Las denuncias por las presuntas irregularidades por la administración que ejerce María Elida Delgado y su familia en el polideportivo Maracaná vuelven a generar controversias entre los presidentes de junta de acción comunal de los barrios Galán y La Reforma, por los cerca de 22 de millones de pesos que le adeudaría al Ibal.

Así lo expuso el fiscal de la Asociación de Juntas de la comuna 12 y presidente de la JAC del barrio La Reforma, Rommel Barrero, quien no se explica por qué pese a las continuas denuncias que han sido elevadas desde 2008 a la Administración municipal, continúa Delgado frente la administración del centro deportivo.

“Vaya cuélguese un pobre uno o dos o tres meses y verá que le cortan el servicio. Acá no hay igualdad. Es injusto que le haga cumplir la ley a los demás y que a los que están apadrinados no les suceda nada”, indicó el edil.

Barrero cuestiona no solo el bajo costo que se factura a la administración por el servicio de acueducto y alcantarillado, sino que, a pesar de esto, los recursos que generan la cafetería, el uso de las piscinas y las canchas no alcancen para suplir el pago de los servicios públicos.

Y agrega que ya se ha efectuado un llamado a la Alcaldía de Ibagué para que se pueda cambiar la junta administradora y que una de las juntas de acción comunal asuma su funcionamiento, pues son pocas las inversiones que se hace al inmueble.

Imdri confirma que junta debe correr con los gastos

El 9 de agosto, Jaime Arévalo, residente del barrio Galán, en derecho de petición radicado ante el Instituto de Recreación y Deporte (Imdri), solicitó al gerente Carlos Heberto Ángel señalar quién es el responsable de asumir el pago de los servicios públicos del polideportivo y su mantenimiento.

En respuesta con fecha del 30 de agosto, el funcionario cita el acuerdo 007 del 14 de mayo de 2010, por el cual el Concejo estableció que las personas jurídicas o juntas de Acción Comunal, ONG, clubes, ligas deportivas que suscriban convenio con el Municipio para la administración de un escenario son las responsables de cuidar, conservar y utilizar de manera óptima el bien, así como invertir en su mantenimiento.

“Bajo este criterio, las personas jurídicas que administren los escenarios deportivos están en la obligación de sufragar los servicios públicos de agua, aseo y energía eléctrica que produzca cada escenario”.

“Ellos recogen dinero a diario con las piscinas, el parqueadero que tienen de noche y las canchas, qué hacen con la plata que recogen todos los días y los fines de semana, que deben 22 millones de pesos de agua”.

EL NUEVO DÍA intentó comunicarse con Delgado, pero no se logró.

¿Envidias?

 En 2011, Rommel Barrero denunció las presuntas irregularidades que se han gestionado por parte del anterior administrador, Edilberto Puentes, contra quien la Contraloría municipal abrió un proceso de investigación por un hallazgo de siete millones de pesos.

Barrero señala que Delgado es presuntamente la compañera sentimental de Puentes, por lo que existiría un favorecimiento para que esta familia continúe frente a la administración.

Puentes explicó en su momento que las denuncias se trataban de actitudes envidiosas por la gestión ejecutada y que pretendían menoscabar su nombre e imagen.

“La gente se muere más de envidia que de cáncer. Las personas que reclaman ya lo tienen por costumbre; no es la primera vez que lo buscan y pretenden menoscabar mi identidad de dirigente, mi honestidad y mi transparencia; propongo que inviten a los entes de control, a todas las ‘ías’ y que me ajusticien si es que tengo algo que pagar o si tengo algún mal manejo no solamente en el polideportivo Maracaná, sino en todo mi ejercicio de más de 50 años como dirigente cívico”, expresó Puentes.