La tala y quema de bosques que en los últimos meses se ha desencadenado en los cerros nororientales y occidentales de la capital, al igual que la construcción de algunas edificaciones, sin que aparentemente existan acciones por parte de la Alcaldía de Ibagué y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) para su protección, llevó a que el ingeniero Óscar Hernández Arana interpusiera un recurso ante el Juzgado Segundo Administrativo, para que se tomen las acciones legales correspondientes y que vinculen a las entidades a dar cumplimiento al fallo de la acción popular de 2007.

“De la manera más comedida y con el debido respeto, invocando el interés general, le solicito tomar las acciones correspondientes, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento a lo determinado por ese juzgado en el resuelve de la acción popular con radicación 00197-07 que precisa ‘ordenar de manera inmediata al Municipio de Ibagué y a Cortolima, adopten las medidas necesarias para impedir en lo sucesivo la tala y quema de bosques de manera indiscriminada en los cerros Nororientales y Noroccidentales de la ciudad’, esto en consideración a que estos cerros, a la vista de miles de ciudadanos, día tras día, sufren un proceso de degradación sin que se observen actuaciones objetivas y permanentes por parte de las entidades encargadas constitucional y legalmente de su protección y conservación”, señala el escrito.

Arana Hernández sugiere el grave riesgo que en el corto plazo y si no se toman medidas correctivas inmediatas, más de 30 mil ciudadanos que se abastecen de agua de los acueductos comunitarios de las comunas Dos, Seis y Siete, se queden sin el preciado líquido; con el antecedente demostrado, que el Ibal, entidad pública municipal encargadas de proveer el agua a los ibaguereños, de ninguna manera ofrece alternativa de solución para toda esta gente.

Según el profesional y especialista en Planificación y Administración del desarrollo Regional, en el mediano plazo se tendrán unos cerros con construcciones de casas y edificaciones, sin control urbanístico y con unos graves problemas sociales y de orden público, muy parecido a lo que se vive en las comunas de Medellín y en el barrio Siloé de Cali, que creció sobre una montaña desde los años 80, sirviendo de albergue a mineros de Marmato (Caldas), para posteriormente ser escondite a los hombres del M-19 y que en los 70 tuvo allí una de sus bases de milicias urbanas, reseña el periódico El País.

Según reporte de El País, en enero de este año, “Siloé terminó siendo el barrio con mayor número de homicidios (45) durante el 2014 y uno de los 10 en los que no hubo reducción de muertes violentas”. Además, de contar con 19 pandillas que se matan entre si.

“Pareciera que los ejemplos de otras ciudades no nos sirvieran de nada; por ejemplo el barrio Siloé en Cali, la salida hacia Villavicencio por el Sur de Bogotá, las comunas nororientales de Medellín, etc”, subraya Hernández.

Y de igual manera, advierte que el crecimiento de la ciudad debe ser planificado y ordenado como lo plantean las normas legales, “no puede crecer sin control y sujeta de los intereses particulares que no ponderan el respeto ambiental, la prevención del riesgo, la oportunidad de bienes y servicios públicos (escuelas, puestos de salud, agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica, etc”, concluye la misiva radicada ante el Juzgado Segundo Administrativo.