La construcción del Portal de San Gabriel, que se desarrolla en Aparco, terreno ubicado en cercanías a la vía que conduce a Picaleña, al Suroriente de la ciudad, ha sido uno de los proyectos más esperados por los periodistas de la región.

Sin embargo, después de cinco años, para potenciales beneficiarios lo único que se mantiene desde que fue pensado como una solución de vivienda para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación del Tolima, es su nombre, que de manera paradójica, fue elegido por los comunicadores que esperaban ser favorecidos.

En ese sentido, la idea original que se tenía acerca de lo que sería el Portal de San Gabriel se fue diluyendo poco a poco, hasta convertirse en una iniciativa muy distinta de la que se proyectó en 2010, durante el entonces gobierno del alcalde Jesús María Botero.

Prueba del cambio ha sido la modificación en el número total de unidades de vivienda, el incremento del valor de cada apartamento, los ajustes y mejoras estructurales al diseño original, y hasta la inclusión de nuevos beneficiarios.

Con cada cambio y modificación, un buen grupo de comunicadores manifestó sentir más lejana la posibilidad de acceder a tener una vivienda propia en Aparco, mientras que otro logró cumplir los requisitos y están en camino de ser propietarios.

La polémica a su vez fue creando divisiones. Y en la actualidad, un grupo conformado por potenciales beneficiarios, todos trabajadores de medios de comunicación de la región, están en desacuerdo con el actual proyecto.

Este grupo, que llevó el caso hasta el Juzgado Sexto administrativo del Circuito de Ibagué, mediante una acción popular, es liderado por el periodista Jorge Eliécer Barahona, presidente de la Asociación Tolimense de Periodistas (ATP).

Barahona ha cuestionado los cambios efectuados al proyecto inicial, lo cual lo ha enfrentado con otro comunicador, Gilberto Martínez, presidente de la Asociación nacional para el desarrollo social del periodista, Anpress (Ver Enfrentamiento jurídico).

Martínez, desde hace ocho años ha liderado el desarrollo del proyecto y ha ejercido la representación de los periodistas ante las entidades públicas en lo que concierne a la polémica iniciativa.

Cercanos a Martínez, están los 92 beneficiarios que lograron postularse para adquirir uno de los 180 apartamentos, que incluyen subsidios otorgados por la Gobernación y la Alcaldía de Ibagué.

Si bien las obras en Aparco comenzaron desde hace semanas, el desarrollo del proyecto no deja de generar bastantes ruidos a su alrededor.

Y no se puede desestimar uno tan fuerte como el de la acción colectiva, que en el peor de los casos, podría propiciar la suspensión de las obras en Aparco.

Una ilusión pasajera

Desde 2010 y hasta la fecha, el Portal de San Gabriel ha dejado ganadores y perdedores. Unos son los 92 inversionistas satisfechos y que están postulados.

Y los otros, aquellos que con derecho al beneficio están inconformes porque dicen que sus ingresos no les alcanzan para adquirir uno de los apartamentos que cuesta cerca de 87 millones de pesos.

Los periodistas y trabajadores de los medios, al igual que el resto de pobladores de la Ciudad Musical no fueron ajenos a la problemática generada por el déficit de vivienda, que en Ibagué supera las 36 mil unidades.

En ese contexto, el convenio 136 de 2009 que dio vía libre a la compra de terrenos en la ciudad para el desarrollo de Viviendas de Interés Social (VIS), facilitó la compra del terreno sobre el cual se construye en la actualidad el Portal de San Gabriel.

Hacia 2010, durante el gobierno del alcalde Jesús María Botero, el Municipio adquirió un lote en el sector Aparco por 895 millones 128 mil pesos, con un área de 23 mil 200 metros cuadrados.

Se decidió que allí se construirían viviendas para los periodistas del Departamento, y aunque se aclaró desde un comienzo que los inmuebles no serían regalados, se preveían precios de compra asequibles para los trabajadores de los medios de comunicación.

De manera posterior, se dijo que junto con los periodistas los otros beneficiarios serían conductores de taxi de Ibagué, pero esta posibilidad al final no se concretó.

Así que en última instancia la Administración municipal amplió la oferta para que funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación del Tolima pudieran acceder y tener una vivienda propia.

El proyecto entonces se reglamentó y se estableció que 180 viviendas serían para periodistas, mientras que otros 120 apartamentos se entregarían a funcionarios del sector público.

