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La idea es que vía decreto se establezca una contribución transitoria, por un periodo de tres meses, para que todos los funcionarios con ingresos altos aporten un porcentaje de su salario a la atención de los más necesitados. La medida exceptúa a los trabajadores del sector salud.
Esta contribución, cuya tarifa irá del 8% al 15%, se calculará sobre el total de sus ingresos mensuales y está dirigida de forma exclusiva a garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento de los hospitales públicos. Además, los funcionarios que no sean sujetos de la medida, igual podrán hacer aportes voluntarios.
Aunque la iniciativa la plantearon algunos congresistas conservadores, la misma ya se había conocido hace algunos días, cuando trascendió el borrador de un proyecto de decreto legislativo, en donde el gobierno fijaba un impuesto transitorio a todos los funcionarios públicos para apoyar la crisis.
Sobre el mecanismo de destinación de los recursos, la representante Matiz explicó que estos se aplicarán según la región a la que pertenezca cada funcionario. “Entonces, esos recursos que se descuenten a los servidores del Tolima se quedarán en el Tolima y no se vayan para otras regiones”, precisó.
“Yo hago mi aporte a este país y quiero que otros más se unan a esta iniciativa, los que más ganamos debemos ser solidarios, como partido Conservador proponemos al Presidente que los funcionarios que ganen más de 12 salarios mínimos hagan su aporte”, sostuvo Hernández.
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