Y el ‘Fedelleras’ volvió a la Gobernación

 En el transcurso del año la Supersalud y la Administración seccional tuvieron varias diferencias sobre las finanzas del H. Federico Lleras, mientras el ente nacional manifestó que el hospital había mejorado sus condiciones financieras y operativas; el gobernador Óscar Barreto puso de presente a comienzos de año, que la entidad seguía manteniendo un margen operacional negativo. La visita del viceministro de Salud Pública, Iván Darío González Ortiz, en julio fue aprovechada por los ciudadanos y diferentes sindicatos para enviar un mensaje al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y al Presidente de la República, el cual era que el Federico Lleras no estaba listo para dejar de estar en intervención forzosa.

A pesar de la oposición de varios sectores en agosto la ‘Super’ regresó el manejo del centro hospitalario al Departamento. Entre advertencias y la exposición de un balance financiero positivo, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, levantó la medida de intervención forzosa que tenía la entidad desde septiembre de 2014.

Plaza de mercado de Natagaima

 Una fuerte discusión se registró a lo largo del año en la ‘Meca del folclor’ debido a la propuesta del alcalde Jesús Alberto Manios de modernizar la plaza de mercado Luis Felipe González. La comunidad aseguró varias veces que había posibles irregularidades dentro del proceso.

Tras las críticas, el alcalde Manios salió al paso y respondió que siguió el conducto regular, cuyo proceso comprendió estudios y diseños por cerca de $200 millones y $3 mil 300 millones para la inversión de la estructura física.

Finalizando junio por presentar incumplimientos en la normatividad sanitaria la Secretaría de Salud del Tolima clausuró temporalmente la plaza, decisión que generó protestas.

Y, al tratar de adelantar un operativo de desalojo, se generaron fuertes enfrentamientos entre fuerza pública y los habitantes. Después de este hecho, la decisión del Alcalde fue cancelar el contrato.

No a Hidrototare

 Los habitantes de Alvarado, Anzoátegui, Venadillo y Santa Isabel, comenzaron el año con la preocupación del proyecto de generación de energía eléctrica Hidrototare sobre el río Totare. El 31 de enero en Ibagué se adelantó una audiencia pública en la que diferentes sectores sociales y ambientalistas expusieron sus argumentos en favor y en contra de que Cortolima entregara la licencia ambiental para instalar una pequeña hidroeléctrica.

En este espacio el procurador Judicial, Ambiental y Agrario, Daniel Rubio, solicitó a Cortolima “despachar desfavorablemente la solicitud de licencia ambiental”.

En octubre, a través de una resolución, Cortolima entregó la licencia ambiental pero a la vez negó varias solicitudes asociadas a la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica de la sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S.

Tras los diferentes cuestionamientos, Cardoso explicó que los solicitantes cumplieron con los requisitos que exige la normatividad ambiental en este caso y que en la zona de interés, no hay captaciones que se vayan a alterar.

Dificultades por daños viales

 Un tramo vial que generó serias dificultades en el sur del Tolima, fue el conocido como Los Guayabos, punto que conecta a Roncesvalles con el corregimiento de Playarrica en San Antonio.

En abril la caída de aproximadamente 100 metros de parte de la banca en la vía que conecta a Ataco con Planadas entre el corregimiento Santiago Pérez y la vereda El Cóndor, generó alarma entre la comunidad.

Durante más de un año los habitantes del corregimiento de Payandé en San Luis y Valle de San Juan, transitaron con temor por el kilómetro 7+200, tramo ubicado entre Buenos Aires (Ibagué) y Payandé, debido a que cerca de 20 metros del asfalto está en ‘el aire’ tras un proceso de socavación del río Coello.

Asimismo, el año cierra dejando en el sector Caño Fisto de la vía Ataco – Planadas, un tramo de 20 metros con pérdida en la mitad de la vía.

Un mal año para los trabajadores de la salud

 Más de 90 trabajadores del hospital Federico Lleras entre auxiliares de enfermería, administrativos, técnicos, médicos, especialistas y profesionales fueron despedidos, porque sus cargos se ofertaron a través de un concurso de méritos por medio de la Comisión Nacional del Servicio Civil en 2016.

El caso fue denunciado ante el Tribunal Administrativo del Tolima e investigado por el Ministerio del Trabajo territorial Tolima y Procuraduría Regional.

