El personero de Ibagué, Isaac Vargas Morales, dirigirá a la Corte Constitucional un oficio exponiendo las irregularidades y dilaciones que han existido para dar cumplimiento a la sentencia 740 de 2012, por medio de la cual se ordenó al Ministerio de Vivienda, la Alcaldía de Ibagué y la Gestora Urbana la reubicación en un término de seis meses de la población vulnerable que invadió las viviendas en Nueva Castilla.

De acuerdo con Vargas, no se han respetado los términos de la sentencia y no hay “avance significativo” para su cumplimiento.

“Hubo demoras, morosidad tanto de la Administración municipal como de la Gestora Urbana para adelantar diferentes trámites. Aquí no nos callamos nada, aquí le vamos a enviar un oficio a la Corte Constitucional que tendrá que conocer la situación”.

Vargas fue muy crítico por el desinterés del alcalde de Ibagué, Luis H. Rodríguez y sus delegados en asistir a la reunión del pasado miércoles en donde se discutió con delegados del Ministerio de Vivienda el cumplimiento de la norma.

Por otro lado, Vargas manifestó su inconformismo por la actitud del Ministerio de Vivienda que no “le ha parado bolas” al tema, cuando la Alcaldía de Ibagué ha enviado comunicados solicitando que de las mil 100 viviendas de los Multifamiliares El Tejar, 104 sean destinadas para dar cumplimiento al fallo.

“El Ministerio de Vivienda no le he parado bolas al cumplimiento de la sentencia, ellos pensaron que esto era netamente del alcalde cuando en la misma se conmina a que haya un censo para que se privilegie a una población vulnerable.

“Se encuentra con preocupación que el Ministerio no da ninguna explicación o respuesta a los avances de los cumplimientos de esta sentencia, por el contrario a una petición que formuló el alcalde, para reubicar a estas personas en las mil 100 viviendas en El Tejar, ellos (El Ministerio) dicen que no cumplen con los requisitos, suerte entonces que la Solución queda a la deriva”, manifestó Vargas.

De igual manera, renegó de la efectividad de la Policía Metropolitana de Ibagué para brindar especial protección como lo señala la sentencia, en Nueva Castilla, orden que no ha sido ejecutoriada. “Aquí hay expresiones como: yo esta sentencia la cumplo en esta parte pero en la otra no, cuando la sentencia es de obligatorio cumplimiento”.

Reubicación cuesta más de cuatro mil 200 millones de pesos

 El gerente de la Gestora Urbana, Arlén Márquez, se defendió de los ataques hechos por el personero, Isaac Vargas Morales. Informó que desde el mes de febrero se ha enviado comunicaciones al Ministerio de Vivienda para que se destine 100 unidades de los Multifamiliares El Tejar en el cumplimiento del fallo.

“Se les ha enviado cartas, se les practicó visitas personales, se les ha advertido de la sentencia y aún hoy no ha dado una respuesta el Ministerio. Cada vez que nosotros vamos, nos dicen que están estudiando el tema”, añadió

Márquez manifestó que el Municipio le ha planteado al Gobierno nacional que se modifique el convenio suscrito con el Fondo de Vivienda para que solo mil viviendas de El Tejar sean destinadas a la reubicación de personas por fallos de tutela, desplazados y afiliados a Familias en Acción com o lo establece la Ley 1537.

Las condiciones antes descritas no las cumplen los habitantes de Nueva Castilla, por lo que se pide que se cumpla el fallo de la sentencia 740 en la modalidad de sentencias judiciales, refirió Márquez.

El funcionario señaló que la propuesta presentada se debe observar desde la óptica presupuestal, ya que el Municipio no cuenta con el lote, el Gobierno nacional podría responder que no cuenta con los recursos y el efecto de la sentencia “sería un canto a la bandera”.

Márquez dijo que no hay más soluciones a la vista y agregó que la reubicación de estas familias en un proyecto de vivienda nuevo le costaría al Municipio cuatro mil 200 millones de pesos.