Una nueva dilación surgió ayer para dar trámite a la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial que fue radicado por la Secretaría de Planeación el 14 de marzo y que por decisión de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), debió ser retirado de la plenaria.

La decisión de la autoridad ambiental afecta de la misma forma la ejecución del cabildo abierto que se llevaría a cabo hoy, requisito indispensable para hacer efectivo el estudio del proyecto por parte del Concejo municipal.

Mediante resolución Cortolima indicó que no encontró que se hayan subsanado en su totalidad las observaciones planteadas en el acta de concertación firmada el 29 de enero de 2014 con el municipio.

Según la resolución 6663 del 2 de abril de 2014, la Alcaldía de Ibagué debe dar cumplimiento a los asuntos establecidos en el acta de concertación del 29 de enero y tendrá 10 días hábiles para realizar los ajustes solicitados; será el Ministerio de Ambiente el que deberá dirimir el conflicto por entenderse que no se llegó a concertación.

Irregularidades detectadas

Mediante resolución, la autoridad ambiental indica que en la radicación del proyecto se incorporaron nuevas áreas al suelo urbano y de expansión adicionales a la propuesta inicial, que no concuerdan con el área mostrada en el mapa, ni los valores fijados en el mismo.

Cortolima identifica que esta ampliación correspondería al sector de Aparco, que en la resolución se considera como no aceptado.

De la misma manera, indica que la Administración no hizo entrega del documento actualizado por parte del Ibal para la identificación de las cuencas y microcuencas hidrográficas abastecedoras de los acueductos comunitarios y que surten del líquido a cerca del 15 por ciento de los ibaguereños.

De acuerdo con el acta de concertación, a la fecha no existe estudios de oferta hídrica pero el Ibal garantiza que con el caudal concesionado se logra abastecer el municipio. La empresa se comprometió a aportar un estudio actualizado que no se allegó a la entidad ambiental.

De la misma manera, llama la atención que no se contempla en el programa la ejecución de la actualización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado, que el municipio se comprometió a hacer en un término de corto plazo tanto para los usuarios del Ibal y de igual manera para los acueductos comunitarios.

Es de resaltar que el componente es de vital importancia, máxime cuando se habla de una expansión de suelo de alrededor de tres mil hectáreas que deben contar con red de servicios domiciliarios.

Lo mismo ocurrió con la identificación de los principales afluentes de agua que abastecen los acueductos veredales que no se actualizaron.

Otros aspectos

De acuerdo con Cortolima, el Municipio no adjuntó el documento por el cual Interaseo certifica la vida útil del relleno Sanitario La Miel y que las áreas para disposición y cantidades dispuestas son para la totalidad del proyecto.

De igual manera, no se incluyó en el articulado del POT que la ubicación de los empresarios en el suelo suburbano industrial se debe hacer en el corto, mediano y largo plazo, conforme a los fallos de acciones populares vigentes y a la normatividad ambiental.

“Lineamientos sí se acataron”.

El secretario de Planeación, Juan Gabriel Triana, mostró su preocupación por la solicitud expedida por Cortolima e indicó que blindarán jurídicamente el proyecto.

“Para nosotros es más importante cerrar el acuerdo y evitar demandas al proyecto, ya que está en fuego el futuro de Ibagué”.

De acuerdo con el funcionario las solicitudes de la corporación se deben a temas muy puntuales, por lo cual el 23 de abril volverían a radicar el proyecto ante el Concejo.

Según el funcionario se acataron los lineamientos del acta de acuerdo. ¿Qué ocurrió?

La presentación del POT ante Cortolima se efectuó en el primer semestre de 2013.

La autoridad ambiental devolvió en septiembre y noviembre el proyecto hasta que el Municipio allegara la información y documentos necesarios.

En más de un año, Cortolima y la Alcaldía de Ibagué hicieron revisión y ajuste del POT.

“A ese nivel de detalle van las cosas, el título del mapa cámbielo de esto a esto, este color no lo ponga de esta forma sino de otra”, dijo Triana.

De acuerdo con el funcionario le preocupa que “se están reiterando aspectos que ya estaban superados y que se habían subsanado”.

Triana señaló que con respecto al informe de la actualización de catastro de redes de acueducto y alcantarillado, el documento fue radicado y Cortolima omitió la revisión.

Qué resta

De acuerdo con Juan Gabriel Triana, existe la posibilidad de exponer el acta firmada el 29 de enero a una interpretación jurídica, pero esto alargaría más el proceso de radicación del proyecto. Por esta razón, se surtirá el proceso para responder las peticiones efectuadas por Cortolima.

“Estamos estudiando punto por punto, a donde creamos que haya lugar haremos las modificaciones del caso, donde no diremos ya se subsanó y lo pueden verificar y continuamos el trámite, tenemos que hacerlo y no vamos a evitarlo”.

Según Triana lo que se pretende es un “POT que salga legítimamente” ya que ha sido concertado con los consejos municipales de Planeación, ediles, más de tres mil ciudadanos, Fenalco, Andi, todas las organizaciones han participado”.

La voz y la contraparte

La concejal Diana Jaydy Castro salió en defensa de la corporación ambiental al indicar que al Concejo se le debe hacer entrega de un proyecto con las garantías establecidas en cada uno de los procesos. 

Según la concejal “la resolución nos lleva a la gran conclusión que al POT le hacía falta muchos soportes y argumentos en realidad para poderse llevar a cabo la discusión al interior del Concejo”. 

“Lo que se debe tener en cuenta es que el POT es tan importante que debe surtir cada uno de los procesos y se estaba violando uno de ellos”. 

Por su parte, la presidenta del Concejo, Linda Esperanza Perdomo señaló a Cortolima como la responsable de atravesarse en el desarrollo de la ciudad. “Cuántos años nos van a tener a la vela, llevamos once años tratando de organizar el territorio en el municipio y no hemos podido”. 

Según la cabildante, la decisión de “Juan Gabriel Triana y el equipo de Gobierno del doctor Luis H. Rodríguez es un acto de responsabilidad con este Concejo, que es suspender el estudio del proyecto”.