Un denunciante señaló que de darse la construcción, se perjudicarán varias quebradas y nacimientos que desembocan al río Alvarado, y que añadido a la contaminación que ya presenta en inmediaciones del barrio Pacandé, el afluente en poco tiempo podría terminar como un caño.

“No es posible que vendan unos lotes donde existen unos humedales y solo para que una persona se llene los bolsillos de plata a costa del sacrificio del río Alvarado”.

Y aseguró que conoce casos de personas que se sienten estafadas, pues, al parecer, ya se habría entregado dineros para adquirir un pedazo de tierra, donde según Cortolima, está prohibido edificar.

“Acá vino una señora llorando que había dado tres millones de pesos para adquirir un lote y construir una casa para los hijos, pero me tocó decirle que perdió la plata porque en esos terrenos no se puede construir; le dije también que entre las personas que compraron deberían efectuar una demanda colectiva por presunta estafa.

“Es que no entiendo cómo el hijo de don Rigoberto, que en paz descanse, vea esos lotes que su padre preservó como un negocio, a pesar de todo el cuidado que tuvo con la zona. Incluso, en El Paujil hace muchos años cultivaban arroz, pero debido a que caían sustancias tóxicas al río, tuvieron que prohibir la siembra. Y aunque no he tenido la oportunidad de hablar con Rigoberto, sé que él es consciente de lo que hace, y si ahora denuncio, no quiere decir que tenga algo en contra de él”, agregó.

En investigación

 En ediciones anteriores, EL NUEVO DÍA informó sobre la denuncia interpuesta por el abogado Andrey Gustavo Ramos, sobre un presunto favorecimiento del director de Estudios Estratégicos de Planeación, Leandro Vera, al sindicato Unión Colombiana de Conductores y Trabajadores del Transporte Público (Ucctt). En esa ocasión el profesional dijo que desde la mencionada dirección, se estarían comprometiendo a tramitar en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial la legalización del predio Paujil.

Lo anterior, a que el lote se encuentra dentro de zona rural y que se pretendía incluir dentro del POT como zona urbana, para poder legalizar lo que serían las soluciones de vivienda, asimismo que el predio ya tenía certificación de aguas, expedida por el Ibal y que el paso siguiente era la aprobación del Consejo Territorial de Planeación. También este rotativo en su momento habló con el líder sindical, quien estaría recolectando el dinero, pero éste negó las acusaciones.

Por su parte, Cortolima, recordó que está prohibida cualquier construcción en el área.