Van cinco líderes sociales asesinados en Colombia este año y contando...

Hoy todo apunta a organizaciones de narcotraficantes y a las nuevas bandas emergentes que controlan regiones productoras de coca.

Cinco líderes sociales asesinados en tan solo 10 días del año 2020 es una cifra muy escandalosa. Un número altísimo que nos debe avergonzar ante el mundo por el nulo respeto que tenemos en Colombia por la vida y, en general, por los derechos humanos.

Claro está que la marcada violencia contra los líderes sociales en Colombia no paró en 2019. El año cerró con 250 asesinatos contra estos dirigentes. Cauca, Antioquia y Nariño se convirtieron en los departamentos que encabezaron los registros por los crímenes contra defensores de derechos humanos, según el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Diciembre pasado también fue un periodo negro; según Indepaz, se contabilizaron 23 asesinatos de líderes. Uno de ellos fue el de Lucy Villarreal, una activista cultural ultimada luego de finalizar unas clases de baile en Tumaco, Nariño. Este es solo uno de los casos que tuvo gran resonancia por lo que Lucy representaba para la cultura y el fomento de las costumbres ancestrales en el Pacífico colombiano. Lamentablemente, con el tránsito de un año a otro, las cosas no cambiaron; por el contrario, el 2020 empieza a mostrar que este año los líderes sociales también están en la mira de los violentos.

Para el caso específico del Tolima, la Confederación General de Trabajadores, CGT, denunció que 11 dirigentes ya no cuentan con protección del Estado, porque la Unidad Nacional de Protección estaría implementando una política de desmonte de personal dedicado a salvaguardar a líderes sociales en Colombia. Esta medida pone en riesgo sus vidas porque se trata de personas que han recibido amenazas frecuentes.

Hace algunos años las muertes de líderes sociales eran atribuidas a las Farc y al paramilitarismo. Hoy todo apunta a organizaciones de narcotraficantes y a las nuevas bandas emergentes que controlan regiones productoras de coca. Es el Estado y nadie más que el Estado el responsable de la vida y la seguridad de todos los líderes sociales. La institucionalidad no debe renunciar a esa competencia exclusiva; porque más allá de enviar condolencias, es imperativo implementar políticas efectivas de protección para que las cifras de asesinatos no sigan en aumento.

EL NUEVO DÍA

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