“Nací rica, soy blanca, tengo pasaporte legal y tres títulos universitarios; me siento con el deber de ayudar a la gente sin importar las leyes de cualquier país. Siempre que vea un náufrago, lo voy a rescatar”.

Las palabras pronunciadas por Carola Rackete al diario italiano La Repubblica reflejan la lucha de aquellos que prestan asistencia humanitaria a las personas que se juegan la vida en el mar para llegar a Europa.

Italia, y el mundo entero, conoció de golpe su nombre, luego de que la activista alemana protagonizara el mes pasado el rescate de un grupo de 42 migrantes a la deriva durante 17 días en aguas del Mediterráneo ante la negativa de un puerto donde desembarcar.

Atracó su barco, Sea Watch 3, en el puerto de la isla siciliana de Lampedusa, lo que ocasionó su inmediata detención acusada de incitación a la inmigración clandestina, piratería y de haber intentado una maniobra peligrosa contra la Guardia italiana.

Si es declarada culpable, se enfrentaría a una condena de hasta 12 años de cárcel.

Aunque su acción humanitaria le valió el título de heroína y desencadenó la solidaridad internacional, enfureció al Gobierno italiano. Por ahora, la alemana de 31 años permanece bajo arresto domiciliario en Lampedusa, mientras la justicia resuelve su situación.

“A veces hay que tomar acciones de desobediencia civil para hacer valer los derechos humanos... lo volvería a hacer”, ha dicho sin reparos la activista de la ONG Sea Warch, una organización que se dedica a rescatar migrantes que naufragan en el Mediterráneo y llevarlos a tierra firme.

El sonado caso de Rackete, quien se define como “una ecologista convencida, atea y ciudadana europea”, plantea el dilema de la migración y del derecho a la vida, dos conceptos que parecieran transitar por caminos paralelos. Y, hasta dónde salvar vidas puede convertir a ciudadanos del común en criminales por contravenir las leyes.

El Gobierno italiano y su viceprimer ministro Matteo Salvini, que se opone con firmeza a las ONG que recorren el Mediterráneo en naves en busca de migrantes, desde hace varios meses ordenó el cierre de los puertos para limitar la llegada de indocumentados.

Pero el mar sigue devorando vidas. Se han documentado 70 naufragios en los últimos 16 meses, con 1.020 víctimas, de 816 no se sabe nada.

Vulnerados por las leyes

Antes que interpretar estas acciones individuales humanitarias, María Clara Robayo, investigadora de la Universidad del Rosario, señala que es importante ubicarlas dentro de un panorama de movilidad global: 80 millones de refugiados, 260 millones de migrantes y cerca del 5% de las personas que están fuera viviendo de sus países.

En su opinión, este panorama de la migración de refugiados o de una migración económica en condiciones muy precarias que necesita políticas de acogida, no es compatible con el tema jurídico de la mayoría de los países del mundo.

Se refiere particularmente a Europa, donde según ella, después de la crisis de Siria pareciera que el tema de la migración ha agotado cualquier capacidad de diálogo en las agendas de los gobierno.

En este contexto, no hay una coherencia dentro de las manifestaciones y necesidades de manejo de un fenómeno global y social con los marcos jurídicos que están aplicando la mayoría de países, estima Robayo.

“Ante la falta de esa coherencia, evidentemente el fenómeno en sí ha terminado movilizando más acciones de activistas y personas como la joven alemana”, comenta.

Esta situación, advierte la investigadora universitaria, pone de manifiesto que los migrantes terminan siendo “una población totalmente vulnerable y vulnerada, no solamente por su condición, sino por las mismas leyes migratorias”.

En esa línea, asegura que la parte humanitaria justifica muchas de las acciones de protección que requieren los migrantes, especialmente “cuando se vuelve un tema de vida o de muerte, más allá del tema legal y de seguridad fronteriza”.

Sebastián Polo, politólogo e investigador, identifica que la cuestión es que actualmente en Europa se está debatiendo no solo la importancia humanitaria y la responsabilidad que tienen las instituciones europeas de promover la garantía y la protección de los derechos humanos, sino que se está hablando directamente de una crisis política.

Es decir, dice que se revalúa la solución compartida de condiciones migratorias que deriven en responsabilidades políticas y sociales de los estados.

“El problema central no es solo el tema humanitario, sino la crisis política que deriva una respuesta conjunta continental por parte de Europa a la recepción de migrante”, insiste el experto.

Sumado a ello, enfatiza que la cuestión migratoria va directamente con los principios y las concepciones sobre lo correcto y lo justo por parte de las personas.

Para Polo, la gran conclusión, es que a pesar de la crisis humanitaria, en muchas ocasiones este fenómeno es usado como “carta política que se juegan” los gobiernos, pero que terminan decidiendo sobre la vida de las personas.

Dato

El 60% de los italianos son favorables a que el país mantenga cerrados sus puertos a barcos humanitarios.

Cifra

11.900 personas murieron, entre 2014 y 2018, tratando de llegar a las costas europeas del Mediterráneo.