Camacol y Leal Echeverry hacen presión al Tribunal Administrativo

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
El magistrado Belisario Beltrán Bastidas tendría hasta el próximo lunes para decidir si admite o rechaza la acción de nulidad del decreto de ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial.

Aún se desconoce si el Tribunal Administrativo dará curso o no a la demanda de nulidad del decreto 0823, por medio del cual fue adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial, y ya surgirían rivales para que la sala se pronuncie de fondo.

El abogado Wilson Leal Echeverry y la junta Directiva de Camacol radicaron el pasado miércoles, ante el despacho del magistrado Belisario Beltrán, los argumentos jurídicos para que la iniciativa sea rechazada, que se fundamenta en que los términos ya habrían vencido para que el gobernador del tolima, Luis Carlos Delgado Peñón, radicara la acción ante el contencioso administrativo.

Reconocimiento

Leal Echeverry pidió que de llegar a darse curso a la acción jurídica sea reconocido como parte interviniente en el proceso.

“Mi único interés es demostrar que el Tribunal no tiene competencia para la revisión de legalidad por cuanto el plazo está vencido. A mí los argumentos de legalidad o ilegalidad del decreto no me comprometen en lo más mínimo, porque no tengo predios que me favorezcan en uno u otro sentido”, sostuvo el abogado.

Y agregó que cualquier persona está en la posibilidad de intervenir en los planes de acción y legalidad con el fin de coadyuvar a que se dé curso a la iniciativa de la Gobernación del Tolima o a la posición del Municipio.

De la misma manera, dejó claridad que de llegar a prosperar la demanda interpondrá los recursos necesarios para que el Consejo de Estado dirima el conflicto.

“En mi ya conocida condición de parte procesal, a lo que aspiraré es a formular recursos contra esa decisión y eventualmente formular una acción de tutela ante el consejo de Estado. Mi problema sencillamente es la extemporaneidad de la solicitud que hace el Gobernador. A mí me da lo mismo que se caiga o no (el decreto), el punto es que en mi opinión el Gobernador hizo uso de una competencia de manera tardía”, manifestó Leal.

De igual manera, la Junta Directiva de Camacol envió una misiva al magistrado Beltrán para que rechace la pretensión, debido a que el término de los 20 días hábiles de que trata el decreto 1313 de 1986 venció el 2 de febrero.

La misiva hace referencia a que la Gobernación tuvo conocimiento del decreto el pasado 30 de diciembre y solo hasta el 6 de febrero pasado radicó la demanda en el Tribunal, con el argumento de la vacancia judicial, tiempo que no aplicaría para la Administración seccional.

El temor

El presidente de Camacol, Félix García Motta, reconoció que el temor del gremio de la construcción y demás empresarios es que si el Tribunal Administrativo procede a estudiar la demanda y anula el decreto de revisión y ajuste del POT, la decisión sería en única instancia, algo que perjudicaría de manera ostensible los proyectos de inversión en la ciudad.

Sin embargo, si la acción no prospera y cualquier ciudadano demanda el decreto, que el Tribunal Administrativo deberá estudiar de oficio y la decisión lo anula, la Administración podría apelar el fallo ante el Consejo de Estado.

“Creemos que por vía legal el Tribunal ya no puede estudiar la legalidad del POT aunque cualquier ciudadano de Ibagué podría demandar el decreto. Lo que pasa es que si se hace una revisión por parte del Tribunal, la decisión es de única instancia y eso no nos parece que sea el procedimiento más adecuado”, mencionó García Motta.

Sin embargo, descartó que exista un temor legal a que el Tribunal Administrativo conozca del documento, pues todo el trámite se surtió conforme a la sentencia del Consejo de Estado, que advirtió que para efectos de la discusión del POT es factible que prosiga su discusión una vez terminado un periodo de sesiones extraordinarias.

 

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EL NUEVO DÍA

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