Los nexos y antecedentes del contratista del Panóptico

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El contratista ganador de la licitación para la culminación de la fase Uno del Panóptico fue colega de la secretaria de Cultura, Ángela Viviana Gómez, en la administración del alcalde Jesús María Botero; hoy su jefe inmediata y quien aprobó adjudicación de las obras.

La adjudicación de la licitación para las obras de la fase I del centro cultural al consorcio Panóptico dejó diversos interrogantes, entre ellos quién es Hugo Miguel Ferro Molina, el proponente que acreditó soportar económicamente el proyecto en un 70 por ciento y cuyo valor asciende a los mil 852 millones de pesos.

La audiencia de adjudicación se llevó a cabo el pasado 19 de agosto y en la resolución correspondiente se dejó constancia de que en el proceso se presentó como proponente el Consorcio Panóptico, propuesta que fue evaluada encontrando que no tenía la seguridad social de uno de los consorciados, requerimiento que fue subsanado, con lo cual cumplió todos los requerimientos del pliego.

Ferro Molina tiene una participación del 70 por ciento y RB Construcciones S.A.S., de Yumbo, Valle del Cauca, y registrada en Cali, el 30 por ciento restante del negocio.

EL NUEVO DÍA logró conocer que Ferro Molina no solo es conocido por la Administración local, sino que trabajó en el gobierno del exalcalde Jesús María Botero, junto con la hoy secretaria de Cultura, Ángela Viviana Gómez, quien lleva dos períodos consecutivos en el cargo y será quien oriente el proceso de construcción de la fase Uno del monumento.

Según el cronograma de actividades, el contratista deberá construir baterías sanitarias, la sala de juntas y el sector de comercio, y habilitar la zona WiFi, así como construir la cafetería y recuperar el espacio público en un término de cuatro meses.

¿Quién es Hugo Miguel Ferro Molina?

Según documentos a los que accedió EL NUEVO DÍA, Ferro Molina es ingeniero Civil egresado de la Universidad Cooperativa. En su hoja de vida, refiere haber trabajado como residente en obras, escultor vial, consultor en el plan vial departamental, supervisor de maquinaria e interventor.

Así mismo, acredita tener experiencia en la construcción de piscinas de aireación en el sector petrolero, ubicación de tubos conductores y lo referente a aguas grises, construcción de diques para la captación de aguas de tipo industrial y para la protección de crudo.

Sin embargo, en la hoja de vida no se referencia que haya efectuado trabajos relacionados con parques industriales y/o bodegas comerciales o construcción de edificios industriales o bodegas nuevas, servicio de construcción de edificios públicos especializados como lo exigía el pliego de condiciones como experiencia al proponente.

No obstante, aún se desconoce si los integrantes del consorcio RB Construcciones S.A.S. acreditaron esta experiencia y qué obras o contratos ha ejecutado en los últimos cinco años.

¿En qué proyectos ha trabajado?

Según certificación expedida por la Gestora Urbana, Hugo Miguel Ferro Molina, fue nombrado mediante resolución 1665 del 2 de agosto de 2010 en el cargo de jefe de la oficina de Vivienda y Proyectos de la Gestora Urbana. Ejerció en el mismo, desde el 2 de agosto hasta el 10 de octubre de 2010.

Posteriormente, el 22 de noviembre fue nombrado como asesor de la oficina Operativa y de Vivienda y Proyectos de la entidad, cargo que desempeñó por nueve meses.

Y de igual manera, del 9 de agosto de 2011 al 31 de marzo de 2012 como jefe la oficina de Vivienda y Proyectos.

Pero lo que genera inquietud es que Ferro Molina, además de ser quien tiene a su cargo obras de gran envergadura como la del Panóptico, fue asesor de proyectos como Villas de Gualará y Nueva Castilla, los lunares de la Administración del exalcalde Botero y heredados a la actual administración.

Según informes a los que pudo tener acceso EL NUEVO DÍA, prestó labores de asesoría a la consecución de Villas de Gualará, proyecto que inició en octubre de 2010 y cuyo costo ascendió a los cinco mil 144 millones de pesos.

Por estas obras, la Contraloría de Ibagué inició proceso de responsabilidad fiscal por el hallazgo de 279 millones 685 mil pesos derivados de las irregularidades que se ven representadas en la transgresión del principio de Planeación, así como en las deficiencias en la coordinación de las actividades de los contratistas.

La Contraloría resalta que los recursos para la construcción de estas viviendas eran de la Nación, donde el Gobierno central asignó subsidios para 325 viviendas de interés social mediante Resolución 059 del 24 de agosto de 2009, al cual fue adicionada la construcción de 140 viviendas para la población en estado de desplazamiento.

Aunque el órgano de control tiene en reserva del nombre de los posibles implicados en el proceso, por estos hechos abrió proceso de responsabilidad Fiscal contra el contratista, Diego Andrés Duque Medina, el Jefe de la oficina de Vivienda y Proyectos especiales y el interventor José Ricardo Riaño Forero.

Es de resaltar que en las obras ejecutadas se presentaron fallas estructurales que afectan la estabilidad y durabilidad de la obra con un posible detrimento calculado en la suma de $4.492.818.

De igual manera, el pago de la reparación de redes de servicios públicos de energía y gas natural en cuantía de 17 millones 783 mil 299 pesos, cargos endilgados al Gerente, supervisor y Jefe Procesos de Vivienda y Proyectos Especiales y el interventor de la obra.

Falta de legalización de los anticipos de los distintos contratos suscritos por el Banco Inmobiliario y que al terminar la vigencia 2012 no se encontraban debidamente legalizados: esta irregularidad ascendió a 307 millones 152 mil 687 pesos.

Hay más…

En la hoja de vida de Hugo Miguel Ferro Molina se anexa como referencia el haber trabajado como residente de obra entre agosto y octubre de 2002 con el ingeniero Luis Fernando Botero Londoño, gerente de Inversiones Génesis, y, tal como lo denunció en diversas oportunidades EL NUEVO DÍA, cuestionado por la subcontratación para el desarrollo del eje cultural de la calle 10 y en donde se pudo corroborar que los adoquines eran de deficiente calidad.

De igual forma, ejerció como inspector de obra e ingeniero de Gestión y control del Plan 2500 durante un año a favor de la constructora Inecom, a la que fueron imputados cargos de responsabilidad fiscal este año por $5.150 millones al no reintegrar el anticipo concedido por el Invías para el estudio, el diseño, la reconstrucción, la pavimentación y la reparación del tramo de la Vía Cunday - Los Alpes.

Credito
EL NUEVO DÍA

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