Abogada envuelta en escándalo por máquina tapahuecos es ahora contratista de Jaramillo

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
La profesional tiene dos inhabilidades que se encuentran en apelación en segunda instancia ante la Procuraduría General. También es investigada por la Fiscalía.

El alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo entregó un contrato para prestar asesoría a su despacho y a las diferentes secretarías de la Administración a la abogada María Constanza Aguja Zamora, quien está investigada por el cuestionado contrato 638 del 27 de diciembre de 2013 cuando se desempeñaba como Secretaria General en la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) del distrito y que buscaba tapar 220 mil huecos en Bogotá.

El contrato suscrito el pasado martes con la Administración, advierte que Aguja deberá emitir conceptos a requerimientos del despacho del alcalde y diferentes secretarías y direcciones en cuanto a procedimientos administrativos y acciones judiciales que se adelanten en la entidad.

Además, asesorar las acciones a desarrollar en la oficina de Gestión del Talento Humano, área en la cual se desempeñó en el 2015 como Directora de Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Gobierno durante la alcaldía de Gustavo Petro.

Pero Aguja Zamora aún le sobreviven dos procesos que se encuentran en apelación en la Procuraduría General y que la inhabilitaron para ejercer cargos públicos por 10 y 15 años.

El primero, tiene relación con las anomalías presentadas en la ejecución y liquidación del contrato 113 de 2011 de obra civil cuando se desempeñaba como secretaria General de la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.

En este caso, Aguja autorizó una resolución expedida por la entonces Directora General de la (UMV) María Gilma Gómez Sánchez que declaró el incumplimiento del contratista y obligaba a la cancelación de algunas acreencias laborales que se adeudaban a cerca de 275 trabajadores. El saldo pendiente por cancelar por parte del Distrito al consorcio, se destinó para el pago parcial de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social e indemnizaciones, obligación exclusiva del contratista.

El Ministerio Público estableció que tanto Gómez Sánchez y Aguja Zamora no hicieron efectivas las cláusulas de garantía de cumplimiento consistentes en la imposición de multa, la cláusula penal pecuniaria y la garantía única en la firma de seguros a favor de la Unidad Administrativa por lo cual se profirió sanción que las inhabilitó por 15 años en 2014.

El segundo proceso tiene que ver con la celebración del contrato 638 con la empresa Green Patcher Colombia SAS y cuyo costo fue de 11 mil 822 millones de pesos para una ejecución de seis meses.

La Procuraduría evidenció varias irregularidades, entre ellas, la adjudicación de forma directa bajo la modalidad de ciencia y tecnología cuando se debió haber hecho mediante licitación pública.

Además, el hecho que el proponente y ofertante, Green Patcher Colombia SAS y cuyo representante legal era el actor de televisión Juan Pablo Posada, al parecer, no cumplió con la experiencia específica exigida.

En audio revelado por el diario El Tiempo y que fue hecho en una reunión del comité de contratación de la UMV el 20 de diciembre de 2013, una semana antes de adjudicarse el contrato, revela las voces de la exdirectora de la entidad María Gilma Gómez Sánchez; la entonces secretaria general, María Constanza Aguja Zamora, y el jefe de la oficina jurídica de la UMV, Francisco Antonio Coronel Julio, que expresaron temores por lo que iban a realizar.

Aguja y los demás funcionarios se rieron por adjudicar el contrato a Posada.

“Un actor de televisión, ja-ja-ja-ja. De los malitos, además (…). Tras de que se burlan de nosotros por todo y vamos a contratar con una empresa cuyo representante legal es un actor de televisión... Ahí sí más ‘kamikaze’ para dónde”, admitió Aguja.

Por otra parte, la abogada reconoce haber recibido varios conceptos para efectuar el proceso mediante licitación pública pero que todo terminaría en la Fiscalía.

