La denuncia del mandatario vincula a los subintendentes Frisnea, Caicedo y Ocampo, a quienes les fueron arrendadas tres grúas por parte de la propietaria del parqueadero de la calle 60 ubicado en la zona industrial del Papayo.

Según el mandatario, la propietaria del predio, Lucero Medina Urbano tiene un hijo, quien es miembro de la Policía. La mujer tiene seis grúas, de las cuales tres fueron arrendadas a los suboficiales, quienes a finales de diciembre traspasaron los vehículos a terceros.

Las grúas arrendadas, primeramente por los uniformados, registran a nombre de Ludy Bibiana Montaña, quien al parecer efectuó negocio con el subintendente Ocampo, Juan Carlos Bobadilla Botía (Subintendente Caicedo) y Serafín Garzón Ramírez (subintendente Frisnea). Los integrantes de la fuerza pública recibían entre dos y tres millones de pesos producto del subarriendo de los vehículos.

“Lo que hicieron entre enero y diciembre fue traspasar los vehículos a Ludy Bibiana Montaña, quien está relacionada con el subintendente Ocampo y Juan Carlos Bobadilla Botía, quien está vinculado con el subintendente Caicedo, o sea que tanto Ocampo como Caicedo trasladaron a Ludy Bibiana y a Juan Carlos el arriendo y a Serafín Garzón Ramírez con el subintendente Frisnea, todos pasándolos a un tercero. Entonces uno ya puede entender por qué tanto afán y se veía a la Policía detrás de las grúas en vez de estar solucionando los problemas de tránsito de la ciudad”, dijo Jaramillo.

De acuerdo con datos suministrados por el Alcalde, en la vigencia 2015 se efectuaron 13 mil 59 inmovilizaciones de automotores y tan solo ocho mil 159 comparendos cuando este indicador debe ser superior. El parqueadero de la zona industrial del Papayo -uno de los cinco autorizados por la Secretaría de Tránsito- registra el mayor número de vehículos inmovilizados para un total de mil 94.

Según Jaramillo, tanto el coronel Adolfo Mora y el coronel Óscar Octavio González (comandante de la Metib) tomaron medidas, trasladando a los suboficiales a otras áreas de la institución “pero desafortunadamente aquí no necesitamos traslados, necesitamos la destitución fulminante de unas personas que están dañando el nombre de la Policía Nacional”, puntualizó.

A revisión

El Municipio tiene un contrato con la Policía que asciende a cerca de mil millones y que incluye acciones y operativos para el control del tránsito. Según el Alcalde se debe entrar a revisar a la luz de estos hechos.

“Le pedí a la Secretaria de Tránsito (Maribel López) que no usáramos la grúas, solo en la necesidad imperiosa de los accidentes o cuando estuvieran trancando el tránsito, no fui escuchado y tampoco la doctora. Y por eso tenemos serias objeciones al contrato con la Policía: fuera de que le pagamos el 50 por ciento por ciertos comparendos el contrato vale mil 300 millones de pesos. Vamos a revisarlo porque personalmente no estoy muy satisfecho con la labor que están haciendo y lo que estamos pagando por ese servicio”, puntualizó el Alcalde.