De acuerdo con lo dicho por José Alberto Girón, gerente del Ibal, existe un estimado de 21 mil fraudes en la ciudad, algo que afecta la cartera.

Las conexiones de este tipo tienen varias consecuencias, la más obvia es que impacta en los ingresos de la empresa, ya que no se factura el agua que se suministra, ocasiona bajas presiones y genera descompensación en sectores de la ciudad.

Por ejemplo, el funcionario dijo que la semana anterior identificaron una conexión fraudulenta por un costo aproximado de 32 millones de pesos.

“Es un sector aledaño al barrio Galarza donde hay condiciones de subnormalidad a lo largo del río Combeima, son más de 200 mangueras que consumen agua de la red pública sin ningún control”.

Girón explicó que es un delito penal establecido en el 2009 como defraudación de fluidos.

“Nosotros ya estamos adelantando todas las acciones de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de sancionar a los infractores”, indicó.

Por esto, en primer lugar acuden al mecanismo de conciliación de común acuerdo con el usuario.

De esta manera quien haya violado la norma debe aceptar el delito, lo que conlleva el cobro de una multa y pago del consumo de los últimos cinco meses.

“Hemos llegado a esos acuerdos y en estos seis meses hemos recuperado casi 450 millones de pesos en solo fraudes, en cerca de 180 personas que han llegado a conciliar”, concluyó.

Para hoy está prevista una brigada especial en un barrio donde se han detectado más de 120 conexiones fraudulentas.