La Alcaldía, mediante la Gestora Urbana, aportó 480 millones de pesos, mientras que la Gobernación apoyó el proyecto con mil 824 millones de pesos.

Esos aportes que sumados equivalen a unos dos mil 305 millones de pesos, se distribuyeron como subsidios entre las 300 unidades de vivienda y este año se indicó que se sumarían a la cuota inicial de cada apartamento.

Para cada beneficiario, se acordó la entrega de siete millones 702 mil pesos, y los interesados debieron contar con un ahorro programado para lo cual se contó con los servicios del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

En su momento, se dijo que el FNA otorgaría créditos hasta del 100 por ciento del valor de cada vivienda, en el marco de la Línea Tricolor, un programa de la entidad para periodistas, sin embargo nunca se formalizó esa posibilidad.

Hace menos de dos años se conoció que el FNA solo prestaría hasta el 80 por ciento del valor de cada apartamento, lo que provocó una desbandada de ahorradores que buscaron opciones en otros bancos al no existir el beneficio especial que les habían prometido.

Esa fue la primera gran promesa que se diluyó para los 180 beneficiarios del Portal de San Gabriel, y muchos que no tenían un ahorro sólido o que no habían sido consistentes en ese propósito descartaron el proyecto.

Del cielo a la tierra

La fuente que ha alimentado la controversia y la polémica en torno al proyecto han sido los cambios que ha sufrido este, a lo largo de los últimos tres años.

La Gestora Urbana abrió una convocatoria pública en febrero de 2014, con el objetivo de hallar un socio constructor para la ejecución de las obras. A la convocatoria solo se presentó una firma: Avila Limitada.

Sin lugar a dudas, el hecho determinante en la historia del Portal de San Gabriel fue la entrada en escena de esta constructora de origen costeño, a la cual se le encomendó levantar los apartamentos en Aparco.

Antes de su aparición, se pensaba en apartamentos ubicados en 15 torres de cinco pisos, sin ascensor, con un área inferior a los 60 metros cuadrados de superficie, y con un costo de unos 63 millones de pesos.

Pero Avila Limitada llegó y como le dijo en su momento a EL NUEVO DÍA Juan Carlos Granados, jefe de Vivienda y Proyectos de la Gestora Urbana, la firma adicionó todo un listado de “valores agregados” al proyecto.

La propuesta incluyó cambios sustanciales a los 300 apartamentos con respecto al proyecto inicial, y adicionó una segunda fase en la que se construirán 220 unidades más también tipo VIS, pero que no tendrán derecho al subsidio de la Gobernación y la Alcaldía.

Entre los cambios, también se propuso la reducción en el número de torres a tres y el número de pisos (plantas) de cada edificio aumentó a 12, y se agregaron ascensores a las torres.

Asimismo, el área de cada apartamento se incrementó a 62 metros cuadrados y se anunció la entrega de amplias zonas verdes, piscinas, salones comunales, zonas de BBQ, entre otras mejoras.

Para periodistas como Barahona, estas nuevas inversiones generaron un incremento en el valor de cada apartamento.

Pero para Gilberto Martínez, el valor de cada unidad está enmarcado en la ley y sobre los 86 millones de pesos del tope VIS. También, argumentó que los cambios se efectuaron acatando el decreto 1469 de 2010, y se ajustaron a “las exigencias estructurales vigentes”.

“En el rediseño se respetó la norma técnica y las exigencias normativas establecidas por el ordenamiento jurídico frente a las Viviendas de Interés Social”, detalla Martínez en su denuncia contra Barahona.

Sin embargo, “el rediseño” fue más allá, de la propuesta inicial, y la firma Avila propuso adicionar un parqueadero individual por cada vivienda, lo cual incrementó el costo de cada unidad en 13 millones de pesos, aunque la firma argumentó que estos tendrían escrituras independientes.

Esa iniciativa, que fue vista como un costo adicional por los compradores mientras fue calificada como una buena inversión por Avila Limitada, generó preocupación entre los inversionistas por lo que al final la constructora desistió de la idea.

Entre tanto, los cambios en la estructura de los edificios supuso la actualización de la licencia de construcción y urbanismo, que en la actualidad está en trámite en la Curaduría Urbana número Uno de Ibagué (Ver polémica por licencias).

Con respecto a los cambios en el proyecto, Barahona señaló que con la acción popular interpuesta se prevé que el Portal de San Gabriel se construya con base en los diseños iniciales.