Y en el Reina Sofía de España en Lérida, los trabajadores terminan 2019 en asamblea permanente por la falta de pagos en los sueldos y prestaciones sociales, en algunos casos desde hace más de un año.

Triángulo del Tolima

 La Agencia de Desarrollo Rural, ADR, adelantó la suspensión de la circulación de agua por los canales del distrito de Riego Triángulo del Tolima para iniciar el retiro de la biomasa (árboles y plantas) ubicada al interior de la presa del distrito, proceso en el que la ADR destinó por tercera vez recursos.

En agosto se conoció una auditoría de la Contraloría General de la República, CGR, que dejó como resultado 19 hallazgos administrativos con incidencia disciplinaria, cinco con posible incidencia penal y cuatro con un presunto efecto fiscal que supera los $19 mil millones. En este caso está involucrado Cortolima, la ADR, Anla, entre otras entidades.

Pero, como si esto fuera poco, el ente de control cuestionó fuertemente a las autoridades ambientales por el hecho de que al día de hoy la presa Zanja Honda, parte fundamental del proyecto, no cuenta con licencia ambiental, a pesar de que se abastece de ríos como el Saldaña y Chenche y surte los canales existentes.

A todo el panorama se suma que el proyecto ‘Triángulo del Tolima’ está en riesgo de convertirse en parte del desierto de La Tatacoa.

Universidad del Tolima

 Un tema que generó polémica en el alma máter, fueron las razones por las cuales no se ha dado la acreditación de alta calidad a la UT. El informe de consejeros del Consejo Nacional de Acreditación, CNA, advirtió que la Universidad del Tolima podría presentarse nuevamente a un proceso de evaluación con fines de acreditación institucional. Las directivas de la alma máter trabajaron en una solicitud de reconsideración.

El listado de sugerencias entregado conforma nueve puntos relacionados con investigación, bilingüismo, procesos estatutarios y deserción intersemestral, temas en los que se deberá entrar a fortalecer los procesos para volver a buscar el distinguido reconocimiento.

De asamblea a paro indefinido

 A finales de octubre los estudiantes de la UT se declararon en asamblea permanente para discutir en conjunto, temas como la representación estudiantil, los motivos de la no acreditación en alta calidad de la alma máter y la reforma estructural que se viene adelantando desde hace dos años.

Tras varios días de mantener las puertas cerradas, finalizando noviembre los estudiantes se declararon en paro indefinido, decisión que duró hasta el 6 de diciembre, día en el que universitarios y Consejo Superior llegaron a varios acuerdos, entre ellos un plazo de 60 días para que los universitarios presenten sus opiniones sobre el estatuto general que está en construcción.

Lo que dejaron los incendios forestales

 El fuego arrasó en 2019 con 20 mil hectáreas de vegetación a nivel departamental. En enero, en Anzoátegui, el fuego desapareció 100 hectáreas de frailejones en el cerro Mulatos, plantas que estaban ubicadas en zonas de páramo. Se estima que tenían 300 años de formación.

Y en Honda un incendio incineró más de 2 mil hectáreas en la reserva El Tambor y las veredas Caimital y Kilómetro 42. La emergencia dejó daños en bosques, cobertura vegetal, suelos y animales.

Condena por Balcones del Prado

 En septiembre, el Juez Segundo Especializado condenó a 14 años y 10 meses de prisión por el delito de estafa agravada en masa a Rosa Ángela Gutiérrez Fairfoort, exesposa del alcalde de Mariquita, Alejandro Galindo, por el caso de la reventa de lotes en el proyecto conocido como Balcones del Prado.

Sobre este tema, también se conoció que en el proceso de actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Pbot, en Mariquita el polémico predio no pasó a zona urbana porque tras una exhaustiva revisión se concluyó que el lote no cumple con algunas especificaciones técnicas, entre ellas, no tener disponibilidad inmediata para la red de alcantarillado.

Comunidades indígenas

 En marzo las comunidades indígenas del departamento se unieron a la minga nacional por la defensa de la Vida y el Territorio, protesta que se hizo desde la vía Neiva - Castilla en jurisdicción de Natagaima. El 25 de abril se dio inicio a una gran Minga indígena en el resguardo Nueva Esperanza de Coyaima con el fin de poder establecer un diálogo con el Gobierno, sobre el territorio, la vida digna y la paz.

