Así lo advirtió Gilma Lucía Peña Daza, jefe de la cartera local, quien informó que esa dependencia está pendiente de emitir un resultado sobre una auditoría efectuada por su despacho, en virtud de las quejas de quienes han sido remitidos de las EPS a dicha institución.

“Toda la habilitación o el cierre de una institución de segundo -mediano- o tercer -alto- nivel de complejidad, por competencia de norma lo hace la Secretaría de Salud departamental”, indicó.

Y agregó que en lo que respecta a su Secretaría corresponde la verificación de prestación del servicio, por eso se debió practicar la auditoría que luego fue emitida al despacho seccional.

“Luego notificamos a la gerente de la USI (Unidad de Salud Intermedia, Diana Gaitán), solicitándole los términos en los que está el contrato de arrendamiento, así como requerimos a las EPS sobre las condiciones en que está el contrato suscrito con esta IPS”, explicó.

Lo anterior, “con el fin de ayudar al usuario para que no le sea prestado de manera tan inadecuada la remisión a algo de lo que no está garantizado el servicio”.

Las molestias

Dicha revisión comenzó después de que varios usuarios fueran a la Secretaría de Salud local y presentaran la queja de que se les negaba la entrada al sitio, por no haber personal en atención.

“No se prestaba el servicio al que habían sido remitidos por las EPS, por eso el pasado lunes se dirigió una de las auditoras de la Secretaría de Salud municipal y levantó un acta en la que evidenció del cierre desde diciembre, según comentó un vigilante, porque en el momento no había personal administrativo”, dijo.

Peña Daza admitió que no se conoce cuáles son las EPS con las que se ha contratado el servicio y de las que se ha truncado la remisión por dicho cierre, pero que tras la auditoría este diagnóstico podrá quedar establecido.