarios.