El Concejo de Ibagué coloca a Funimedes en su punto de mira

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Salpican a Gerente de Banco Popular en “negocio” de educación y piden investigar a exsecretario Enrique Váquiro.

El concejal Pedro Mora Quintero ha denunciado prácticas corruptas en la contratación de personal docente para las instituciones educativas rurales en Ibagué, que vendrían desde la anterior administración municipal.

Según denunció en la plenaria del Concejo, todo apunta a un posible favorecimiento y ventajas al operador Funimedes “por pagar una de las deudas electorales”.

“Estamos en manos de la representante (Ana Cristina Zárate) de una institución contratante, quien es la compañera de un señor (José Héctor Marín) que hace parte de una entidad bancaria, que tiene sometido a este municipio a todo lo que él quiere hacer”, aseguró Mora.

El cabildante sostiene que Funimedes ha logrado extenderse a pasos agigantados, pues tiene control en alrededor de 63 sedes tanto en lo académico, administrativo como en la matrícula, información que solo puede ser recepcionada por el ente territorial. 

De igual forma, el cabildante cuestionó en dónde están los 250 docentes de planta que se comprometió a destinar la Secretaría de Educación al sector rural, si el ente privado es el que suple la plaza, incumpliendo con el decreto 2355 de 2009 establecido por el Ministerio de Educación Nacional, que dispuso que a partir de 2010 las entidades territoriales certificadas no podrían tener laborando docentes, directivos docentes o personal administrativo mediante la modalidad de prestación de servicio en instituciones educativas oficiales  y donde laborará personal docente oficial.

Mora agregó que de acuerdo con información suministrada por parte de la Administración existe contratados dos mil 948 docentes para atender una población de 76 mil 398 estudiantes, “ si dividimos el número de docentes por 35 estudiantes, esa operación nos da 10 mil 182 profesores. El Ministerio de Educación me dijo ‘ustedes tienen la cantidad de docentes suficiente para atender esa población’. Yo me pregunto dónde están los otros docentes”. Es decir, para el concejal Mora hay que indagar dónde están los 766 restantes. 

“Cuando se expidió la resolución de 2008, acordamos (el Concejo) que a los campesinos les íbamos a mandar los docentes de planta para que nos quitáramos la contratación de los profesores, que se iban en cualquier mes y que los campesinos recibieran cuatro meses de clases.

“Dónde fueron a parar los docentes que se mandaron para San Francisco, Laureles, sitios en donde hubo denuncias públicas que el anterior secretario de Educación (Enrique Váquiro) evitó que los docentes se presentaran habiendo concursado para esas instituciones”, explicó. 

“Hubo docentes que concursaron para estas instituciones educativas y nunca fueron por alcahuetería del Secretario de Educación, hay que revisar la actuaciones no muy serias el exsecretario que permitió que se vinieran todos esos docentes del campo; le hemos preguntado al secretario (Diego Guzmán) por qué se los trajeron y nos dice que por necesidad y dejan la necesidad del campo tirada. Los campesinos no merecen esta suerte y no hay derecho, máxime, cuando somos un municipio 95 por ciento rural”. 

¿Un negociado?

Mora agregó que no se explica cómo el mismo operador continúa prestando el servicio, pues el decreto 2355 establece que los municipios podrán celebrar contratos con las iglesias y confesiones religiosas de un nivel superior, y al contrario Funimedes viene desde la administración anterior con las irregularidades detectadas en la contratación, pago de docentes y prestación del servicio. 

“Queremos dejar claro que acá hay un negocio cantado con anterioridad y no sabemos por qué se pasa de un gobierno a otro con el mismo operador, o es que definitivamente le estamos buscando chaleco a las licitaciones.(...) todo apunta a que el ente territorial, por hacerle un favor, un servicio a un privado, por pagar una de las deudas electorales, no lo denuncié yo, estemos hoy en manos de la representante de una institución contratante, quien es la compañera de un señor que hace parte de una entidad bancaria que tiene sometido a este municipio, a todo lo que él quiere hacer y nos tienen en fiducia; nos ponen la plata que quiere, hacen con nosotros lo que quieren, además, hicieron parte del escandalillo del lote que compraron por una plata y lo vendieron por una millonada”, agregó el concejal Pedro Mora. 

Secretaría de Educación responde

La Secretaría de Educación argumentó que la planta de personal docente no es suficiente para atender la necesidad del sector. 

De acuerdo con la entidad existen razones como la dimensión de las aulas donde no puede prestarse atención a los 35 estudiantes y la realidad local difiere de las estadísticas del Gobierno nacional. 

De igual manera, refirió no asegurar la contratación mediante un privado, pues la Alcaldía debe garantizar el servicio desde enero a la comunidad y la ampliación de la planta docente es un proceso que debe ir sustentado en un estudio técnico que requiere de varias revisiones por parte del Ministerio Nacional y del cual se espera tener respuesta definitiva al cierre del año. 

“La Secretaría de Educación se compromete al desmonte gradual de la contratación rural, pero no podemos decir, sería mentirle a la comunidad, que el año entrante vamos a tener cubierta las plazas con un docente de planta”. 

Credito
EL NUEVO DÍA

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