Tolima es uno de los 13 departamentos donde la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas que advierten el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados y delincuenciales, un fenómeno en el que tienen mucho que ver las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades.

Por tratarse de una situación de riesgo sin la atención merecida, la Procuraduría General de la Nación exigió la semana pasada a los entes territoriales y a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna), medidas de prevención y protección de los menores de edad víctimas del reclutamiento forzado.

Para el caso regional, la Defensoría del Pueblo, en la alerta temprana 043 de octubre de 2019, dio cuenta del riesgo que especialmente enfrentan las poblaciones de Espinal y Flandes, municipios donde estructuras armadas y grupos delincuenciales acuden a la vinculación de menores y jóvenes para la ejecución de trabajos diversos, que van desde transportar mensajes y labores de ‘campaneo’, hasta distribución de estupefacientes e, inclusive, acciones de sicariato.

De acuerdo con el informe, la dinámica actual de riesgo en Espinal y Flandes, así como en Girardot y Ricaurte (Cundinamarca), responde a la ubicación geográfica estratégica de estos municipios, que ha determinado que se configuren como un corredor estratégico a través de las vías y carreteras que los atraviesan y por la ruta fluvial del río Magdalena que cruza el país de sur a norte.

Según se indica, son varias las estructuras que estarían buscando establecer control sobre el corredor. Aunque no lo hacen de forma directa, tanto en estas localidades del Tolima, como en sus vecinas de Cundinamarca, estarían haciendo presencia el Grupo Armado Organizado Posdesmovilización de las AUC, autodenominado AGC, y la denominada estructura armada La oficina del Valle de Aburrá.

Si bien no existen cifras que muestren la realidad del fenómeno, el uso y utilización de menores de edad para la distribución de estupefacientes, vigilancia y cobro de extorsiones es cada vez más recurrente, algo que, según la Defensoría, se expresa en los casos de desaparición forzada y homicidios de adolescentes y jóvenes a cada vez más temprana edad.

El análisis de la entidad refiere que este delito no solo tiene una relación con la inducción temprana al consumo de estupefacientes en menores, principalmente en inmediaciones de instituciones educativas y en sus barrios, sino con las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica asociadas a contextos de violencias, ausencia de oportunidades laborales dirigidas a jóvenes y de espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, condiciones de pobreza en el núcleo familiar, entre otros.

La entidad menciona que las afectaciones humanitarias generadas sobre la población civil por los repertorios de violencia tiene como principal gravedad la vinculación de menores de edad, la desaparición forzada, los asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado intraurbano.

Si bien son evidentes las afectaciones humanitarias y los riesgos derivados de estrategias de control territorial como la vinculación de menores, las estructuras ilegales encargadas de la provisión de armas, sustancias ilegales y el reclutamiento de menores son invisibles, inobservadas y negadas por las autoridades.

Operación

La presencia de los grupos ilegales mencionados es a través de la configuración de una estructura nodal a través de la cooptación, articulación o tercerización de grupos delincuenciales locales, dejando entre 2018 y 2019, múltiples asesinatos selectivos en los que las víctimas son principalmente jóvenes, así como desplazamientos forzados intraurbanos sin registro.

Esta lógica de acción, precisa la Defensoría, concentra en gran medida el impacto de la acción de la Fuerza Pública en los eslabones más vulnerables y débiles de la cadena, es decir, conformados fundamentalmente por niños, adolescentes y jóvenes vinculados a estos grupos bajo diferentes modalidades, de manera que las posibilidades de reacomodo y recomposición de la estructura son mayores y más rápidas.

El ejercicio de monitoreo y análisis de la Defensoría deja ver que las dinámicas actuales del conflicto armado en esta región del Tolima están representadas por una serie de disputas territoriales por el control de los corredores estratégicos. Respecto de la gestión del Estado, se encuentra que la acción institucional fragmentada y desarticulada es uno de los principales factores de vulnerabilidad identificados.

Vulnerabilidad

Si bien hasta principios de la década del noventa el engranaje principal de la economía de estos municipios se fundamentó en la agricultura, la transformación de la dinámica económica representó afectaciones directas sobre las condiciones materiales de vida de la población, siendo la desigualdad social una característica observable en los municipios objeto de la alerta temprana.

A modo de ejemplo, la Defensoría acota que, según cifras del Ministerio de Educación, para 2016 en Flandes y Espinal la cobertura bruta y neta disminuyó en el nivel media vocacional. Para la entidad, esta situación sugiere que los esfuerzos por elevar la cobertura en educación, no han sido suficientes para abordar las condiciones que llevan a los jóvenes a abandonar sus estudios en los dos últimos años de formación, lo que dificulta el acceso a la educación superior.

Dicho esto, la Defensoría del Pueblo encuentra que en los municipios objeto de advertencia y en el contexto de riesgo advertido, la deserción escolar es un asunto que se configura en un factor de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que eventualmente facilitaría su vinculación a grupos armados ilegales o grupos delincuenciales locales.

A lo anterior se suma la ausencia de oportunidades laborales y de formación dirigidas a jóvenes. En Flandes, el porcentaje de la población ocupada en empleos formales es apenas del 4.14%, de los que el 15.45% corresponde a jóvenes entre 18 y 28 años. Entre tanto, en Espinal, la cifra es el 15.88% de la población ocupada, de la que el 18.18% corresponde a jóvenes.

Dato

La Procuraduría exhortó al Gobierno nacional para que defina las acciones intersectoriales que permitan una respuesta integral y oportuna a las situaciones de riesgo de reclutamiento y utilización.

Dato

Si bien la división política ubica a Flandes dentro de Tolima, gran parte de la institucionalidad que opera allí está adscrita a Cundinamarca, lo que genera vacíos en materia de prevención y protección. La desarticulación administrativa institucional perjudica la labor del Estado en materia de garantía de derechos fundamentales y favorece el accionar de las estructuras ilegales.