La decisión se emitió luego de la tutela interpuesta por una residente del barrio América, en la calle 31 sur número 1-17, quien solicitó la intervención del sistema de alcantarillado, el cual pasa por debajo de su vivienda y ha generado el deterioro progresivo del inmueble.

Ante la solicitud de la señora Luz Helena Hurtado García, propietaria de la vivienda, el Ibal procedió a cambiar el tubo del sistema de alcantarillado, el cual fue puesto en el mismo lugar donde se encontraba, razón por la que la situación no fue atendida eficientemente.

Según reza en una de las declaraciones de la accionante, la situación generó un hundimiento de tierra al interior de su vivienda, solicitando una vez más la intervención del Ibal, petición que no fue atendida y que a la fecha ha ocasionado un mayor deterioro.

Tras estos antecedentes, la afectada inició un proceso administrativo con el fin de obtener soluciones a esta situación, que según indica, atenta contra sus derechos fundamentales a la vida y una vivienda digna.

Además, afirma que la situación deriva en otros problemas, teniendo en cuenta que en el inmueble habitan cuatro menores de edad que podrían caer en este hueco, el cual tiene unas dimensiones aproximadas de seis metros, sin mencionar que expele olores que ponen en riesgo la salubridad de los moradores.

Ante los hechos descritos, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Ibagué determinó conceder el amparo solicitado a los derechos a la salud y vivienda digna de la afectada, razón por la cual ordenó al Ibal en el término de 48 horas siguientes a la notificación, elaborar un plan de acción de inicio de obras de alcantarillado que permitan solucionar el problema.

Esta labor consiste en reparar los daños que hasta el momento se han ocasionado, suspender la red que viene generando los mismos y realizar el traslado de las redes a la zona peatonal, obras que deberán ser ejecutadas en un lapso no mayor a cuatro meses, contados desde ayer.

Además, ordena a la Alcaldía Municipal realizar un seguimiento respectivo de las obras a ejecutarse, como medida para garantizar que la ciudadanía reciba los servicios públicos domiciliarios en condiciones eficientes y oportunas.