Los lunares de los contratistas del Consorcio Comunales 2015

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
La Administración del alcalde Luis H. Rodríguez adjudicó a la empresa Administración Pública Cooperativa de Colombia (Colmucoop) y al ingeniero Carlos Arturo Arango Salazar mil 811 millones de pesos para la construcción, la adecuación y el mejoramiento de salones comunales en la capital.

Luego de más de tres años de administración y alertas generadas por los antecedentes de los oferentes a quienes se ha adjudicado millonarios contratos para obras en la ciudad, de nuevo las dudas se ciernen sobre los contratistas a quienes fue entregado el contrato para la construcción, la adecuación y el mejoramiento de salones comunales, que comprometen mil 811 millones de pesos.

EL NUEVO DÍA se dio a la tarea de rastrear algunos datos de la cooperativa Colmucoop, originaria de Neiva, y de Carlos Arturo Arango Salazar, quien ha sido vinculado a numerosos contratos en el Tolima y en la Alcaldía de Ibagué.

El diario La Nación de Neiva, en un informe titulado ‘¿Dónde está la plata de las obras inconclusas en Huila?’, de septiembre de 2012, señaló que a través del Fondo Nacional de Regalías fueron aprobados $24.141 millones para ejecutar 34 proyectos de vivienda, que para la época de los hechos estaban sin construir, luego de haber transcurrido cuatro años desde la oleada invernal que dejó a varias familias del sector rural damnificadas.

Según la investigación, nueve de los 11 proyectos en los que habría participado Colmucoop no presentaban avance de obra.

“Nueve de los 13 proyectos de vivienda que están suspendidos o no presentan avance físico, según el Departamento Nacional de Planeación, están siendo ejecutados por el mismo contratista, Colmucoop, por medio de varios consorcios que participaron en las licitaciones públicas”, refiere la publicación.

Más adelante, se deja constancia de que el caso más polémico habría sido el del municipio Colombia, “pues de los $305 millones girados $208 millones fueron entregados en anticipo al consorcio Viviendas Colombia para la construcción de 52 viviendas para familias damnificadas por la ola invernal del 2008”. Este consorcio lo integraba la cooperativa en mención.

Pero hay más. El 31 de enero pasado La Nación presentó en su informe ‘La electrificación de dos veredas que nunca se dio’, cómo a pesar de que se pagó al contratista $396 millones 234 mil 334 para beneficiar a por lo menos 90 familias con electrificación, el objeto contractual no se cumplió.

El contrato, que fue firmado el 15 de abril de 2009, en más de cuatro oportunidades fue suspendido. Lo que llamó aún más la atención es que pese a que no se ejecutaron los trabajos, los informes de la interventoría daban cuenta de que sí se avanzaba y esto permitió al contratista cobrar los anticipos.

El exalcalde de Íquira Alberto Yustres y quien este año aspiraría de nuevo a dirigir los destinos de esa municipalidad, adjudicó las obras a la Unión Electrificación Íquira, conformada por Colmucoop y representada por Gustavo Mosquera Charry con una participación del 70 por ciento y Proinmat, una precooperativa de servicios y comercialización que tenía como representante a Jorge Andrés Cuéllar Rodríguez.

Colmucoop solicitó al Municipio el reconocimiento de 100 millones de pesos más por reajuste en los precios de obra, petición que no fue aceptada.

Responsabilidad fiscal

Aunque la Contraloría General dio apertura a proceso de responsabilidad fiscal en 2013 contra Gustavo Mosquera Charry por la ejecución de otro contrato cuyo objeto era estudio, diseño y construcción para la reposición y ampliación del alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en Praga, zona rural de Aipe (Huila) en sociedad con Proimat; en consulta de los antecedentes fiscales expedido por el máximo órgano fiscal no se reporta como responsable fiscal.

No obstante, se desconoce si Charry fue objeto de sanción y si debió reintegrar dineros pertenencientes al Estado, ya que de haber efectuado esta acción cesarían las acciones sancionatorias, civiles y legales que pudieran desprenderse del proceso.

Es de resaltar que Charry continúa ejerciendo como representante de Colmucoop y es originario de Gigante, Huila, de donde proviene el candidato a la Alcaldía de Ibagué Jhon Ésper Toledo.

Arango y sus nexos en Ibagué

A este contratista se le conoce en Espinal por haber militado en el sector del ‘gomezgallismo’ y haber trascendido al partido Cambio Radical, que entregó su apoyo al candidato a la Alcaldía de Ibagué Jhon Ésper Toledo.

Pero Arango Salazar no es desconocido en el Municipio, pues dentro de las obras ejecutadas figuran la pavimentación de la calle 25 entre carreras Quinta y Octava por 155 millones de pesos (2000), la carrera Primera Sur entre calles 28 y 32, barrio Arado, por $237 millones (2005); Magisterio, Macarena, Piedrapintada, Calarcá y Protecho, por $765 millones (2008); construcción de la cuarta etapa del Boulevar de las Brisas y pavimentación de la calle 35C, entre carreras Segunda y Cuarta del estadio Manuel Murillo Toro, y la construcción de 103 VIS de la urbanización Comfatolima, barrio El Salado, por mil 172 millones de pesos, entre otros contratos.

Además, Luis H. Rodríguez le adjudicó la pavimentación de la vía Eduardo Santos por 311 millones de pesos, obra que el Mandatario reconoció haber sido la primera licitada en su mandato. Fue adicionada en 2014 en 10 millones de pesos.

El contratista de Espinal

Carlos Arturo Arango Salazar es ingeniero Civil proveniente de Espinal. Durante el desempeño de su profesión ha sido beneficiario de numerosos contratos en municipios del Departamento, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

Uno de los primeros contratos donde se le relacionó fue en presuntas irregularidades en la ejecución de las obras para la adecuación del coliseo cubierto Balkanes (Espinal) y donde se le cuestionó el no allegar el documento que lo acreditara como contratista inscrito en el registro de proponentes.

Pero además a Arango se le conoce como uno de los tres contratistas con más poder en este municipio junto con Aitor Mirena de Larrauri Echevarría y Luis Egimio Barón Vargas, a quien justamente la Alcaldía de Espinal adjudicó en marzo de la presente vigencia un contrato por cuatro mil 600 millones de pesos para la remodelación del coliseo Balkanes.

Arango Salazar se logró adjudicar en 2014 la ejecución del contrato para la renovación arquitectónica y paisajística de los parques Bolívar y Castañeda en la localidad por cinco mil 800 millones de pesos, con un plazo de un año contados a partir de abril de 2014, sin que a la fecha se haga entrega de las mismas.

Sin embargo, es de resaltar que el contrato debió ser suspendido debido a la acción popular impetrada por la comunidad para evitar que los árboles fueran talados. Las obras dieron inicio formal el 15 de enero del presente año.

Este contrato estuvo en medio de la polémica, debido a que varios sectores políticos como el del diputado Carlos Barrero afirmaron que estas obras eran un ‘lujo innecesario’, cuando aún hay gente que vive en la pobreza y existen problemas de presión en el acueuducto, etc.

De igual manera, se le anota la adjudicación de la pavimentación de la vía a Puerto Peñón (465 millones de pesos), Mejoramiento de la Villa Olímpica ($996 millones) y Consultoría y construcción de la Terminal de Transportes mediante administración delegada por cinco mil 43 millones de pesos.

De acuerdo con una fuente, “nadie se mete a licitar a Espinal porque siempre (las licitaciones) están amarradas para esos contratistas”.

Credito
EL NUEVO DÍA

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