El coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas, Diomedes Sandoval Chacón, puso en conocimiento de esta situación a la Personería de Ibagué, pues, según él, se ha incrementado el número de amenazas desde agosto del año pasado, sin recibir un esquema de la Unidad Nacional de Protección.

De acuerdo con Sandoval Chacón, las amenazas se hicieron evidentes en el primer semestre de 2013, cuando interpusieron dos tutelas en contra del alcalde Luis H. Rodríguez para que le fuera notificada a la Mesa de Víctimas los recursos que giraría la Administración municipal a través del Plan de Acción para atención a las víctimas del conflicto.

El líder argumentó que desde esa época, cuando empezaron a ejercer control a los recursos girados por cada una de las dependencias para la atención de las víctimas, se presentaron las amenazas a través de mensajes de texto y llamadas a celulares.

“Para nosotros existen unos contratos, que es la forma más corrupta de manejar los recursos de las víctimas, lo pusimos en conocimiento de la Personería pues se entregó un contrato a un señor para que nos dictara unas conferencias primero por valor de 25 millones de pesos y querían que la Mesa legalizara otros 25 millones. Pero si hablamos de restitución de tierras estamos hablando de fincas muy grandes que le tocan el bolsillo a gente muy poderosa”, indicó el vocero de las víctimas.

Olga Lucía Salamanca, quien también hace parte de la Mesa municipal, indicó a esta redacción que hace un mes y medio solicitó a la Policía nacional un esquema de protección, pues desde octubre y diciembre del año anterior ha recibido, mediante mensajes de texto a su teléfono celular, mensajes que alertan contra posibles atentados en contra de su humanidad por defender los derechos de las víctimas.

Según la mujer, quien vive en el sector del barrio El Salado, la situación es preocupante, ya que no existen garantías para ejercer la protección de los derechos reconocidos por el Gobierno nacional a través de diferentes leyes, incluida la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Sandoval solicitó al secretario de Gobierno, William Castro, apersonarse de la situación, ya que en las reuniones a las cuales ha sido invitado ha delegado a funcionarios, según él, sin capacidad para tomar decisiones.

Celeridad en las investigaciones

Martha Lugo, integrante de la Mesa Municipal de Víctimas, y como madre, hizo un llamado a la Fiscalía y a la Policía para que inyecten celeridad a las investigaciones para esclarecer los móviles y autores del asesinato de su hijo, ocurrido en noviembre del año pasado en el kilómetro 1, que del puente de la Variante conduce hacia el sector de El Totumo.

Lugo indicó que Pablo Andrés Quevedo Lugo, de 28 años, fue interceptado por hombres que lo trasladaron hasta el sector antes mencionado, donde fue objeto de cinco disparos que segaron su vida.

La mujer señaló que necesita conocer los móviles que condujeron a dicha muerte, ya que puede estar relacionada con su labor como líder de la Mesa Municipal de Víctimas.