El informe de auditoría llevado a cabo al banco inmobiliario durante la vigencia 2014 estableció presuntas irregularidades en la suscripción del contrato 034 con el consorcio San Roque y que podría conllevar a la entidad a pagar mayores cantidades de obra, debido al retraso en el inicio de las obras.

De acuerdo con el organismo de control, lo anterior se deriva de la obtención de los permisos ambientales ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), requisito indispensable que debía haber sido exigido al contratista con anterioridad a la firma del mismo.

Para la Contraloría es claro que la Gestora Urbana incumplió con el manual de contratación en lo referente al control y seguimiento a la ejecución del contrato, funciones del supervisor e interventor y funciones administrativas que indican que es deber verificar la existencia de los permisos y licencias necesarias para la ejecución del objeto contractual.

Además, refiere que no es excusa para la entidad contratante no haber considerado este ítem en la etapa precontractual del contrato 034; sin embargo, en los pliegos de condiciones, en el punto 14 dentro de las obligaciones y actividades a desarrollar por el contratista, se especificó que se responsabilizaba del plan de manejo ambiental del proyecto y/o de la licencia ambiental si a ello hubiere lugar y pese al mismo no se exigió lo pactado y, aunque la obtención de las licencias no generó un costo adicional, “los retrasos en la iniciación de la obra pueden provocar unos mayores costos en los insumos y otros ítems necesarios para la ejecución del proyecto”, señaló el organismo de control.

Y es de resaltar que aunque en agosto de 2014 se llevó a cabo la firma del mismo y cuyo plazo era de nueve meses, tan solo en marzo de la presente vigencia la Corporación Autónoma expidió el permiso de aprovechamiento forestal a favor del contratista para iniciar la ejecución del contrato en el sector del barrio Centenario.

Por otra parte, la Contraloría resalta no existir documentación donde se deje constancia de la socialización del proyecto con la comunidad antes del inicio de las obras lo cual conllevó por parte de estos a entablar un acción popular, que generó nuevamente la suspensión del contrato.

“En cuanto a la socialización con la comunidad se efectuó el 12 de abril de 2013, quedando citada una reunión con todos los participantes, con la Gestora Urbana, el Imdri y al Secretaría de Apoyo a la Gestión y asuntos de la Juventud, la cual no se llevó a cabo”, añade el ente fiscal.

Más hallazgos

De igual manera, la Contraloría municipal logró establecer 49 hallazgos al interior de la Gestora Urbana, cinco de carácter fiscal por valor de 117 millones 923 mil pesos, cuatro disciplinarios, un sancionatorio y 39 administrativos.

El ente de control fiscal especificó que se halló deficiencias en cuanto a los estudios previos, la revisión de las necesidades reales de los proyectos, los presupuestos, los beneficiarios y los tiempos. De igual manera, se estableció que al efectuar las evaluaciones técnico-financieras fueron practicadas de manera errada, los objetos contractuales no son claros, no se obtiene cotizaciones en empresas legalmente constituidas y que ofrezcan el mismo bien o servicio contratado, para determinar si el valor obedece a los precios reales del mercado ,y si las especificaciones técnicas corresponden a la calidad y a lo requerido por la entidad en todos los procesos contractuales.

Además, dictaminó el no pago oportuno a los contratistas de la remuneración pactada en el contrato, para evitar intereses moratorios y la modificación del mismo, que iría en detrimento de la gestión administrativa y la no identificación de las razones que dan lugar a los pagos o cuentas canceladas por mayor valor.

Tenga en cuenta

La Contraloría municipal, con respecto al acta de evaluación de las propuestas en licitación 001 de 2014, de “construcción de la primera etapa del escenario deportivo y recreacional Skate plaza, encontró que a quien le llevaron a cabo dicha evaluación fue al consorcio San Rafael, que no presentó propuesta, y no al consorcio San Roque”.