Una tormenta política y diplomática se desató tras las revelaciones guardadas, celosamente, por magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia a los que el Gobierno de los Estados Unidos decidió suspenderles las Visas de ingreso a ese país. Aunque habían sido notificados desde comienzos de abril, un pacto secreto entre togados había impedido que se conociera de la suspensión.
Este escándalo, que empieza a crecer como bola de nieve, involucra a las Altas Cortes colombianas y los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos. La decisión afectó a los magistrados de la Corte Constitucional Antonio José Lizarazo, ponente de la Ley Estatutaria de la JEP y Diana Fajardo, clave en los debates de los asuntos relacionados con el proceso paz que se han dado en este tribunal. También, fue notificado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Eyder Patiño, quien negó una extradición por narcotráfico a un indígena.
A la notificación desde Washington se sumó el retiro de la cooperación por parte de Estados Unidos a cuatro proyectos de modernización que ya estaban definidos y financiados en la Corte Constitucional y que contaban con el presupuesto asignado por la embajada norteamericana.
No se necesita ser experto en altos asuntos internacionales para saber que estas presiones indebidas e indelicadas buscan presionar a los depositarios de la justicia colombiana por un tema: la extradición de connacionales a Estados Unidos.
Se trata de la misma extradición que ha tenido un ácido debate en estos años. Algunos episodios: La Corte Suprema de Justicia cambió la Jurisprudencia y negó la extradición a paramilitares con el argumento que primero son las víctimas en Colombia antes que los acuerdos de cooperación. Esa línea fue adoptada por la Corte Constitucional que extendió la garantía de no extradición a quienes tengan procesos pendientes en la JEP. Sumado a lo anterior, las objeciones a la JEP presentadas por el Gobierno del presidente Duque al Congreso incluyen dos artículos relacionados con la extradición. Hoy su futuro es incierto.
Mientras se espera un pronunciamiento del Gobierno Duque, que debiera ser en defensa de la justicia y sus magistrados libres de mordazas y presiones, las altas cortes deben mostrar independencia, buena fe y claridad en sus decisiones como custodios de la justicia colombiana.
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