La Procuraduría y la Fiscalía deberán ratificar si la abogada y los demás excolaboradores de la UMV incurrieron en la celebración indebida de contratos y posible peculado.

Habla Aguja Zamora 

EL NUEVO DÍA dialogó con María Constanza Aguja Zamora, quien en un primer momento afirmó que no le interesaría prestarse a un “show” por su vinculación a la Administración y consideró terminar su relación laboral con la Alcaldía ante el escándalo. No obstante, de forma posterior afirmó que no tiene nada que esconder y que en caso de que la Procuraduría ratifique la decisión en primera instancia recurrirá al Consejo de Estado.  

END: Considera usted que la Procuraduría pudo haber incurrido en un error al haberla inhabilitado en especial en el contrato de la máquina tapahuecos...

MCAZ: Trabajé en el Gobierno del alcalde Gustavo Petro cuatro años, fue uno de los gobiernos que se caracterizó por ser uno de los más perseguidos en Colombia por parte de la Procuraduría, inclusive el alcalde estuvo retirado de su cargo. Para la Procuraduría todo lo que se hiciera dentro de la Bogotá Humana había que investigarlo, trabajé en una de las entidades que estaban en el ojo del huracán, la UMV que está vinculada al carrusel de la contratación en la época de Samuel Moreno, entonces a uno le tocaba bailar con la más fea, y levantarle la imagen a una entidad como esa no era fácil. Teníamos prácticamente a la Contraloría viviendo ahí, trabajando con nosotros en la misma oficina. 

Dentro de ese contexto cualquier cosa que hiciéramos era objeto de investigación inmediata. Casi que nos estaban auditando en tiempo real. Se firmó el contrato por ciencia y tecnología, lo expliqué en su momento, fue un estudio que se hizo por más de seis meses y que no fue que lo decidiera sola, también habían unos asesores externos que nos apoyaron en el proceso y se firmó el contrato que fue objeto de investigación y que efectivamente la Procuraduría falló en primera instancia con destitución para ejercer cargos públicos. 

END: Usted habla de persecución al gobierno de Petro, cree que esa enemistad entre el Ministerio Público y el exalcalde, la afectó...

MCAZ: No es quiera decirlo o demarcar así, pero era tal la persecución al Gobierno que todo lo que se hiciera era malo. Uno hace un contrato como esos y está tocando muchos callos, porque era una solución rápida. 

END: Pero usted se encuentra inhabilitada...

MCAZ: Efectivamente estoy sancionada en primera instancia pero está interpuesto el recurso de apelación que lo hizo el abogado Julio César Montañez y estamos a la espera del fallo de segunda instancia. 

END: Usted mencionó que declinaría de su aspiración de trabajar con la Alcaldía, se mantiene aún en esa posición..

MCAZ: Me puse a pensar que no, igual por qué voy a declinar si no tengo nada que esconder y no tengo nada de que avergonzarme, absolutamente de nada, ustedes pueden ir a mirar el expediente a la Procuraduría y la gente que me conoce sabe que tengo esas investigaciones. 

Si uno es servidor público de nivel directivo donde uno puede hacer no por uno, sino por la gente, ese hacer siempre te va a poner en la palestra para que te investiguen, si uno no quiere que lo investiguen sencillamente no hace  nada y pasa sin pena ni gloria. Por qué voy a renunciar a un contrato si van a sacar una noticia y no tengo nada que esconder, absolutamente nada. 

END: Conocemos que existe un concepto judicial que la podría favorecer en la decisión que tome la Procuraduría ¿cuál es? 

