y ya fue publicado el proceso por el que se busca contratar una persona para evaluar las prácticas sanitarias y de seguridad a 350 estanques.

La cuantía por contratar es de 90 millones de pesos. El análisis se focalizará en 200 piscinas abiertas al público y 150 privadas, tanto en lo urbano como en lo rural.

EL NUEVO DÍA consultó con la secretaria de Salud, Gilma Lucía Peña, quien explicó que el nuevo contrato se aplicará con base en nueva reglamentación.

Respuestas parciales

Según la funcionaria, el censo inicial arrojó un total de 545 piscinas, de las cuales solo el cinco por ciento, es decir, 27, cumplía con la normatividad para prestar servicio al público; al 60 por ciento, que equivaldrían a 327 estanques, se le efectuó requerimientos, y 191 no cumplían con los estándares.

No obstante, no dio claridad sobre por qué solo 350 harán parte del nuevo estudio y no el total de las determinadas en el censo, al no cumplir con el contenido de la ley 1209 del 14 de julio de 2008 y demás normas posteriores.