Finalizando el año, miembros de 123 comunidades marcharon para exigir mayor protección para los indígenas del departamento y del país, asimismo, exigieron mejores condiciones para los líderes indígenas y sociales al, igual que, el cumplimiento de acuerdos.

Del rojo al azul en Cortolima

 Los liberales iniciaron el año perdiendo el pulso político en la elección interna de alcaldes en Cortolima con el ‘barretismo’. Aunque los ‘rojos’ intentaron buscar un lugar, varios mandatarios locales de las toldas rojas prefirieron ir a la segura y apoyar las planchas conservadoras.

De otra parte, uno de los escándalos en la Corporación fue una denuncia por presunta falsificación de firmas y alteración en documentos, hecho que generó la suspensión del proceso que buscaba elegir dos representantes de ONG ambientalistas para conformar el Consejo Directivo durante el periodo 2020 – 2023.

En cuanto a la elección del director de la Corporación el resultado mostró que el ‘barretismo’ terminó extendiendo su poder en el Tolima, pues de las ‘toldas azules’ surgió Olga Lucía Alfonso como reemplazo del liberal Jorge Enrique Cardoso. De esta forma, luego de 13 años los conservadores recuperaron la dirección de la CAR bajo la línea del ‘barretismo’.

Zozobra por panfletos

 La intranquilidad por hechos como las extorsiones, los hurtos y amenazas por panfletos estuvo presente en varios municipios. En Planadas, por ejemplo, durante el año se adelantaron varios consejos de seguridad debido a situaciones como la quema de un vehículo en la vía Gaitania – Planadas a comienzos de 2019.

En los corregimientos Herrera y Maracaibo, de Rioblanco, al igual que en veredas aledañas al casco urbano, se registró en enero llamadas amenazantes y extorsivas, el blanco de los delincuentes en esa ocasión fueron los presidentes de Junta de Acción Comunal y los comerciantes.

Y en abril se conoció la circulación de un panfleto virtual en Roncesvalles, San Antonio y Chaparral, hecho que prendió las alarmas de las autoridades locales, sin embargo, tanto el Ejército Nacional como la Policía Departamental, descartaron su autenticidad.

Mientras que en mayo hubo denuncias que señalaban la presencia de personas armadas en San Antonio y Chaparral. La intranquilidad volvió a estar presente en la zona.

También, se habló de la presunta circulación de grupos armados ilegales en el Cañón de Las Hermosas.

En ese mismo mes, en ‘Ronces’ amenazaron vía WhatsApp a varios promotores de restitución de tierras, intimidación que recayó sobre el presidente del Concejo del Municipio, un periodista y una defensora de derechos humanos.

En un panfleto virtual declararon objetivo militar a Jorge E. Cardoso, director de Cortolima, junto a aquellos líderes indígenas y sociales que promovieron la consulta previa en el Cañón de Las Hermosas.

A Roncesvalles regresó la intranquilidad, especialmente, entre los productores y dueños de predios, debido a que estarían siendo objeto de extorsiones, vía telefónica.

Hotel Ambalá

 Una gran inquietud de la Asamblea del Tolima fue el cierre del hotel Ambalá, la pregunta constante durante el año fue cuál será el destino de este emblemático patrimonio del Departamento.

Tolihuila

 A mediados de marzo el CTI se ‘tomó’ la sede de Tolihuila para investigar una denuncia de posibles medicamentos adulterados. Tras el allanamiento, la entidad respondió a través de un comunicado que la indagación se hizo a la farmacia de Emcosalud entidad que era el operador logístico y red principal de medicamentos para Tolihuila.

En deterioro y sin respuestas

De otro lado, la clínica Esimed en Ibagué, pasado año y medio, sigue sin responderle a sus trabajadores. Hasta la fecha no les han pagado sueldos ni prestaciones a más de 400 trabajadores. A nivel nacional, los trabajadores decidieron adelantar una ‘tutelatón’ pero ni la ley ha obligado a la entidad a responder por sus acreencias laborales. A hoy, la clínica sigue cerrada, deteriorándose bajo el sol y el agua, mientras tanto, los trabajadores buscan a alguien que les responda.