El fallo del Juzgado Cuarto Penal municipal que ordenó el arresto por dos días contra el alcalde Luis H. Rodríguez y el gerente de la Gestora Urbana, Arlén Márquez, sería una alerta de la posible crisis administrativa y de gobierno que se podría desencadenar si la Administración municipal continúa incumpliendo las sentencias que ordenan la reubicación de familias vulnerables y declaradas en zona de alto riesgo en la capital.

Así lo asimiló el concejal Humberto Quintero, quien responsabilizó a los asesores jurídicos de la Alcaldía del fallo proferido por la juez María Doris Barreto, que los sancionó con el arresto y el pago de un salario mínimo cada uno, por incumplir el fallo de la sentencia T-740 proferida por la Corte Constitucional el 25 de septiembre de 2012, que ordenó la reubicación de 93 familias de la urbanización Nueva Castilla, y en el caso puntual, el de María Eugenia Gutiérrez Valencia, cabeza de hogar, quien padece de una discapacidad y vela por la manutención de tres menores.

“El problema ahora no son los dos días de arresto, sino las demás acciones populares y de tutelas que tampoco se han cumplido. Dónde va a parar la Administración municipal teniendo al alcalde arrestado por los incidentes de desacato”, mencionó el cabildante.

Quintero recordó que del empréstito de los 100 mil millones de pesos que aprobó el Concejo, se dejó con fin específico 10 mil millones de pesos para la compra de tierra y construcción de viviendas de interés prioritario y, así, dar cumplimiento a los fallos judiciales por reubicación de asentamientos. A la fecha la Secretaría de Infraestructura no ha efectuado la compra de predios para adelantar los proyectos.

“Esto va a generar unas dificultades graves y una crisis administrativa, porque no vamos a tener alcalde, ya que va a tener que estar defendiéndose de las acciones de desacato”, explicó Quintero.

¿Muros en el aire?

El Concejal argumentó que la Alcaldía debe dejar de creer que el Gobierno nacional vaya a destinar 100 de las viviendas de los multifamiliares El Tejar para solucionar la sentencia 740 de la Corte Constitucional, cuando está dando cumplimiento es al fallo interpuesto por Félix Martínez para otorgar vivienda digna a las personas víctimas de desplazamiento.

“El Tejar es para extrema pobreza y familias desplazadas y no podemos estar esperanzados a que el Gobierno nacional vaya a entregar estas casas, teniendo en cuenta que ya tienen una destinación específica y el Gobierno no va a incidir en problemas graves de desacato”.

El fallo: “es negligente accionar de la Alcaldía”

La juez María Doris Barreto consideró que pese a las respuestas dadas por la Alcaldía sobre el adelanto de diversas mesas de trabajo con las dependencias involucradas, como Ministerio de Vivienda y Fonvivienda y de los trámites administrativos que se han efectuado, como el caso de la suscripción de contratos de arrendamiento para la reubicación de los ocupantes de hecho de Nueva Castilla, y de no coordinar las acciones con las entidades nacionales que han impedido cumplir satisfactoriamente con el fallo de la Corte, “no tiene presentación escudarse en los trámites de orden administrativo para evadir el cumplimiento de lo ordenado, observándose, por el contrario, la desidia de las entidades involucradas, que se han limitado a apoyarse en la realización de un censo y el adelantamiento de mesas de trabajo que no muestran objetivos concretos”.

Barreto señala que en los argumentos de la Administración municipal no se muestra de qué forma y por qué medios se ha planificado el cumplimiento del fallo, qué gestiones se han efectuado para la consecución de los recursos y la asignación presupuestal para la reubicación de Gutiérrez Valencia y su núcleo familiar, así como su inclusión en un programa de vivienda de interés social.

“Con estas premisas y teniendo como fundamento el desarrollo de la acción hasta el día de hoy, debemos afirmar que la actuación del señor Alcalde y del Gerente de la Gestora Urbana ha sido negligente, pues han incumplido con lo ordenado por la sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional”, advierte el fallo.

MÁRQUEZ ADVIERTE QUE A LA AFECTADA NO SE LE HA VULNERADO alGÚN DERECHO

El actual Gerente de la Gestora argumentó que a la fecha a la señora María Eugenia Gutiérrez no se le ha vulnerado algún derecho, ya que continúa ocupando la vivienda en Nueva Castilla y no se le ha pedido o efectuado una acción de desalojo.

El funcionario recalcó que son los propietarios de las viviendas quienes deben pedir el cumplimiento de la sentencia 740 y no quienes están usurpando las viviendas, como en el caso de la señora Gutiérrez.

“No se le está vulnerando ningún derecho, porque la señora está ocupand o de hecho una vivienda que nadie le ha quitado. La solución provisional de la que trata el fallo era para devolver el predio a la persona a que le fue vulnerado su derecho cuando se lo invadieron y ni siquiera ellos han puesto acciones judiciales. Quienes deben pedir el cumplimiento del fallo son los propietarios y no quienes las están usurpando”, agregó el funcionario.

Márquez recordó que la solución definitiva para esta mujer y las otras 93 familias de Nueva Castilla es su reubicación en los multifamiliares El Tejar, a cargo del Ministerio de Vivienda, que debe responder la petición efectuada por la Administración local para destinar 100 de los apartamentos para este fin.

Por otra parte, demeritó los argumentos expuestos por la Juez Cuarta Penal Municipal que calificó de negligente el accionar de la Alcaldía, ya que sí se ha efectuado los trámites para dar cumplimiento al fallo .

“Creo que a la juez no le entregaron el acervo probatorio o que quien hizo la defensa del caso no lo hizo adecuadamente”, anotó Márquez .

NUEVA ACCIÓN DE TUTELA PARA REUBICACIÓN EN EL TEJAR

Jaime Beltrán Medina interpuso una acción de tutela en contra de la Alcaldía para que sea incluido como beneficiario de los apartamentos de los multifamiliares El Tejar.

La razón se orienta a que desde 2008 fue censado por el Municipio como una de las personas que están en zona de riesgo por deslizamiento en el barrio Industrial. Hasta el momento, no ha sido reubicado y al no poder acreditar un salario para poder acceder a un subsidio de vivienda por parte de la Nación, instauró la acción legal para que le sean protegidos sus derechos a una vivienda digna.

El Juzgado Séptimo avaló el 7 de abril de 2014 la petición de Beltrán Medina para que en 48 horas lo vinculara como beneficiario del proyecto de vivienda so pena de incurrir el Alcalde en desacato de hasta seis meses y una multa de hasta 20 salarios mínimos.

Sin embargo, el 12 de mayo, el despacho solicitó de nuevo al Mandatario y a la Secretaría de Salud para que cumpla la tutela, so pena de iniciar el proceso de desacato.

Beltrán Medina, de 69 años, advirtió que la Administración local en comunicaciones escritas le ha confirmado su vinculación al proyecto, sin embargo el Ministerio de Vivienda ha negado que aparezca como beneficiario de uno de los mil 100 apartamentos de El Tejar.

“Solo pido a la Administración que me colabore y cumpla con la sentencia del Juzgado Séptimo Penal del Circuito”, dijo.