Arciniegas y Peña Ocampo, abogados que dividen a la Administración municipal

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El aumento salarial para directivos, técnicos, asesores, profesionales y personal asistencial se ha convertido en el caballito de batalla entre la Administración municipal y los sindicatos Asoempubli, Sintramunicipales y Sintramunicitol.

Esto a razón del concepto expedido por el Departamento de la Administración Pública (Dafp) que indicó que la nivelación salarial como tal no existe en el ámbito legal y lo precedente es la reforma a la planta de personal, la cual tiene asidero en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004.

De acuerdo con la norma, la reforma a la planta de personal de los empleos de las entidades deberá obedecer a la modernización de la Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que lo demuestren. Toda modificación a las plantas de personal deberá ser aprobada por el Dafp.

Según el criterio del organismo, la nivelación de salarios no es procedente, ya que la ley faculta y otorga a las entidades territoriales a concretar y acordar el incremento salarial, siempre y cuando no exceda los límites máximos fijados por el Gobierno nacional.

Por otro lado, si la convención y pacto firmado por la Administración municipal y los sindicatos es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, el Dafp aclara que si la “nivelación salarial” contraviene la Constitución Política será la Jurisdicción del Contencioso administrativo la que debe pronunciarse al respecto.

¿Preguntas direccionadas?

Oswaldo Mestre, secretario de Hacienda formuló ante el Dafp el 24 de febrero si eraprocedente incrementar las asignaciones básicas salariales por encima de los límites establecidos por el Gobierno nacional. Además, si ¿era posible realizar la nivelación salarial, la validez de realizar documentos para realizar incrementos salariales y qué responsabilidad tendrían los servidores públicos que incrementen la asignación por encima a los límites fijados por el Gobierno nacional.

El Dafp como ya había hecho referencia, indicó que es el Concejo el que debe fijar anualmente los límites máximos salariales y las escalas de remuneración, teniendo en cuenta el decreto 785 de 2005.

Repite, que la nivelación salarial no la contempla la Ley para los servidores públicos y deberá efectuarse una reforma a la planta.

Pero establece que las entidades y autoridades pueden negociar con las organizaciones sindicales incrementos salariales y suscribir documentos respetando los límites máximos salariales, fijados por el Gobierno nacional y consultando siempre las posibilidades fiscales y presupuestales de la entidad.

Es de recordar que el alcalde Luis H. Rodríguez y Mestre han afirmado que los dos mil 600 millones de pesos, costo del aumento exigido por las centrales sindicales, tiene garantizada su partida dentro del presupuesto de 2014.

El sí de Peña Ocampo

El abogado y asesor externo de la Alcaldía, Jhon Jairo Peña Ocampo, en concepto remitido a la oficina jurídica advierte que el pacto firmado es vinculante por parte de la Administración, ya que los derechos laborales son visualizados como Derechos Humanos y responden a tratados internacionales que el Gobierno aceptó y puede ser demandado.

Si bien es cierto, en el acuerdo suscrito entre el alcalde Luis H. y Asoempubli en el título se dicta como nivelación salarial, en el texto se establece que es un incremento y solo por la actual vigencia. Recuerda y concuerda que el Concejo es el que debe reglamentar el aumento salarial teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal y los argumentos de la Dafp.

Los límites del decreto 185 de 2014

El Gobierno nacional estableció este año que el límite de la asignación básica mensual para los empleados públicos de las entidades territoriales para directivo es de 10 millones 394 mil pesos; asesor, ocho millones 308 mil; profesional, cinco millones 804 mil; técnico, dos millones 151 mil y nivel asistencial dos millones 130 mil pesos.

En Ibagué, el decreto 01 de 2014 estableció que los asesores tendrán una asignación de dos millones 505 mil; profesionales, dos millones 60 mil; técnico, un millón 526 mil y auxiliares un millón 131 mil. Con el incremento no sobrepasaría los límites establecidos por el Gobierno nacional.

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