Un total de tres hallazgos con alcance penal, siete disciplinarios y 15 administrativos, dejó la auditoría de control efectuada por parte de la Contraloría de Ibagué al contrato 237 del 25 de noviembre de 2013, suscrito entre Typsa y la Alcaldía de Ibagué, cuyo objeto era el desarrollo de los estudios y diseños para la construcción de los escenarios deportivos nacionales de 2015.

El contrato cuya cuantía ascendió a los 11 mil 499 millones 520 mil pesos y cuyo tiempo de ejecución era de cuatro meses, más dos meses para las modificaciones por la parte de Coldeportes, fue objeto de tres acciones de advertencia por parte del órgano de control.

Dentro de las observaciones con presunto alcance penal, disciplinario y administrativo, la Contraloría logró establecer que existió una posible apropiación indebida de recursos por parte de Typsa, que destinó cerca de dos mil 499 millones de pesos, producto del anticipo efectuado por parte de la Administración municipal en 2013, a la compra de divisas en el exterior (Madrid - España).

De acuerdo con el ente de control, Typsa al suscribir el contrato con la Alcaldía de Ibagué, aceptó acogerse a las normas que rigen a las sociedades en el país que le aseguran el ejercicio de sus derechos y le imponen condiciones para su funcionamiento.

Para el órgano de control, esta conducta podría incurrir en peculado por apropiación del que trata el artículo 397 de la ley 599 de 2000 que establece: “el servidor público que se apropie en provecho de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión y multa equivalente al valor de lo apropiado”.

La Contraloría advierte que la sucursal de Typsa constituida en el país, es la llamada a responder jurídicamente y contractualmente en la ejecución del contrato 237 siendo imposible para el contratante, la Alcaldía, transferir dicha responsabilidad a la empresa matriz que no ha adquirido obligación alguna en la ejecución del mismo.

“Se determinó como observación administrativa con incidencia disciplinaria, penal en el informe preliminar y se debe incluir en la función de advertencia por el presunto incumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política”, señala la Contraloría.

El órgano de control manifiesta que hubo una falta de control y vigilancia en el manejo del anticipo, equivalente al 30 por ciento del valor total del contrato que debía ir sujeto a un plan de inversión aprobado por parte del Supervisor y el cual no avaló.

Typsa empleó parte de los recursos a pagos de seguridad social, inversión en divisas, compra de computadores, pago por alojamiento, elaboración de imágenes de diagnóstico de diseños conceptuales, subcontratando algunas labores para la elaboración de los estudios y diseños.

Pagos sin soportes

De otra parte, la Contraloría alerta de irregularidades en los primeros pagos por parte del Imdri a Typsa, los días 17 de febrero y el 22 de mayo de 2014, sin que hiciera entrega de los planos como lo estipula la cláusula sexta del contrato y como consta las actas de entrega.

“El Imdri realizó los dos primeros pagos del contrato de consultoría número 237 de 2013 en forma irregular, porque presenta incumplimiento al cancelar a Typsa sin el debido soporte documental de la entrega de los productos, porque como se puede observar en los oficios que la empresa envió a la Contraloría, la primera entrega se hizo el 31 de marzo de 2014 y no el 31 de diciembre como lo menciona el contratista, lo anterior porque el primer pago se realizó el 7 de febrero de 2014; de igual manera la segunda entrega se hizo efectiva en junio 3 de 2014 y el pago fue realizado el 21 de mayo de 2014”.

La Contraloría advierte de la responsabilidad tanto del interventor como de Mauricio Campos del Cairo, supervisor del contrato, que pasaron por alto estas irregularidades pudiendo transgredir las funciones que les asiste en la ley 1474 de 2011 de prevenir actos de corrupción.