“Que nos respeten el proyecto inicial que es el de 15 torres de cinco pisos, de 63 millones de pesos”, afirmó el periodista.

En contraste, Martínez ha manifestado en varias ocasiones que lo que planteó la constructora fue un cambio total con el propósito de construir viviendas dignas para los periodistas y no una especie de “cárcel de Picaleña”, a la cual se asemejaban los diseños iniciales.

¿Qué sucedió con Aparco?

En medio de la polémica suscitada, Barahona se preguntó qué sucedió con el terreno sobre el cual se construyen hoy los apartamentos.

“A estas alturas de la vida no sabemos qué ha pasado con el lote, nosotros decimos que bueno, que no sea obsequiado para el proyecto de vivienda.

“Pero de acuerdo al uso que se le brinda al terreno tiene unos precios y sería bueno que ese favorecimiento económico se retribuyera en cada uno de los periodistas.

“Pero lo que veo en el proyecto que nos han montado ahora, no hay una retribución ni la otra”, aseguró el periodista.

Frente a la posesión del terreno, la Gestora aclaró que continúa siendo propiedad del Municipio, aunque luego de firmado el contrato asociativo con Avila Limitada, se pasó a una fiducia.

Aquí la causa de la controversia ha sido si es legal o no que sobre un lote que es propiedad del Estado, se beneficien particulares como la mencionada constructora.

Y a esa duda, se suma el desarrollo de los 225 apartamentos adicionales que no estaban previstos en los primeros diseños del Portal de San Gabriel.

De estos, se sabe que se levantarán en el mismo lote que había sido comprado en 2010 para subsanar el déficit de vivienda en un grupo muy específico de ciudadanos sin casa propia.

Este es otro cambio que ha generado molestia, pues estas unidades VIS aunque no tienen el subsidio de los otros 300 apartamentos, son vistos como otra pérdida de especificidad del proyecto que terminó siendo para periodistas, funcionarios públicos y cualquier ciudadano que tenga las condiciones de inversionista.

Con relación al tema, cuando fue consultado Juan Carlos Granados acerca del tema, en febrero de este año, el funcionario explicó que el lote “está como garantía en el encargo fiduciario del mismo proyecto”.

Y reiteró que Aparco con sus más de 23 mil metros cuadrados “en ningún momento se ha entregado” a un particular, y que por el contrario “se entregó al encargo fiduciario para tenerlo como garantía”.

En este aspecto, cabe resaltar que el contrato de asociación establece que la Gestora Urbana deberá recibir de parte de Avila Limitada alrededor de mil 200 millones de pesos como retorno de la inversión.

Este valor, que resulta de la entrega de cuatro millones de pesos por cada uno de los 300 apartamentos, incluye el valor del lote y lo aportado por la Gestora.

Enfrentamiento jurídico

Las diferencias entre los comunicadores Gilberto Martínez y Jorge Eliécer Barahona, por el proyecto de vivienda, llegó en abril pasado hasta la Fiscalía General de la Nación. Martínez interpuso una denuncia contra Barahona por los delitos de tentativa de extorsión agravada y pánico económico. Según la versión del Presidente de Anpress, Barahona le habría exigido la asignación gratuita de uno de los apartamentos si quería evitar que se iniciara una campaña de desprestigio contra el proyecto de vivienda.

En el texto de la denuncia, Martínez señala que se negó a la presunta exigencia. Con respecto al segundo delito, en su denuncia Martínez señala que la información divulgada de manera posterior por Barahona en al menos cuatro medios de comunicación radiales y tres portales web, concerniente al proyecto, es “falsa e inexacta”. Por su parte, Barahona dijo que Martínez no tenía porque demandar a otros colegas, “él solo tenía la potestad de representarnos ante el proyecto”. E interpuso una demanda contra Martínez por injuria y calumnia, debido a las declaraciones que habría adelantado este ante un medio radial. 

Polémica por licencias

En medio de la oposición que ha encabezado Jorge Eliécer Barahona al proyecto VIS, salió a la luz que la iniciativa cuenta con licencia de construcción, pero no ha sido actualizada de acuerdo con los cambios adelantados al proyecto.

Si bien, en mayo de 2012 fue otorgada la licencia de construcción, esta correspondía a los diseños iniciales del Portal de San Gabriel y no contemplaba la modificación de cinco a 13 pisos planteada en la propuesta de Avila Limitada.

