La Procuraduría Provincial recomendó analizar el requisito de relación patrimonial exigido en los pliegos de condiciones definitivos, según el cual los oferentes deben acreditar un patrimonio de 246 mil 335 millones 907 mil 423 pesos, lo que al parecer no está suficientemente justificado, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial destinado para el proceso es de 73 mil 900 millones 772 mil pesos.

El Ministerio Público resalta que el Decreto 1510 de 2013 (que reglamenta el sistema de compras y contratación pública) no menciona la relación patrimonial, y que si bien es cierto entre mayor sea el patrimonio posiblemente haya un menor riesgo para la empresa contratante (Alcaldía), también lo es que el requisito debe ser razonable, de tal forma que no limite de manera injustificada la participación de quienes están en capacidad de ejecutar el proyecto.

Respecto del límite al valor de la propuesta económica, los pliegos de condiciones establecen que dicho valor no puede ser inferior al 95 por ciento del presupuesto inicial, so pena de rechazo económico. La Procuraduría estima que esto podría ser contrario a la exigencia que hace la legislación en cuanto a que se configuren reglas objetivas; este requisito podría limitar a los oferentes para contar con un margen más amplio por debajo del presupuesto oficial, y sesgar los montos de las propuestas restringiendo la dinámica del mercado.

De otra parte, desde el punto de vista técnico, la Procuraduría no halló justificación alguna que permitiera relacionar el monto exigido para la experiencia específica de los oferentes y las condiciones de los eventuales consorcios o uniones temporales, con las cantidades y precios previstos en los pliegos de la licitación.

En este sentido recomendó analizar si no son excesivos tales requisitos frente a la obra que se va a ejecutar, y adoptar medidas para evitar una posible limitación a la concurrencia de oferentes.

El organismo de control señaló, así mismo, que dadas las características de esta licitación y la fecha límite de entrega de las obras es el 31 de octubre de 2015, el cronograma se encuentra bastante ajustado y la Administración debería tener especial cuidado al validar la respuesta operativa del contratista, de manera que se pueda comprometer con la oportuna ejecución del proyecto.