Según el funcionario, se ha detectado diversas irregularidades, como el tiempo en que fue adjudicado el contrato de viabilidad técnica, el porcentaje de participación que tendrá el Municipio en el negocio y hasta se ha cuestionado la idoneidad del contratista que ha generado especial atención y descontento por parte de los ibaguereños.

En el documento enviado a Luis H., el órgano de control establece que el Ejecutivo debe propender por que el Municipio obtenga los mayores beneficios en el negocio y que los dineros que serán percibidos por el contratista se ajusten a la legislación colombiana, que de no hacerlo se podría ver afectado el patrimonio público.

“La Contraloría ha tomado cartas en el asunto, vemos situaciones que son de mucho cuidado frente a la ideoneidad de la persona que elaboró el estudio, los ingresos, la tasa interna de retorno... una serie de actuaciones que deben ser tomadas en cuenta antes de llegar a ser ejecutado por la Administración municipal”, dijo Riaño.

De igual manera, señaló que se debe contar “con un soporte técnico e idóneo que permita establecer los índices de infracciones de tránsito, sus causas y el impacto que tendrá en la comunidad”.

Entre otras acciones que han llamado especial atención, Riaño dijo que serán objeto de revisión el tiempo y el valor de contrato de la consultoría que, como lo reconoció la Administración, no se ajusta a la realidad de recaudo de la Secretaría de Tránsito.

Por último, Riaño especificó que aunque con esta misiva no se detiene o se tumba el acuerdo que le otorgó facultades pro témpore para concesionar el sistema, sí fija un punto de referencia para que la Administración obre con base en los principios de la contratación pública.