Mediante la resolución 0312 del 24 de febrero de 2015, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) otorgó al Ibal, el permiso de ocupación de cauce del río Cocora para la construcción de dos pasos subfluviales y que permitirá continuar con la construcción de la línea de conducción desde el kilómetro 0 hasta la planta de tratamiento de Boquerón.

La autoridad ambiental advierte que en informe técnico allegado por personal de la corporación en enero de la actual vigencia se recomendó “continuar con el trámite de ocupación de cauce sobre el río Cocora a la empresa de Acueducto y Alcantarillado (Ibal) para la construcción de dos cruces subfluviales localizados en las abscisas k0+100-k+100 y k+040-k0+060, que tendrá una longitud de 56.80 y 58.92 metros respectivamente, igualmente sus obras de protección para el traslado de tubería”, señala la resolución.

Dentro del documento, se recomendó “la construcción de la estructura y sus protecciones requiere el desvío temporal de la corriente, se recomienda efectuar estas labores en época de estiaje, es decir en los meses de diciembre, enero y febrero. La intervención se debe hacer en dos partes desde cualquiera de las orillas hasta la mitad de este con la ayuda de diques de 1.50 metros de altura para desviar el flujo y mantener secas las excavaciones. Luego que se culminen las labores, en una de las mitades del cauce, se procederá de igual forma con la otra mitad”.

El punto clave

La Autoridad Ambiental advierte dentro de la resolución que solamente se solicitó, tramitó y evaluó técnicamente los pasos subfluviales, más no la construcción de los viaductos evidenciados en el momento de la visita y presentados en cinco planos del documento de complementación radicado el 6 de enero de 2015.

Y añade que de proceder con la construcción de las obras del viaducto, será obligación del Ibal, solicitar el respectivo permiso ambiental.

La Veeduría Agua para Ibagué señala que con lo anterior, se corroboran las denuncias expuestas a cerca de la falta de planeación que trata la Ley 80 para la adjudicación del contrato 060 que tiene ad portas al Municipio de adicionar 12 mil millones de pesos al contratista.

Vapi pregunta qué va a pasar con el viaducto que ya fue instalado y que se encuentra alabeado. “¿Se va a multar al Ibal, cómo se hicieron cosas que no estaban aprobadas?”.

Por otra parte, Cortolima afirma que debido a la pérdida de recursos naturales por la ejecución de obras civiles se hace necesario la siembra y mantenimiento de tres mil 250 individuos arbóreos. La entidad ambiental autorizó al Ibal, la tala de 325 especies sin que a la fecha, manifiesta la Veeduría, se conozca dónde quedarán ubicados.

La Veeduría, hace un año, expuso el inexistente manejo ambiental que tuvo la instalación de los primeros kilómetros de tubería por Acualterno. Desde 2012 ya se escuchan los llamados de alerta por la adición que solicitaría el contratista para ejecutar obras de estabilización.

En la resolución, la autoridad refiere que la estabilidad de las obras y su comportamiento estructural e hidráulico son responsabilidad exclusiva del solicitante del permiso de ocupación de cauce, es decir del Ibal, al igual que las afectaciones que se puedan generar a terceros o al entorno.

Control a residuos

Vapi denunció en febrero del año pasado que no existía argumentos del por qué para un contrato que solamente contemplaba una excavación que no superaba los 17 mil metros cúbicos para todo el tramo de los 4.7 kilómetros, el Ibal canceló a Acualterno 27 mil metros cúbicos y sin culminar obra.

“Se pregunta la Veeduría, ¿Si se han utilizado 10 mil metros cúbicos de más de lo presupuestado apenas en una longitud de dos mil 800 metros; ¿cuánto se gastarán innecesariamente en los cuatro mil 700 metros? Las obras de excavaciones no tienen ninguna justificación por desestabilización de taludes o por pasos en la vía con dificultad; lo que se observa allí es que el contratista hace lo que quiere y no existe seguimiento ni control de la obra”.

En la resolución 0312 la Corporación establece que dentro de las obras no se pueden realizar vertimientos de concreto, aditivos, combustibles o lubricantes dentro de las fuentes hídricas o sobre el suelo y se prohibe los botaderos laterales para el material producto de la excavaciones. Para esa época, Vapi argumentó que las excavaciones contaminaron el lecho del río Cocora, “pero aquí no pasa nada”, mencionó la Veeduría.

Por qué hasta hora

La Veeduría responsabiliza tanto al exgerente del Ibal, Libardo Gutiérrez, quien suscribió el contrato 060, por no adelantar los permisos ambientales indispensables para llevar a cabo el proceso de licitación y adjudicación del contrato; que para el caso de la licitación de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales 2015, en el Parque Deportivo, la Procuraduría Ambiental hizo un llamado para que el proceso no continuara sin el lleno de los requisitos.

De igual manera, la Veeduría se pregunta ¿por qué desde el momento de su posesión en el cargo de gerente del Ibal, Carlos José Corral Albarello, no dio agilidad a la solicitud de los respectivos permisos, pues solo transcurridos dos años, elevó la consulta ante Cortolima.

Además, cuestiona el papel de Cortolima que desde el 2011 debió asumir una posición con respecto al mismo trámite que se surte a la fecha en la entidad.

¿Es que no hubo control ambiental a éste contrato? ¿existió manejo geotécnico a la construcción de las obras? ¿realizó Cortolima seguimiento ambiental a ésta ejecución? ¿los botaderos de sobrantes tuvieron el manejo adecuado y tienen el respectivo permiso de Cortolima?, fueron algunos de los interrogantes que expuso Vapi al denunciar las irregularidades halladas en la instalación de la línea de conducción.

Para resolver

Vapi cuestiona que, si con la resolución emitida por Cortolima 0312 de 2015 se dará inicio a la culminación de las obras del Acueducto Complementario, entonces cabe preguntar si finalmente el Ibal adicionó el contrato 060 con recursos del empréstito de los 100 mil millones aprobados por el Concejo en 2012.

Si eso es así, ¿no se atendió la recomendación de la Procuraduría Regional y del mismo expresidente del Cabildo, William Rosas, de que esa maniobra debía pasar por el Concejo para que se autorizara allí la reorientación de los dineros del citado empréstito?.

Algo que la Administración del alcalde Luis H. Rodríguez y la Gerencia del Ibal tendrán que dilucidar a la ciudadanía ibaguereña.