Son muchos los desafíos que el nuevo año plantea para los colombianos y uno de los más notables es el de la justicia, base fundamental de cualquier Estado y sustento principal del sistema democrático. La intensa y prolongada violencia que vivimos en Colombia ha puesto a prueba de todas las formas imaginables a la justicia, que aunque ha recibido ataques desde todos los flancos y sufrido graves daños en algunos momentos de la historia reciente, siempre ha salido adelante y en momentos de crisis ha respondido con vigor y valentía para llevar esperanza a la Nación.
Lamentablemente, los ataques a la justicia y sus representantes no son cosa del pasado. Hace apenas una semana el fiscal contra el crimen organizado Alcibiades Libreros, de Cali, fue asesinado en una calle de esa ciudad. Hechos como este no pueden ser vistos con ligereza o como casos aislados, pues el hecho de que un funcionario encargado de adelantar investigaciones precisamente contra el hampa, muera de esta forma, sin protección alguna por parte del Estado, muestra una situación que no puede desligarse de lo que ocurre con el aparato judicial en su conjunto.
Según las estadísticas de la Corporación Fasol, entidad dedicada a la recuperación integral de las familias de los funcionarios y empleados de la rama judicial y la Fiscalía que han sido asesinados, secuestrados o que están en peligro de muerte, entre 1979 y 2018 mataron a 393 trabajadores de la justicia, entre jueces, fiscales e investigadores en el país. En total, Fasol reporta 1.505 “afectaciones de violencia” contra quienes imparten justicia en Colombia.
El asesinato del fiscal Libreros, el último en un año en el que la justicia sufrió agresiones de diversa índole, debe plantear al país entero la necesidad de que finalmente se le den verdaderas garantías a todos quienes trabajan para la rama judicial a fin de garantizarles a ellos su integridad y su vida y a los colombianos en general la seguridad de que está operando una justicia eficiente y eficaz en todos los campos.
El año que acaba de comenzar presenta grandes retos tanto para la justicia tradicional que debe enfrentar casos de gran trascendencia como el que adelanta la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe, como para la justicia transicional que debe continuar con el colosal trabajo que implica la implementación de los Acuerdos de Paz, que deben convertirse en una contribución determinante en el establecimiento de la verdad sobre décadas de violencia guerrillera y paramilitar, lo que dará al país la oportunidad de una reconciliación que detenga la tendencia de polarización que hoy vicia la marcha tanto de la política como del Gobierno. Un nuevo país en paz y progreso será posible solo desde el accionar de una justicia robusta, independiente, transparente y comprometida con el país y con el cumplimiento de su sagrado deber.
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