Lo anterior, con base en la denuncia hecha por el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo en audiencia pública llevada a cabo en marzo en la Cámara de Comercio de Ibagué.

En ella cuestionó el contrato entregado al periodista Héctor Alberto Sánchez para la explotación comercial de los 48 paraderos y en la que el banco mobiliario de tierra pasó de recibir por concepto de arrendamiento 15 millones de pesos a tres millones 100 mil pesos.

“Ustedes han visto todos esos paraderos que hay y en los que se hizo mucha propaganda política; pues vean, anteriormente la Administración recibía 15 millones de pesos por sus arriendos y hasta se calcula que pueden llegar hasta los 50 millones de pesos bien arrendados, pero decidieron quitárselo al contratista y entregárselo a un famoso periodista de acá, que todos los días habla en contra mía, por tres millones de pesos”, dijo Jaramillo.

El contrato fue adjudicado el 31 de julio de 2015 por la entonces gerente de la Gestora Urbana, Piedad Lorena Velásquez, y el acta de inicio se firmó el 10 de agosto por el término de un año prorrogable. Sin embargo, el 15 de diciembre, a menos de dos semanas de terminar el periodo de gobierno, Velásquez prorrogó el contrato por el término de seis meses, con el objetivo de que el periodista lograra recuperar una inversión de 18 millones 600 mil pesos tras el daño sufrido de algunos mupis por aparentes actos vandálicos.

El documento advierte que durante la prórroga la Gestora Urbana no percibirá recursos por arriendo para que Sánchez recuperara su inversión.

El periodista advierte en su favor que el mismo fue suspendido y que el anterior contratista, Héctor Corrales, venía presentando aparentes incumplimientos en el contrato suscrito por el término de tres años.