Después de un año de conversaciones con el Ministerio de Trabajo se frustró el convenio que suscribirían la Secretaría de Bienestar y la entidad nacional, para indentificar la población infantil que labora en la capital. La Alcaldía de Ibagué advirtió un estancamiento en el proyecto.

La secretaria de Bienestar Social, Liliana Hernández, explicó que hubo puntos en discusión que no pudieron ser superados en los diálogos, por lo que la Administración local tomó la decisión de contratar y ejecutar con recursos propios el censo.

Entre las razones expuestas por la funcionaria, que llevaron a un posible estancamiento en las conversaciones, estuvo la insistencia del Ministerio de solicitar en repetidas ocasiones documentación que se allegaba y posteriormente negaba haberla recibido.

“Mandábamos los documentos nos decían que no los habíamos enviado. Estábamos en unos puntos en donde no avanzábamos y decidimos hacerlo directamente, poner nosotros los recursos”, declaró Hernández.

La funcionaria agregó que con los 150 millones de pesos que la Administración local tiene destinados se logró contactar a operadores con experiencia comprobada que son quienes efectúan la línea base al Ministerio de Trabajo en cuanto a minería.

“Por los mismos 150 millones que íbamos a poner, logramos identificar operadores aquí en Ibagué y nos los hacen con experiencia comprobada, pues son quienes le hacen la línea base al Ministerio en cuanto a minería entonces nos dan garantía”.

Según la funcionaria, en estos momentos se presentó una propuesta que ofrece al municipio la elaboración de 12 mil encuestas; “nos aseguran todas las familias que tengamos, además de la zona urbana y rural por los mismos 150 mil pesitos como decía Pacheco”, dijo la Secretaria.

Hernández especificó que la entidad que hizo el levantamiento al Ministerio fue la Universidad Abierta y a Distancia (Unad) y es a la cual se le solicitó la cotización de las encuestas.

Y agregó que el proceso se encuentra en estado precontractual, pero esto no quiere decir que dicha corporación sea con la que se contrate el estudio.

Mintrabajo responde

 El director de Derechos Humanos del Ministerio de Trabajo, Eduardo Bejarano, negó que el Gobierno nacional obstaculizara el proceso, pues fue dicha entidad la desde un principio prestó el respaldo a los concejales que viajaron hasta Bogotá para gestionar recursos y formular proyectos para erradicar el trabajo infantil.

Según Bejarano, él sostuvo una reunión con los cabildantes Emiro Murillo, Héber Humberto Sánchez y Ernesto Ortiz junto con el actual secretario de Gobierno, Gustavo Hernández, y la secretaria de Bienestar Social, Liliana Hernández, en donde se determinó desarrollar un estudio tendiente a identificar la población infantil que trabaja en la informalidad.

“Yo fui hasta Ibagué a una reunión con los mismos concejales que se reunieron con el ministro Rafael Pardo; estuvo el doctor Gustavo Hernández, hoy secretario de Gobierno, y la doctora Liliana Hernández, y les dije ‘vamos a hacer un convenio entre la Alcaldía y la Gobernación para buscar un operador que hiciera la tarea y las encuestas para saber los niños trabajadores. La Secretaria dijo que ella conocía una fundación muy buena y fui un poco grosero porque le dije ‘mire, Liliana, yo no voy a trabajar con fundaciones que no me den garantías y no me den transparencia, si quiere lo hacemos con la Universidad del Tolima, con la Universidad de Ibagué con la Cruz Roja como quieran, pero con fundaciones de medio pelo o improvisadas a eso no le meto y menos voy a comprometer al Ministerio’”, aseveró Bejarano.

El vocero nacional aclaró que el trabajo se inició con la Cruz Roja, pero que el inconveniente se presentó debido a que el organismo dentro de sus actividades no contempla la elaboración de encuestas.

Según su versión, propuso que se contratara con la Universidad del Tolima, no solo porque es una entidad pública, que ofrece garantías de transparencia, sino por la trascendencia que representaría para el observatorio de empleo de la alma máter.

Bejarano sostiene que la respuesta entregada por la Administración local fue la de haber presentado inconvenientes con anteriores convenios suscritos con el claustro universitario por lo que “la vetó”.

“Me sorprende que ahora quienes no hicieron la tarea, que pusieron todas las trabas y que vieron con malos ojos a la Universidad del Tolima sean ahora los que digan que fuimos nosotros. Eso no tiene ninguna presentación y razón de ser”. 

¿Falta de gestión?

Bejarano citó el caso puntual que sucedió con el hoy exsecretario de apoyo a la Gestión, Jhon Ésper Toledo, quien solicitó el respaldo del Gobierno nacional para desarrollar actividades en pro del no trabajo infantil, recursos que no pudieron ser comprometidos porque, al parecer, no se envió la justificación de los dineros de forma oportuna.

“El año pasado se presentó la misma situación en donde el señor Toledo pidió la colaboración del Ministerio para apoyar el tema de trabajo infantil, le dije ‘sí tengo recursos, pero tengo que cerrar el tema presupuestal dentro de ocho días, si usted no me pasa por escrito, para qué los necesita, no lo puedo separar’. Le pedí una carta y la envió después del plazo que había estipulado el Ministerio. Ese es el modus operandi de ellos, no gestionar y cuando algo les sale mal ahora es culpa de los demás, particularmente de Eduardo Bejarano; eso es el colmo”, puntualizó.