La denuncia efectuada por la no existencia de contrato de arrendamiento para la administración del parqueadero del estadio Manuel Murillo Toro, solo evidenció una de las irregularidades al interior del Instituto de Recreación y del Deporte (Imdri). La Contraloría, en auditoría practicada a la entidad, determinó cinco hallazgos fiscales relacionados con la falta de cobro de arrendamiento y la prórroga de contratos sin el lleno de los requisitos legales en varios escenario deportivos.

De acuerdo con el informe, desde marzo de 2013 no existía contrato de arrendamiento para el usufructo del parqueadero del Estadio, que conllevó a la entidad a dejar de percibir 98 millones 814 mil pesos: 80 millones 73 mil pesos por canon de arrendamiento y 18 millones 741 mil producto de los intereses.

De igual manera, hace responsable al ordenador del gasto y el administrador de los escenarios deportivos para la época de los hechos.

Es de recordar que el coordinador de los escenarios deportivos, Luis Enrique Tibaquirá y quien fue contratado desde el 16 de enero de 2014 solo puso en evidencia esta irregularidad a la supervisora de su contrato y directora Financiera del Imdri, Lina Piedad Celis, el pasado 9 de agosto.

El órgano de control resalta que “se observaron presuntas conductas dolosas al existir un usufructo permisivo de dicho parqueadero sin observancia de las normas que lo rigen, generándose un detrimento patrimonial para el Instituto debido a una gestión ineficiente e ineficaz”.

La Contraloría también evidenció en el 2012 que el Imdri suscribió en marzo de 2012 un contrato cuyo objeto era el arrendamiento del parqueadero del Estadio por valor mensual de dos millones de pesos, pero que dando cumplimiento al acuerdo 007 de 2008 del Concejo que determinó la tarifa para cobro del canon de arrendamiento en siete Smlmv, el Imdri dejó de percibir un millón 966 mil 900 pesos mensuales.

Según la auditoría, la Administración dejó de percibir 36 millones 499 mil pesos, por concepto de canon de arrendamiento e intereses “detrimento patrimonial bajo la presunta responsabilidad del director Administrativo, Financiero y Técnico (Jaime Eduardo Ortiz Naranjo) y el ordenador del gasto vigente para la vigencia 2012”, reseña el informe.

Es de recordar, que el último contrato suscrito con el Imdri para el arrendamiento del estadio Manuel Murillo Toro se efectuó con Diego Edison Rojas Chisco, quien estuvo a cargo hasta el 28 de febrero de 2013.

Más irregularidades

Por otra parte, el informe detalla que otra de las irregularidades evidenciadas en el análisis de los contratos de arrendamiento de locales del parque deportivo y la calle 42 a cargo del Imdri, fue la prórroga automática de contratos, desconociendo de manera flagrante los principios de la contratación pública, pues en materia de contratación estatal está prohibida la prórroga automática.

Durante la inspección se halló que en varios contratos no se registró acta de inicio o entrega del inmueble, terminación de los mismos, constancia de cobro jurídico e informes de supervisión

Entre los locales auditados, la Contraloría halló que en el local dos ubicado en el parque Deportivo, arrendado en 2012 a Alexánder Pedroza y por el cual debía cancelar por un año 240 mil pesos mensuales, fue usufructuado por Cecilia Arias, quien el 20 de octubre del mismo año informó de esta situación, sin que se registre soportes de pago ni contrato al respecto.

De otra parte, en el gimnasio de la unidad deportiva de la calle 42, administrado por Luz Marina Ibarra Castro y quien debe cancelar 16 millones 276 mil pesos, se ejecutaron reparaciones en el local sin tener aprobación anexo al contrato “con lo cual el descuento que otorgaron con el no pago del canon de arrendamiento por tres meses no sería válido”.

De igual manera, se evidenció que el arrendatario no canceló el monto total de las estampillas Pro Anciano que era de 325 mil pesos y por el cual solo canceló 296 mil pesos. Por estampillas Pro Cultura el monto a pagar era 162 mil 602 pesos, pero lo pagado fue 148 mil pesos.