El territorio, su ordenamiento y su desarrollo

Columnista Invitado

La regionalización deberá propender por la flexibilidad y adecuación de las estructuras políticas y administrativas. Estas asociaciones no pueden ser previstas para crear más burocracia o gasto público, sino para mejorar y redistribuir equitativamente la inversión y la cobertura de prestación de los servicios.

Esto debe buscar el futuro, y desarrollar la sustentabilidad o incremento permanente de la producción, inversión, empleo, el equilibrio territorial y la armonía con el medio ambiente; profundizar la descentralización y la autonomía o capacidad de decisión frente al Estado para optar políticas de desarrollo.

Tendrá como eje estos principios, para hacer que las regiones, como entidades territoriales intermedias asuman la competencia de dirección de la planeación, distribución de recursos asignados por el orden nacional, regulación del medio ambiente, ejecución de macro proyectos.

El municipio juega un papel muy importante como la entidad fundamental de la Nación y como quedó definido en la Constitución Política de Colombia de 1991, como la entidad territorial básica, donde se deben prestar los servicios y satisfacer las necesidades y donde el ciudadano tiene los espacios y mecanismos de participación más cercanos a él. Igualmente donde se le pueden prestar de forma más eficiente los servicios públicos.

Las regiones no serán ajenas a la apertura externa por un intercambio equitativo y en pie de igualdad con otras entidades territoriales e instituciones públicas y privadas del orden nacional e internacional. En la búsqueda de mercados, intercambio científico - tecnológico, educativo, cultural y de pactos de colaboración y cooperación.

Esto implica una nueva gestión pública. Una manera de gobernar abierta al cambio, de manera ágil, innovadora, creativa, mejorando la gobernabilidad de manera sinérgica e inteligente y proactiva.

El logro de la descentralización además del proceso positivo de la elección popular de alcaldes y gobernadores ha sido básicamente una desconcentración de funciones administrativas pues los recursos de transferencias están identificados y reglamentados desde el Gobierno nacional, dado que las transferencias tienen destinación específica y que las Entidades Territoriales cuenten con recursos suficientes para atender sus competencias.

La Constituyente en su artículo transitorio 38 le dio la potestad al Congreso para que “acomodara la división territorial del país a las disposiciones de la constitución, de mantener la unidad nacional, respetar la autonomía y la descentralización de las entidades territoriales y propiciar condiciones para el progreso económico y social en armonía con el medio ambiente”. No ha ocurrido y el actual desorden territorial no facilita la descentralización para lograr gobernabilidad, legitimidad, legalidad, sostenibilidad ambiental, eficiencia y participación.

El sociólogo y estudioso del tema regional Orlando Fals Borda, antes de su muerte dijo: “Pero lo que debe quedar claro es que la provincia Colombiana, tiene que ejercer el poder político que adquirió con la incipiente descentralización que se puso en marcha hace veintiún años. Ahora la provincia Colombiana no se ha dado cuenta del poder político que ganó con la elección popular de alcaldes, con la elección popular de gobernadores, con la procedencia de no solo cuarenta y seis por ciento de los ingresos de la región, con los ingresos corrientes, no con los ingresos totales de la nación; porque cuando uno pregunta cuánto vale las procedencias en relación con los ingresos totales de la nación, valen apenas dieciocho por ciento. Cuarenta y seis por ciento es una cifra manipuladora de la definición de ingresos corrientes que dejan por fuera los ingresos más importantes de una nación".

No es posible que el actual esquema territorial se sostenga sin mantener el estado de postración y mendicidad que hoy caracterizan a las relaciones entre los departamentos y el gobierno central.

El escaso propósito de reforma que han tenido las administraciones post-constituyente del 91, que no han demostrado ningún esfuerzo por impulsar la aplicación real del mandato de la constituyente, posiblemente fruto de un crudo realismo que las mayorías existentes en el parlamento se verían menguadas si se pretende cambiar las condiciones que hoy soportan la actual dirigencia política que miopemente cree que vería perdido su fortín político regional.

La alternativa que se ocupe de formular un nuevo esquema de organización territorial, como una de las tareas que el país tiene por delante al igual que implementar, viabilizar e impulsar el acuerdos de paz suscrito en La Habana y los que se deben ir definiendo con otras fuerzas insurrectas, regulando el centralismo de las negociaciones de paz.

No se deben desconocer los factores de la vida nacional que han afectado de manera considerable la descentralización como son: la crisis económica, la crisis política, el orden público, el narcotráfico y la corrupción; todas ellas variables que atentan contra la descentralización.

Se requiere un profundo cambio cultural para que la planeación se construya con nuevos valores que erradiquen los factores mencionados. La descentralización, la regionalización y el ordenamiento territorial son problemas de fondo y la fuerza determinante del desarrollo sostenible del país.

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