es, que en determinado momento se desarrollaron sin la intervención y control de las administraciones municipales.

De acuerdo con el especialista, la legalización de estos asentamientos vienen normados y/o reglados desde la Ley 9 de 1989, fecha en la cual no existía ningún Plan de Ordenamiento Territorial.

De acuerdo con el artículo 48 de esta ley, “los concejos, el consejo intendencial y las juntas metropolitanas podrán delegar en los alcaldes e Intendente de San Andrés y Providencia la legalización de las urbanizaciones constituidas por viviendas de interés social. La legalización implicará la incorporación al perímetro urbano o de servicios y la regularización urbanística del asentamiento humano”.

Ciro Basto cuestiona por qué si los concejales se encuentran en sesiones ordinarias, la Secretaría de Planeación municipal no radica el proyecto para que se le otorgue facultades al alcalde Luis H. Rodríguez para que se inicie la legalización de los 51 barrios que estarían sujetos a la decisión que deberá tomar el Tribunal Administrativo, si considera que el trámite para la discusión del proyecto ante el Concejo se ajustó o no a la ley.

“Siento vergüenza ajena con estas comunidades; no se les ha dicho la verdad”, advierte Ciro Basto.

Líderes de barrios como Calucaima, Belencito, San Gelato, Villa Magdalena, Albania II, El Edén, La Mansión y Avenida parte baja, confían que a través del nuevo POT se les otorgue la legalidad y puedan así jalonar recursos del orden municipal para el desarrollo de proyectos.

Uno de los principales problemas que presentan estas comunidades es el no contar con redes de alcantarillado y al no estar legalizados no pueden ser acreedores de dineros de la Alcaldía de Ibagué.

En la edición del 25 de febrero se informó que ocho líderes comunales radicaron ante el Tribunal Administrativo varios oficios para solicitar al magistrado Beltrán declarar la legalidad del Plan de Ordenamiento Territorial, aprobado por decreto el pasado 24 de diciembre.

La directora del Grupo de POT de la Secretaría de Planeación, Gloria Constanza Hoyos, argumentó que “al estar los asentamientos urbanos fuera del perímetro no se pueden legalizar”, lo cual se estaría buscando con el POT de acuerdo con lo expuesto en el decreto 564 de 2006.