Frente a este tema, Manuel Medina, curador Urbano número Uno de Ibagué, indicó que está en trámite la actualización de licencia de urbanismo y construcción, desde finales de 2014.

Medina agregó que la modificación fue presentada a tiempo según el decreto 1479 de 2010, en el que se indica, que cualquier actualización puede pedirse siempre y cuando la licencia esté vigente.

En relación a este tema, Barahona dijo que cuando el hizo pública su posición en la que señalaba que él no compraría en un proyecto que no tiene licencia de construcción y permiso de ventas, fue denunciado por Gilberto Martínez.

Denuncia por sala de ventas

Barahona también denunció que la construcción de la sala de ventas en Aparco, no contaba con licencia de construcción ni permiso de ventas y que estaba invadiendo espacio público.

En contraste, Gilberto Martínez argumentó que dicho permiso está en trámite desde febrero de este año. Sin embargo, a principios de mayo la Dirección de Espacio Público declaró la suspensión de obras de la construcción de la sala de ventas, debido a quejas interpuestas por la empresa Progasur e Invías que alertaron sobre invasión del espacio público y posible daño en la infraestructura de una tubería de gas.

Mario Fernando Díaz, a cargo de la mencionada Dirección, dijo que el cierre de obras fue declarado en abril, pero al parecer, Ávila Limitada incumplió con el sellamiento y continuó con las labores.

De nuevo en oficio remitido, Progasur alertó sobre la continuidad de las obras, lo que provocó la imposición de sellos y formulación de denuncia penal ante la Fiscalía General por fraude al acto administrativo que ordenó la suspensión de los trabajos.

Aquí, aparte de la constructora, fue señalada como responsable la Gestora Urbana, entidad encargada de vigilar el desarrollo del proyecto y que fue vinculada al proceso, en el que se impondría una multa y se demolería el edificio levantado.

Perdedores y ganadores

Para los periodistas que no tienen o no lograron conseguir los recursos suficientes para postularse y comprar uno de los apartamentos, la iniciativa perdió su propósito original. Y varios como en el caso de Barahona, consideran que los subsidios ahora pueden quedar en manos de nuevos compradores, que no son ni periodistas ni funcionarios de la Alcaldía o la Gobernación.  

“Creemos que hay un derecho adquirido porque los dineros de Gobernación y Alcaldía no se giraron para otra parte o para que ahora vengan a decir que se los van a repartir entre otras personas.

“Son única y exclusivamente para los 300 (apartamentos), donde tenemos 180 cupos nosotros (medios de comunicación)”, sostuvo Jorge Eliécer Barahona. 

La resolución 754 de 2014 reglamentó quiénes son los potenciales beneficiarios del Portal de San Gabriel. En un principio, solo eran periodistas y funcionarios de la Alcaldía y Gobernación como se había dicho. 

No obstante, en marzo de este año la resolución sufrió una modificación y se determinó que los cupos que no sean usados por los 180 beneficiarios, pueden ser asignados a otro tipo de funcionarios.

Se trata de servidores “de todas las ramas del poder público” y contratistas bajo la modalidad de prestación de servicios, que residan en Ibagué y el Tolima.

Así las cosas, parte de los dos mil 305 millones de pesos de subsidio podrán beneficiar a funcionarios y contratistas de entidades del orden nacional con sede en Ibagué.

Entre estás se encuentran instituciones como Cortolima, Universidad del Tolima o el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). De otra parte, los 88 cupos que quedaron libres y que correspondían a trabajadores de medios de comunicación, serán distribuidos de manera equitativa entre los funcionarios públicos.

Aquí hay otro motivo de desencuentro porque en términos concretos, solo cinco de cada 10 comunicadores que tenían posibilidad de acceder al proyecto, pudieron separar uno de los apartamentos.  

Y en un análisis más global, de 300 unidades VIS que tienen el subsidio especial, los comunicadores lograron quedarse solo con el 30.6 por ciento de ese total, cuando tenían derecho a un 60 por ciento.

Es decir que de cada 10 subsidios de siete millones 702 mil pesos, los periodistas tenían posibilidad de acceder a seis, y final se quedaron solo con tres.  

Así las cosas, sea quien sea el que tenga la razón en la controversia, lo cierto es que los cambios, tanto para los buenos como los malos ahorradores, dejaron por fuera del juego a la mitad de los participantes.

Y al final el propósito y la buena intención de solucionar la falta de casa propia en este grupo específico de trabajadores, quedó a medias.