Más hallazgos

La Contraloría establece que no concuerda como una empresa que acredita un patrimonio de tres mil 491 millones 927 mil 867 pesos y que tiene la capacidad financiera y operativa para desarrollar este tipo de consultoría en la propuesta económica presentada incluyó la compra de computadores, licencias, muebles para oficina y otros ítems, aspectos que no fueron tenidos en cuenta en el proceso de evaluación por parte del comité técnico, asesor y evaluador de las propuestas y de los cuales hacía parte Campos del Cairo y Lina Piedad Celis, exdirectora Financiera del Imdri.

De igual manera, señala que no es de aceptación que la entidad contratista, para poder cumplir con la entrega del producto final, haya realizado cambios internos en la propuesta económica, sin la aprobación de Campos del Cairo y sin la realización de actas modificatorias como lo confirma el oficio enviado por Typsa el 20 de agosto de 2014, que informa cambios en la subcontratación de personal y traída de expertos del extranjero.

“No es coherente que durante la ejecución del contrato se hayan realizado cambios internos en la propuesta económica y técnica por parte del contratista sin la previa aprobación del supervisor del contrato y de igual forma durante el proceso auditor no se observaron ni se aportaron actas modificatorias en virtud del cumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor de éste contrato. Se debe incluir en la función de advertencia”, advierte el informe.

Es de resaltar que el concejal, Carlos Andrés Portela, cuestionó los cerca de siete mil 399 millones de pesos que pagaría el municipio por honorarios a los contratistas de Typsa que calificó de “exageradamente altos, exorbitantes y cuantiosos”.

Hallazgos penales

De igual manera, el órgano de control fiscal señala que existió, al parecer, un mal manejo en el empleo de los recursos, depositados en la cuenta bancaria con motivo de la pre y posterior inversión en infraestructura de los escenarios deportivos, pues fueron utilizados para la cancelación de impuestos de retención en la fuente, IVA e Industria y comercio de algunos períodos de la vigencia 2014.

“Lo anterior se determina que estos recursos de destinación específica fueron utilizados presuntamente de una forma inadecuada y no para los fines previstos, configurándose un presunto hecho punible de peculado por aplicación oficial diferente”, señala el informe de auditoría.

Por otra parte, la Contraloría determinó que existió un presunto incumplimiento a los principios de economía y planeación consagrados en la Ley 80 y los estipulados en el manual de contratación del Imdri, pues al efectuar la revisión del informe final con la relación del total de escenarios diseñados, se identificó que los edificios multideportes, artes marciales, área Comercial y Administrativa del Parque Deportivo y edificio de Parqueaderos, no se encuentran estipulados en la asignación de recursos de infraestructura deportiva del Conpes suscrito el pasado 3 de julio de 2014, el cual es consecuente con las disciplinas deportivas aprobadas por las resolución 449 del 11 de abril de 2013 y resolución 381 del 21 de marzo.

Hallazgos de alcance disciplinario 

*Se observa que la cuenta que se dio apertura para el anticipo, los pagos no se realizaron directamente desde la misma, debido a que la empresa realizó traslados a otra cuenta y de ésta realizó los respectivos pagos.

Se aportó un plan de Inversión del Anticipo que no fue aprobado por el supervisor.

*En el primer y segundo pago realizado a Typsa se observó que se había amortizado el anticipo y en un porcentaje que no coincide con el estipulado en el contrato.

*En los anteriores pagos no se observa que el supervisor haya presentado sus informes mensuales y la relación de gastos efectuados de acuerdo con el plan de inversión aprobado.

*Se observa tercerización de pagos que estaban registrados en la propuesta económica como su eldos y está sujeto a un factor multiplicador que contemplaba prestaciones sociales y lo referente a ello.

*En el plan de inversión del anticipo presentado por Typsa, se incluyen gastos de estampillas, siendo esto contradictorio con lo observado en el artículo sexto. “(En dicho plan no se podrán incluir gastos de legalización del contrato. (…)”. Además los valores estipulados en dicho plan, no concuerdan con el pago real de las mismas.