La protección de los militares en la justicia transicional recibió un duro impacto generado por las objeciones presidenciales, una de las principales causas del uribismo. El miércoles de la semana pasada, la Corte Constitucional declaró inexequible un artículo de la ley de procedimiento de la JEP que favorecía a los miembros de las fuerzas armadas. Lograrlo no había resultado fácil y la norma era una de las pocas victorias que el Centro Democrático se había anotado en ese frente.

Esa modificación dejaba en claro dos cosas. 1) Que la comparecencia de los militares en la JEP sería voluntaria. 2) Que habría una nueva sala, con nuevos magistrados.

Gracias a esto último, una vez la ley entrara en vigencia, militares y guerrilleros tendrían espacios distintos en ese nuevo organismo. Ninguno de esos puntos pudo ver la luz, pues la Corte Constitucional los declaró inexequibles, en lo que muchos consideran el primer efecto del choque de trenes producido por las objeciones presidenciales.

Los expertos no habían visto con buenos ojos el ajuste que tumbó la corte, pues la JEP tiene precisamente el valor, casi sin antecedentes en el mundo, de tener un tribunal que juzgara a ambas partes del conflicto. Sin embargo, solucionaba en parte uno de los malestares del uribismo y de los militares, que siempre rechazaron estar en el mismo saco de la guerrilla.

La modificación resultó de un acuerdo sin precedentes entre los principales protagonistas de la política. Y tuvo como uno de sus escenarios esa histórica reunión en la que se encontraron enconados rivales políticos como Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Roy Barreras, Iván Cepeda, Gustavo Petro, Victoria Sandino, Sandra Ramírez y Pablo Catatumbo.

La Corte no tumbó esta reforma por contenido sino por forma. En su análisis consideró que habían introducido la propuesta en último debate y que por esta razón había violado el principio de consecutividad.

El fallo de la Corte se suma a la preocupación creciente de los militares emproblemados penalmente, frente a la posición que el Gobierno tiene contra la JEP.

Al contrario de lo que podría pensarse, un sector muy importante de las Fuerzas Armadas, en especial sus integrantes que tienen procesos por cuenta del conflicto, han pedido mantener esa jurisdicción tal y como está. La razón principal de ese clamor tiene que ver con la Corte Penal Internacional.

Ese organismo ha sido claro en advertir que si la JEP no tiene un marco legal para actuar, “esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones”. La Fiscalía de ese organismo tiene sus ojos en los falsos positivos, y esas implicaciones solo podrían traducirse en llamar a los militares.

El exfiscal de la CPI, James Stewart, había dicho hace poco en la Cámara de Comercio que si en Colombia existía una “voluntad genuina” de investigar los graves crímenes cometidos en el conflicto, entonces los casos “no serían admisibles ante la CPI y la Fiscalía no intervendrá”. En esa oportunidad, Stewart dijo que respetaba la “independencia, imparcialidad y objetividad” de los magistrados de la nueva jurisdicción.

“Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo”, concluyó ese día. Consciente de ese riesgo el propio Duque dijo 13 veces la palabra “genuina” en su discurso del pasado domingo.

Además de ese ‘coco’, a los militares emproblemados tampoco les conviene el veto del Gobierno a la JEP. Esta determinó que quienes llevaban más de cinco años detenidos sin recibir una sentencia definitiva podrían recuperar su libertad. Así, cerca de 2.000 miembros presos de las Fuerzas Armadas han podido volver a las calles, entre ellos, cinco generales y 20 coroneles. Por razones obvias, ninguno de ellos quisiera perder ese beneficio.

Que tantos miembros de las Fuerzas Armadas estén hoy acogiéndose a la JEP también ha despertado profundos temores. En últimas, a ellos les importan las menores penas que puedan obtener pero a las Fuerzas Armadas y al uribismo también les importa lo que puedan contar. En la justicia transicional, entregar información es muy relevante para salir bien librado. Por ejemplo, al aportar verdad, una pena por falsos positivos que podría tener 50 años de cárcel en la justicia ordinaria, en la JEP podría quedar en 8. En segundo lugar, hay muchas historias no contadas de graves delitos que cometidos en la guerra y en un hecho sin antecedentes, hoy numerosas personas quieren contarlas. Por ejemplo, que generales como Mario Montoya y Rito Alejo del Río hayan ido a declarar a esa jurisdicción tiene con los pelos de punta a más de uno.