Según el ente investigador, los hechos ocurrieron el pasado 29 de julio cuando dos comerciantes que llegaron a Bogotá, procedentes de Pitalito (Huila), se movilizaban en un taxi en el que llevaban varias cajas con 14 celulares de alta gama, valorados en ocho millones de pesos, y fueron requisados por dos agentes de Policía que se movilizaban en motocicleta, pertenecientes a la Estación de Mártires (Bogotá), identificados como Rafael Antonio Peña Leguizamón y José Antonio Vargas Velásquez. 

Tras la requisa, los uniformados les incautaron la mercancía y bajo amenazas los trasladaron al CAI de Mártires, donde el patrullero de guardia José Orlando Novoa Mendoza, los privó de la libertad. 
Los uniformados luego de leer los derechos del capturado a los comerciantes, de nuevo comenzaron a amenazarlos con judicializarlos, si no hacían entrega de seis millones de pesos recibiendo una respuesta negativa de las víctimas. 

Durante la retención en el CAI, los uniformados nuevamente aprovechando su cargo y autoridad, despojaron de casi dos millones de pesos a los comerciantes. 

Tras dejarlos en libertad y ante la negativa de los uniformados de no hacerles entrega de su mercancía, los comerciantes se dirigieron a otro CAI, donde denunciaron ante un coronel de la Policía la actuación de los tres uniformados. 

Luego de la queja, el oficial de Policía llegó al CAI de Mártires, donde requirió de los uniformados el informe que debía estar en el libro de anotaciones, pero ante la negativa de los tres uniformados de no haber hecho anotación sobre lo ocurrido, el oficial se enteró de los hechos.