En visita efectuada ayer, la Personería de Ibagué encontró graves problemas en el servicio de salud que se presta al interior del complejo carcelario Coiba de Picaleña, cárcel de máxima seguridad.

Se logró determinar que el área de sanidad no cuenta con un manejo adecuado de los residuos sólidos, tampoco con la ventilación necesaria para los enfermos que requieren de asistencia continua, además las balas de oxígeno están vacías.

En la farmacia solo se cuenta con un 30% de medicamentos, lo que se evidencia en que durante la inspección no se encontró acetaminofén, analgésicos, antibióticos y mucho menos medicina para hipertensos, psiquiátricos y enfermos terminales entre otros tipos de fármacos de carácter vital.

Esta inspección fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, debido a las quejas continuas por la deficiencia del servicio en el centro carcelario, que pone en riesgo la vida de los internos al no poderse surtir el procedimiento indicado.

En caso de emergencia, un interno debe ser trasladado a un centro asistencial público, pero en muchos casos surgen demoras en la atención, ya que la empresa Caprecom no brinda de manera oportuna la cancelación del servicio, llegando a presentarse ‘paseos de la muerte’, afirmó Darío Rodríguez, personero Delegado del Ministerio Público de Derechos Humanos.

Caprecom posee un contrato suscrito con la Unión Temporal Uba Inpec, por el que deben practicar una atención de nivel Dos y tienen a cargo el área de sanidad, siendo estos los responsables en la actualidad de la deficiente prestación del servicio.

Se logró conocer que fue suscrito un cuantioso contrato por estas dos entidades, correspondiente al 0104 de agosto 1 de 2014, por un valor de 21 mil 855 millones 119 mil 902 pesos, y según las entidades de control, en la suma no se ve reflejado el estado actual del servicio.

La Personería propondrá una visita conjunta con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, siendo esta última la que podría emprender un proceso disciplinario contra la Unidad de Servicios Penitenciarios; según el Personero Delegado, el principal responsable es el Ministerio de Justicia.

Cabe recordar que el 13 de enero murió el exciclista Ricardo Rueda Sánchez, de 27 años de edad, quien estaba recluido en Picaleña, y padeció una peritonitis avanzada; según indicaron sus familiares, el deceso se produjo por negligencia al no remitirlo a tiempo para una mejor atención médica.

Esté tipo de tragedias ha prendido las alarmas, sumándose la crisis del Inpec, ya que hasta hace unos días se logró un acuerdo con el Gobierno nacional, para la asignación de recursos y mayores garantías para los empleados.