Como estaba previsto la Corte Constitucional le impartió la aprobación a la realización de un plebiscito para refrendar los anunciados acuerdos de La Habana, en los que el Gobierno y las Farc se comprometen a abandonar la confrontación que libran desde 1964.
Apenas con el salvamento de voto de dos magistrados que no consideraron vinculante el resultado de la consulta al electorado, el alto tribunal consideró que el plebiscito es el instrumento adecuado de involucrar la voluntad popular a los resultados de las conversaciones realizadas a lo largo de los últimos cuatro años.
También estableció la Corte el umbral que deberán sobrepasar los electores que estén de acuerdo para que el acuerdo tenga vigencia. Ha de ser el 13 por ciento del Censo Electoral, lo que equivale a cuatro millones quinientos catorce mil un votos.
La aprobación del alto tribunal era el último requisito legal que faltaba para configurar el escenario que dará inicio al proceso de consolidación de la paz, siempre y cuando, por supuesto, que los diálogos de La Habana concluyan con el acuerdo de las partes y se rematen las últimas puntadas del laborioso tejido.
De esta manera, y si no sucede algo extraordinario, se estará cumpliendo con el calendario esbozado por el Alto Comisionado para el Postconflicto, Rafael Pardo, que estimaba que el plebiscito tendría ocurrencia en la última semana de septiembre.
Simultáneamente la Corte estableció las condiciones en las cuáles habrá de tramitarse la consulta y ha dejado claras prescripciones de que debe brindarse igualdad de condiciones no solo a los partidarios y antagonistas de los acuerdos sino, también, a quienes quieran promover la abstención.
Entre las huestes partidarias del sí ya se ha dado comienzo a la organización de lo que debe ser un esfuerzo sistemático para que el electorado esté enterado de lo que está en juego ( iniciando por el texto de los acuerdos) y de esta manera acuda masivamente a las urnas y otorgue el necesario respaldo que se requiere para que el complejo, arduo, costoso y prolongado proceso de consolidación de la paz llegue a puerto seguro.
En ese propósito no pueden existir exclusiones ni persona o grupo político alguno puede monopolizar lo que es un triunfo colectivo y la culminación de un anhelo de generaciones que ha de permitir, finalmente, que el país y su gente concentre sus esfuerzos, recursos y opciones en beneficio de todo, a más de que los ríos de sangre, los millones de víctimas y la destrucción generalizada queden para siempre en el pasado.
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