MCAZ: Hubo una acción popular que interpuso el Contralor de Bogotá con el propósito que se suspendiera la ejecución del contrato. En esa acción popular alegó que se estaban violando los derechos colectivos a la moralidad pública y al erario y que debía suspenderse. El fallo se dio el año pasado y el juez de la acción dijo que no se considera que se estuvieran violando ninguno de los derechos colectivos ni a la moralidad pública y que el órgano de control no había probado que eso no fuera un contrato de ciencia y tecnología y por el otro lado que hubiera corrupción o abuso de poder de las personas que habíamos participado en la celebración del contrato. No fue directamente contra nosotros la acción popular fue contra la UMV, porque quien era la Directora la suspendió la Contraloría, yo seguí trabajando allí un poco más, hasta julio de 2014 y las dos salimos de ahí. Pero el contrato se continúo ejecutando pese a la acción popular y cuya expresión dentro del expediente es muy valiosa porque es un juez de la república quien lo está diciendo. 

END: Cree usted que puede llevar una vida normal sin recibir señalamientos por posible corrupción

MCAZ: Tengo la tranquilidad del alma que puedo salir a la calle y mirar a los ojos a todo el mundo porque nunca me he robado un peso, nunca me he beneficiando del erario público para absolutamente nada, excepto para ganarme el sueldo que muy bien me lo gané porque trabajé muchísimo. Nadie podrá decir que hubo un acto de corrupción porque no lo hay. Y esa tranquilidad es la que permite seguir trabajando y asesorando una entidad pública. 

END: Pero genera suspicacias su vinculación a la Administración... 

MCAZ: No quiero que se diga que fue un exabrupto jurídico vincularme como asesora cuando uno se ha desempeñado toda la vida, más de 20 años en el sector público. Siempre he estado al lado del Estado. Si hubiera estado en contra del Estado seguramente tendría más plata en este momento porque le va mejor a los abogados que demandan al Estado, pero yo no hago eso. 

END: Confía en el poder de decisión de la Procuraduría 

MCAZ: No sé lo que la Procuraduría vaya hacer y eso lo determinarán ellos en su saber y entender y en la medida que interpusimos el recurso de apelación considero que va muy bien sustentado. Pero así se ratifique la sanción en primera instancia me queda la vía jurisdiccional para demandar la decisión. Pero eso no implica que uno no pueda ejercer su profesión como abogado entonces me dedicaré como privado a lo que debo hacer. 

