En medio del debate en el Congreso sobre la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, esta justicia especial ya está ejerciendo algunas labores administrativas en tanto se prevé que inicie su trabajo formalmente en enero del 2018.

En diálogo con Colprensa, la presidenta de la JEP, Patricia Linares, señaló que la decisión de la Corte Constitucional sobre la JEP allanó un camino, pero que todavía hay incertidumbres por resolver. Además, señaló que el Tribunal de Paz “no es ni de odios ni de venganzas”, sino el encargado de otorgar justicia, juzgando delitos y no ideologías.

¿Cómo recibió el fallo de la Corte?

El fallo de la Corte le brindó tranquilidad al país, pero también a las víctimas, a la JEP que ya existe y en general a la sociedad colombiana. ¿Por qué? Porque allanó el camino para que la JEP pueda entrar a funcionar de manera plena a cumplir sus funciones. Esto se traduce en que el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición va a empezar a cumplir de manera rigurosa sus tareas. Lo recibimos con mucha tranquilidad, con mucha responsabilidad y muy dispuestos a cumplirlo de manera estricta.

¿Qué elemento destaca más de la decisión?

De conformidad con el comunicado que se conoce, la Corte toca temas sustanciales que han sido objeto de inmensos debates y que, de alguna manera, estaban presentes en el debate en el Congreso. Al parecer se despejaron muchas dudas y se destrabó el tema. Esos puntos esenciales son los que habrá que leer con serenidad y atender como se debe, con toda responsabilidad y, por lo mismo, no es el momento que nos pronunciemos sobre ello.

- La Corte enfatiza no sólo en la JEP, sino en la integralidad del Sistema y en las condiciones que se deben respetar por los procesados…

Lo que hay que entender es que estamos hablando de un Sistema que tiene diversos componentes, uno de ellos es el de justicia que queda materializado en la JEP; un componente que apunta al reconocimiento, visibilización y dignificación de las víctimas en escenarios donde no están constreñidas, que es el de la Comisión de la Verdad; y un componente para las víctimas de desaparición forzada que van a obtener del Estado toda la diligencia que supone encontrar a sus seres queridos, sus restos si fuere el caso, y poder brindar ese alivio, que está a cargo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y hay un componente de reparación que avanza por parte del Estado colombiano para responder a esa obligación jurídica y ética con las víctimas.

Que sea un sistema quiere decir que cada uno de sus componentes debe desarrollar su labor, diseñar el cumplimiento de sus funciones, teniendo siempre presente que hay otros componentes del sistema con los cuales se debe articular y coordinar, optimizando recursos y acciones.

- La Corte dice que si se no se cumplen las condiciones del Sistema se pierden los beneficios, ¿cómo se hará esa verificación?

La JEP, una vez asuma sus tareas y produzca decisiones tendrá que estar atenta a que las personas que se han incorporado al proceso y han recibido una sanción, cumplan no solo esa sanción en los términos que se decidan, sino también que cumpla con todos y cada uno de los requisitos que supone haber incursionado en el Sistema, valga decir, que aporte a la verdad, a la reparación y que inicie y se sostenga en un proceso de reincorporación que garantice que será un ciudadano que va a aportar a la sociedad en una perspectiva de construcción de paz.

¿Cuándo empieza a funcionar la JEP en propiedad?

La JEP está ya instalada a pesar de que las únicas personas, previamente seleccionadas por el Comité de Escogencia, que hoy estamos posesionados somos el Secretario Ejecutivo y yo. Si embargo, se estaba a la espera como todo el país, de que se produjera la decisión de la Corte Constitucional. Se destrabó al parecer el debate en el Congreso frente al proyecto de Ley Estatutaria y si sale antes del 30 de noviembre que es cuando vence el ‘fast track’, la ley tendrá que ir a la Corte Constitucional para revisión previa y automática. Pero, en el entre tanto, la JEP puede empezar a funcionar y, de hecho, se ha venido avanzado ya.

¿En qué aspectos?

Se ha avanzado con el Gobierno nacional en todos los temas relacionados con infraestructura, sede, disponibilidades presupuestales para los nombramientos de los magistrados, diseño de una planta de personal, diseño de los cargos que se requieran y su respaldo presupuestal. Eso nos señala que, si todo va bien, pudiéramos pensar que la totalidad de los magistrados de la JEP, que son 38, puedan estar posesionados a mediados de enero del año entrante.

¿Empiezan primero a funcionar las Salas de Justicia?

Todos. Le estamos apostando que sea tanto las Salas como la totalidad del Tribunal de Paz. Hay un decreto que visibilizaría, es un escenario posible, que se empiece a funcionar implementando primero la Sala de Amnistía y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Pero, se le está apostando a que sea la totalidad.

¿Ya se puede empezar a hacer el reglamento interno?

Una vez posesionados, porque la tarea se encomienda de acuerdo con el Acto Legislativo, a los magistrados. Luego, deberá estar posesionados para ponerse como primera tarea diseñar el reglamento interno.

Otra tarea prioritaria que tendría que asumir el plenario, que es Salas y Tribunal, es la elaboración de un proyecto de procedimiento que deberá ser presentado al Presidente de la República, para que este a su vez, si así lo considere, lo presente al Congreso y este trámite una ley ordinaria.

¿Ya se ha dicho algo sobre la sede de la JEP?

Hay avances que ha venido impulsando el Secretario Ejecutivo de la JEP desde ya hace varios meses. Hay propuestas que se presentaron al Gobierno sobre las cuales hay consensos porque podría ser las más adecuadas y están en los respectivos procesos de negociación a través de Fondopaz.

¿Con qué recursos se ha venido funcionando?

Hasta ahora, la Secretaría Ejecutiva ha venido funcionando con recursos de cooperación internacional que están en un fondo que se denomina fondo multidonante de Naciones Unidas, que maneja el Pnud. En ese fondo al que aportan distintos países que quieren apoyar a Colombia en este proceso, se depositan los recursos y por vía de diseño de proyectos, la Secretaría Ejecutiva ha venido avanzando en ese tema.

En este momento, con Acto Legislativo y posiblemente con la Ley Estatutaria, el Estado colombiano tiene que empezar a asumir sus responsabilidades presupuestales frente al Sistema y eso se ha hecho con el apoyo del Ministro para el Posconflicto, a través de Fondo Paz.