La Corte Constitucional determinó que la Alcaldía y el Ministerio de Vivienda deben, en coordinación, dar garantía de una solución duradera y definitiva de vivienda digna para los ocupantes de hecho que constituyan población vulnerable, que se encuentren en estado de debilidad manifiesta o sean sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior, con el fin de poder dar cabal cumplimiento a la sentencia.

En documentación requerida al Minvivienda, este informó que de las 105 familias reportadas como ocupantes de hecho por la Alcaldía solo cuatro fueron beneficiadas del programa Multifamiliares El Tejar, los demás no cumplían con las especificaciones de vulnerabilidad el proyecto como ser víctimas de desplazamiento. Además, 16 acreditaron ser propietarios de vivienda de acuerdo con los cruces realizados con el Instituto Agustín Codazzi.

La entidad nacional dispuso en comunicación a la Alcaldía disponer de un predio con servicios públicos para asignar un subsidio de 25 smmlv, más los recursos que pueda acceder cada familia para obtener una solución de vivienda. A la fecha no se ha recibido respuesta de la misma.

La Administración establece que en total 93 familias deberán gozar de una solución de vivienda definitiva.

La Corte Constitucional advierte a los órganos de control de la ciudad hacer supervisión y acompañamiento a las entidades municipales y nacionales responsables en el cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia, relativas al desalojo y entrega efectiva de las unidades de vivienda a sus adjudicatarios y propietarios; el cumplimiento con los trámites y medidas de reubicación transitoria por parte de la administración municipal, en cuanto sean aceptados voluntariamente por los ocupantes de hecho de las unidades de vivienda de Nueva Castilla que constituyen población vulnerable, el acompañamiento y supervisión respecto de los avances en la coordinación entre la Alcaldía y Fonvivienda con el fin de garantizar una solución duradera y definitiva de vivienda digna.