Habla Aguja Zamora  EL NUEVO DÍA dialogó con María Constanza Aguja Zamora, quien en un primer momento afirmó que no le interesaría prestarse a un “show” por su vinculación a la Administración y consideró terminar su relación laboral con la Alcaldía ante el escándalo. No obstante, de forma posterior afirmó que no tiene nada que esconder y que en caso de que la Procuraduría ratifique la decisión en primera instancia recurrirá al Consejo de Estado.    END: Considera usted que la Procuraduría pudo haber incurrido en un error al haberla inhabilitado en especial en el contrato de la máquina tapahuecos... MCAZ: Trabajé en el Gobierno del alcalde Gustavo Petro cuatro años, fue uno de los gobiernos que se caracterizó por ser uno de los más perseguidos en Colombia por parte de la Procuraduría, inclusive el alcalde estuvo retirado de su cargo. Para la Procuraduría todo lo que se hiciera dentro de la Bogotá Humana había que investigarlo, trabajé en una de las entidades que estaban en el ojo del huracán, la UMV que está vinculada al carrusel de la contratación en la época de Samuel Moreno, entonces a uno le tocaba bailar con la más fea, y levantarle la imagen a una entidad como esa no era fácil. Teníamos prácticamente a la Contraloría viviendo ahí, trabajando con nosotros en la misma oficina.  Dentro de ese contexto cualquier cosa que hiciéramos era objeto de investigación inmediata. Casi que nos estaban auditando en tiempo real. Se firmó el contrato por ciencia y tecnología, lo expliqué en su momento, fue un estudio que se hizo por más de seis meses y que no fue que lo decidiera sola, también habían unos asesores externos que nos apoyaron en el proceso y se firmó el contrato que fue objeto de investigación y que efectivamente la Procuraduría falló en primera instancia con destitución para ejercer cargos públicos.  END: Usted habla de persecución al gobierno de Petro, cree que esa enemistad entre el Ministerio Público y el exalcalde, la afectó... MCAZ: No es quiera decirlo o demarcar así, pero era tal la persecución al Gobierno que todo lo que se hiciera era malo. Uno hace un contrato como esos y está tocando muchos callos, porque era una solución rápida.  END: Pero usted se encuentra inhabilitada... MCAZ: Efectivamente estoy sancionada en primera instancia pero está interpuesto el recurso de apelación que lo hizo el abogado Julio César Montañez y estamos a la espera del fallo de segunda instancia.  END: Usted mencionó que declinaría de su aspiración de trabajar con la Alcaldía, se mantiene aún en esa posición.. MCAZ: Me puse a pensar que no, igual por qué voy a declinar si no tengo nada que esconder y no tengo nada de que avergonzarme, absolutamente de nada, ustedes pueden ir a mirar el expediente a la Procuraduría y la gente que me conoce sabe que tengo esas investigaciones.  Si uno es servidor público de nivel directivo donde uno puede hacer no por uno, sino por la gente, ese hacer siempre te va a poner en la palestra para que te investiguen, si uno no quiere que lo investiguen sencillamente no hace  nada y pasa sin pena ni gloria. Por qué voy a renunciar a un contrato si van a sacar una noticia y no tengo nada que esconder, absolutamente nada.  END: Conocemos que existe un concepto judicial que la podría favorecer en la decisión que tome la Procuraduría ¿cuál es?  MCAZ: Hubo una acción popular que interpuso el Contralor de Bogotá con el propósito que se suspendiera la ejecución del contrato. En esa acción popular alegó que se estaban violando los derechos colectivos a la moralidad pública y al erario y que debía suspenderse. El fallo se dio el año pasado y el juez de la acción dijo que no se considera que se estuvieran violando ninguno de los derechos colectivos ni a la moralidad pública y que el órgano de control no había probado que eso no fuera un contrato de ciencia y tecnología y por el otro lado que hubiera corrupción o abuso de poder de las personas que habíamos participado en la celebración del contrato. No fue directamente contra nosotros la acción popular fue contra la UMV, porque quien era la Directora la suspendió la Contraloría, yo seguí trabajando allí un poco más, hasta julio de 2014 y las dos salimos de ahí. Pero el contrato se continúo ejecutando pese a la acción popular y cuya expresión dentro del expediente es muy valiosa porque es un juez de la república quien lo está diciendo.  END: Cree usted que puede llevar una vida normal sin recibir señalamientos por posible corrupción MCAZ: Tengo la tranquilidad del alma que puedo salir a la calle y mirar a los ojos a todo el mundo porque nunca me he robado un peso, nunca me he beneficiando del erario público para absolutamente nada, excepto para ganarme el sueldo que muy bien me lo gané porque trabajé muchísimo. Nadie podrá decir que hubo un acto de corrupción porque no lo hay. Y esa tranquilidad es la que permite seguir trabajando y asesorando una entidad pública.  END: Pero genera suspicacias su vinculación a la Administración...  MCAZ: No quiero que se diga que fue un exabrupto jurídico vincularme como asesora cuando uno se ha desempeñado toda la vida, más de 20 años en el sector público. Siempre he estado al lado del Estado. Si hubiera estado en contra del Estado seguramente tendría más plata en este momento porque le va mejor a los abogados que demandan al Estado, pero yo no hago eso.  END: Confía en el poder de decisión de  la Procuraduría  MCAZ: No sé lo que la Procuraduría vaya hacer y eso lo determinarán ellos en su saber y entender y en la medida que interpusimos el recurso de apelación considero que va muy bien sustentado. Pero así se ratifique la sanción en primera instancia me queda la vía jurisdiccional para demandar la decisión. Pero eso no implica que uno no pueda ejercer su profesión como abogado entonces me dedicaré como privado a lo que debo hacer. 
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